martes, 28 de febrero de 2017

Revelan panistas de Guerrero que recibieron amenazas de muerte tras denunciar a dirigente estatal de su partido


Rosario García Orozco/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., febrero 28 de 2017 (NOTYMAS).- Panistas guerrerenses denunciaron que han recibido amenazas de muerte, luego de que interpusieron una denuncia contra el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Antonio Maganda Villalba y su esposa la diputada federal, Guadalupe González Suástegui ante la Agencia del Ministerio Público por lesiones, amenazas, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública; por lo que los responsabilizan de lo que suceda a su persona o a sus bienes.

Irma Lilia Garzón Bernal, ex diputada local del PAN, declaró que el pasado 12 de febrero, fecha en que se llevó a cabo el Consejo Estatal del Blanquiazúl, varios consejeros sufrieron amenazas y golpes por parte de los "guaruras" del dirigente estatal y su esposa; por lo que hicieron las denuncias respectivas no solo en la agencia del MP sino también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Agregó que a raíz de esas denuncias judiciales, "Hemos recibido amenazas vía telefónica en las que nos gritan "Ya bájale, quita tu denuncia que presentaste o te vamos a matar", y agregó que a raíz de esa llamada por temor evita contestar llamadas provenientes de números que no tenga registrados.

Por su parte, Victoria Escuen Ávila, consejera nacional de Acción Nacional, aseguró que desde el viernes pasado ha recibido llamadas telefónicas en las que le exigen que retire la denuncia interpuesta contra el dirigente del PAN en Guerrero o se va a arrepentir, y dijo no creer que su temor sea para menos, puesto que ya tres ex militantes de Acción Nacional del estado han sido asesinados: José Bajos Valverde, Braulio Zaragoza y Guillermo Cisneros Chegüe, privado de la vida hace apenas dos años, quien por cierto era esposo de Escuen Ávila.

En tanto Guido Rentería militante del mismo partido, dijo que el jueves pasado recibió una llamada de un número privado, y sólo le dijeron "bájale de güevos, retira tu pinche demanda o te va a cargar la chingada".

Por lo anterior, los denunciantes adelantaron que pedirán a la Fiscalía General del Estado, solicite un juicio de procedencia al Congreso de la Unión para que la diputada federal Guadalupe González Suástegui sea desaforada, enfrente a la injusticia y responda por las imputaciones que le hacen sus compañeros de partido.


También solicitaron al gobierno estatal proporcione protección a los denunciantes ante el temor de que las amenazas que les han hecho sean cumplidas. (NOTYMAS).

Los mexicanos, no confían en ninguna Institución y ni en los partidos políticos: CDHG



Josefina Aguilar Pastor/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., febrero 28 de 2017 (NOTYMAS).- Los mexicanos, no confían en ningún tipo de institución, con excepción de las Universidades y el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que no creen que sus instituciones puedan ayudarlos a salir de sus condiciones en que viven ni contribuir en la recuperación de su paz social con justicia y dignidad, expuso la primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG), Violeta Parra Reynada.

Al participar como ponente en el “Foro Académico de Derechos Humanos y Acceso a los Derechos Sociales”, realizado en el marco de la conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917, la también ex fiscal especializada para la atención de los delitos electorales (Fepade), expuso, que en México se trabaja en una base social altamente acostumbrada al asistencialismo.

Pero también con algunos -afortunadamente cada vez menos-, funcionarios de gobierno que miran a los ciudadanos desde un pedestal, los ciudadanos viven entre la angustia, la irritación y la ira, porque apenas si sobreviven gracias a los programas que el gobierno ofrece pero no hay alternativas concretas, sólidas y estructuradas que paulatinamente les permita acceder a mejores condiciones de vida.

Hoy más que nunca indicó la visitadora, se hace evidente que se requiere esfuerzo y voluntad para construir una nueva forma de relacionarse con y entre los ciudadanos que permita reconstruir el tejido social pero sobre todo, permita recuperar la confianza en las instituciones, que a la vista de los resultados, sigue perdiéndose.

Parra Reynada refirió, que la empresa Mitofsky, en su encuesta nacional “México Opina”, en 2015, reveló que las universidades, la iglesia y el ejército, gozaban de un nivel de confianza alto, para octubre de 2016, solamente las universidades; en el nivel de confianza medio, se situaron la iglesia, el ejército, la CNDH, las estaciones de radio, los medios de comunicación, los secretarios, el INE y los bancos, en el rango más bajo de confianza, se ubicaron las cadenas de televisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Senadores, la Presidencia, la policía, los diputados, los sindicatos y los partidos políticos en último lugar.

Aún aquellas instituciones que se mantuvieron en sus posiciones en la tabla, todas excepto el INE, mostraron una tendencia a la baja en su credibilidad ante los ciudadanos, que va del 0.1 de los bancos, hasta el 0.6 de la presidencia, estos números subrayó, revelan una grave tendencia, “los mexicanos no creen que sus instituciones puedan ayudarlos a salir de sus condiciones en que viven ni contribuir en la recuperación de su paz social con justicia y dignidad”.

