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Por:
Roberto Bustamante Vento
No sé si se acuerdan. Hace un año, había un candidato que
tenía su plan de gobierno bajo el brazo (luego nos enteramos que no lo había
leído, pero esa es otra historia). Entre las muchas cosas que se vio en ese
plan de gobierno había un acápite que hablaba de los medios. Su breve
diagnóstico decía:
“La transición democrática de 2001 no fue aprovechada por
los gobiernos de Paniagua y Toledo para revisar las concesiones de frecuencias
de transmisión a aquellos empresarios de la radio y televisión peruana que
convirtieron un servicio público en un servicio particular. […]En la
actualidad, los medios de comunicación están en propiedad de unas pocas manos
(incluso la propiedad de varios tipos de medios), lo que ha configurado un
cuasi oligopolio mediático que atenta contra el derecho de libertad de
expresión y el de una información adecuada para la población.” (La Gran
Transformación, Plan de gobierno 2011-2016, página 57)
El plan ponía el dedo en la llaga y planteaba la pronta
revisión de las licencias. Muchas de ellas obtenidas bajo nada transparentes
procesos (como fue el caso de América TV, Panamericana TV, el conglomerado
ATV-Global y RBC). En varios de esos casos la concesión fue parando de mano en
mano y de pueblo en pueblo; el pase de una concesión de una empresa a otra
podía ocurrir sin que el estado intervenga en lo absoluto. Digo, no debemos
olvidar que la señal televisiva usa el espectro radiomagnético que es de todos
los peruanos.
Tampoco hay que señalar que si esto ocurre en Lima, fuera
de la capital las cosas son mucho peores, donde proliferan las radios pirata
que simplemente se montan sobre el espectro sin mayor supervisión ni acción del
estado.
En fin. El partido que promovía una nueva ley de medios
llegó al gobierno y no solamente se olvidó de la idea de discutir qué hacer con
el espectro radiomagnético, sino que sacó al Instituto de Radio y Televisión
Peruana del Ministerio de Cultura (a donde había llegado) y lo volvió un medio
de difusión dirigido por la Presidencia del Consejo de Ministros. Cualquier
posibilidad de tener una televisión pública y con un consejo directivo
independiente y elegido por procesos como los del Banco Central de Reserva
quedan en nada hasta nuevo aviso.
Es decir, todo más de lo mismo.
Más allá de la antipatía que puede provocar que en esa
misma idea original estuviera dicho que había que tomar como referente el
proceso argentino, lo cierto es que muchos medios radiales y televisivos, tanto
de Lima como del interior, tienen licencias endebles, donde cualquier juez
podría dictaminar hoy quién es el dueño. Es lo que le viene pasando en estos
momentos al canal limeño 11 VHF, en manos del empresario Ricardo Belmont
Casinelli. En los noventa, la señal fue alquilada primero a una iglesia
evangelista y luego a una empresa arequipeña. Luego, es recuperado por Belmont
quien ha ido alquilando horas dentro del canal para poder sobrevivir. Así hasta
el día de hoy donde un juez arequipeño ha restituido el alquiler nuevamente a
la empresa arequipeña Austral. Por supuesto, en medio, hay siempre periodistas
que verán sus proyectos truncos. Lástima.
Y doble lástima porque seguimos en lo mismo desde hace
mucho. Mala institucionalidad en los medios de comunicación equivale a ser
presionados por el gobierno de turno. Eso también es igual a una prensa débil,
fácilmente manipulable o intercambiable. El paso a la televisión digital en
cierto modo va a significar un borrón y cuenta nueva, pero todo indica que se
apunta a un modelo donde lo público queda nuevamente fuera.
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