Al relacionar los derechos humanos que son inherentes a todos, sin distingo de  nacionalidad, lugar de residencia, sexos, color religión, lengua, y son necesarios para su supervivencia, desarrollo físico e intelectual, y la convivencia con otros seres humanos, con el esquema de descredito, refirió que en México no se enseña la materia de derechos humanos desde la educación básica.

Si acaso, en aquellas consideradas conexas, como derecho internacional, relaciones internacionales o ciencias políticas, no se les enseña derechos  humanos a los abogados, a los médicos, a los arquitectos, a los contadores. A pesar de que todas estas áreas están relacionadas porque tarde o temprano, todas y cada una de ellas van a diseñar, operar o ejecutar programas sociales.

Los derechos -económicos, sociales, culturales y ambientales-, y que se refieren al lugar de trabajo, la familia, número y esparciamiento de los hijos, la participación en  la vida cultural, el acceso a la vivienda,  la alimentación, el agua, la atención de la salud, la seguridad social y la educación, “aquí podemos ver que tan importante es la materia de derechos humanos se imparta en las universidades para que todos y todas estemos enterados que son los derechos humanos, ahora que sirven, como los podemos emplear para mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos”, subrayó.

Parra Reynada, juzgó que las dependencias han postergado la adopción de políticas sociales con un enfoque de derechos humanos, y siguen emprendiendo acciones que no consideran la desigualdad, la discriminación o la exclusión como actores determinantes de violaciones a los derechos humanos.

Agregó que organizaciones sociales no gubernamentales de la sociedad civil organizadas, han salido a las calles para obtener el acceso a los programas sociales, exigiendo que  dejen de usarse con fines clientelares y se distribuyan con equidad y justicia, ya que con derechos que constituyen el primer peldaño para acceder a un correcto nivel de vida, sin lujos, pero indispensable para el desarrollo integral de las familias.


La visitadora de la CDHG, afirmó que en este momento, las políticas publicas sustentadas en derechos humanos, se desconectan de su propósito inicial, por sus trámites lentos, complicados, o difíciles de entender para la mayoría de las personas y se alejan de su razón de ser, lo que provoca un rápido deterioro de la relación gobierno ciudadano. (NOTYMAS).

lunes, 20 de febrero de 2017

Podría AGE sancionar a Felicitas Muñiz por no entregar 2º informe financiero semestral y cuenta pública 2016



Josefina Aguilar Pastor/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., febrero de 2017 (NOTYMAS).- Aunado a las observaciones  del último trimestre del 2015, la Auditoría General del Estado (AGE), requirió a la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felicitas Muñiz Gómez entregue el segundo informe financiero semestral y cuenta pública 2016, tiene como plazo hasta el final del mes en curso, de lo contrario, podría hacerse acreedora a sanciones.

A través de un documento fechado el 7 del mes de febrero del año en curso, y firmado por el Auditor General del Estado, Alfonso Damián Peralta, le recuerdan a la alcaldesa, la obligación que tiene para entregar el segundo informe financiero semestral que comprende de los meses de Julio a Diciembre del año 2016, y la cuenta pública del ejercicio fiscal  2016.

Esto en cumplimiento de la ley 1028 de Fiscalización superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, también ha sido requerida, para que cumpla, con la obligación de presentar copia certificada de la póliza y contrato mercantil de fianza y fidelidad, expedida por la institución afianzadora legalmente autorizada para ello, en base al Acuerdo del Auditor General del Estado, en el que se establecen los criterios y montos  para el otorgamiento de fianzas de los servidores públicos de las entidades fiscalizables.

“A través del presente, le hago la atenta invitación a cumplir preferentemente antes de la fecha límite y con ello evitar posibles sanciones por incumplimiento a los plazos establecidos en los preceptos legales citados”, advierte el auditor en el escrito.

Esto en consideración de que la transparencia y la rendición de cuentas, son herramienta que permiten elevar el nivel de confianza de los ciudadanos y una necesidad para construir un gobierno más eficaz que logren mejores resultados, subraya el requerimiento.

La AGE, le da a conocer a la representante popular de Movimiento Ciudadano, en el municipio de Mártir de Cuilapan, que puede recurrir a la página de la dependencia, para consultar los lineamientos y criterios para la integración y presentación del informe financiero semestral y la cuenta pública, o en su caso también puede acudir, en sus oficinas que tiene en la capital del estado.

En los últimos meses, se han venido dando a conocer distintas supuestas irregularidades en el manejo de los recursos públicos por parte de Muñiz Gómez, esto denunciado por grupo de ciudadanos que desde mayo del año pasado, tomaron el ayuntamiento, debido a la falta de rendición de cuentas de la alcaldesa, y le han exigido, transparente la aplicación del presupuesto asignado al municipio.

Aprovechando que el tema se encuentra en boga, dichas exigencias de rendición de cuentas, han sido tomadas por activistas y por la misma Felicitas Muñiz, como violencia de género, incluso el mismo Trife, emitió una sentencia en la que señala que en tanto no le dejen ejercer el cargo, es víctima de esta práctica, sin tomar en cuenta, los argumentos esgrimidos por los inconformes, que solo han solicitado conocer la aplicación de los recursos públicos municipales, a lo que en todo momento se ha negado la edil.

Sin embargo, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, los ciudadanos de Mártir de Cuilapan, han podido conocer por ejemplo, el nepotismo que ejerce Felicitas Muñiz Gómez, al tener en nómina como trabajadores –algunos de ellos ni siquiera se presentan a trabajar, según han denunciado los inconformes-entre ellos, su hermana Yucundina Muñiz que se desempeñaba como asesora en seguridad pública, aunque el mismo síndico procurador Benito Sánchez Ayala, no la ha visto en el ayuntamiento, mucho menos se la presentaron, ya que debería de estar bajo sus órdenes.

Entre otros de los familiares de la alcaldesa que aparecen cobrando en nómina considerables sueldos, son sus sobrinos, Geovanny Muñiz Alquisiras, quien se desempeña como secretario particular, y Denisse Amairani Muñiz, directora de educación entre otros. (NOTYMAS).


Necesaria permanencia del ejército en las calles, considera comandante de la 9ª región militar



Juan José Romero/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., febrero de 2017 (NOTYMAS).- El comandante de la novena región militar, Javier Jiménez Mendoza, consideró necesario que el Ejército continúe en las calles para brindar seguridad a la población.

Entrevistado luego del evento por el 90 aniversario del Día del Ejército Mexicano, señaló por el momento los militares deben permanecer en las calles, y posteriormente una vez superado el problema de inseguridad, regresar a sus cuarteles a cumplir con sus obligaciones.

“La Sociedad lo reclama, la situación que vive el país y sobre todo aquí en el Estado de Guerrero, pero el país entero exige que las fuerzas armadas estemos en la calle”, indicó el jefe castrense.

De igual forma se le cuestionó acerca de la propuesta de Ley de Seguridad Interior la cual otorgaría facultades a las fuerzas armadas de estar en las calles haciendo labores de seguridad pública, Jiménez Mendoza señaló la necesidad de que el Ejército continúe en las calles el tiempo que sea necesario.

Al preguntarle sobre la complejidad del trabajo del Ejército en las diversas zonas, expresó que sería aventurado poder señalar qué zonas tienen mayor dificultad, cuando el Ejército dijo tiene presencia en prácticamente todo el estado.

“Estamos nosotros en un despliegue pensado para cumplir las obligaciones que nos corresponden, -¿cuantos militares hay desplegados?- Ahorita tenemos de manera permanente entre 3 mil y 5 mil elementos, permanentemente desplegados en el estado de Guerrero”, indicó.

Y aunque el comandante de la novena región militar no atribuyó al crimen organizado la presencia del Ejército, sino más bien a la problemática en términos generales relacionados con la inseguridad, aunque no es la única causa o factor, señaló porque lo mismo están en una escuela, en la costera, o en otro punto, “no podemos enfocarnos a una sola problemática”, enfatizó.

Dijo que en casos como San Miguel Totolapan en donde tienen un despliegue permanente, aunque no específicamente en esa demarcación, “estamos en el área y vamos a ponernos de acuerdo de la problemática específica que están planteando los profesores ver en qué forma se puede atender para darles solución y darles la garantía que ellos sienten que necesitan en este momento”, apuntó.

Puntualizó que el despliegue en esa zona no es para la detención de Reybel Jacobo de Almonte “El Tequilero”, ya que insistió que la presencia de las fuerzas armadas “tiene que ser discreta y contundente”, sostuvo.

Dijo que la presencia del Ejército en las calles dependerá de la celeridad o preparación de las corporaciones policiacas (incluidos los elementos policiacos), aunado a otros factores que influyen en la inseguridad, como iluminación en las calles ya que no solo se debe ver la solución al problema con más elementos o el uso de armamento.

Cuestionado sobre la preparación de los elementos que se habrán de encargar de operar los llamados C4s, Jiménez aseguró que “va por buen camino” ante la culminación del convenio de colaboración que celebraron con el gobierno del estado para que los elementos castrenses operaran estos centro de control y comando.

Aunque descartó que se pueda ampliar el convenio a fin de que se extienda el tiempo en que continúen operando los elementos del Ejército, “somos de la idea que quizá modificar en cuanto a efectivos pero no tal y como está ahorita”, expuso.

También se le preguntó de la pulverización de los grupos delincuenciales que constantemente ha señalado el vocero en materia de seguridad Roberto Álvarez, y en este sentido, el jefe castrense indicó que el número de muertes que se registran en la entidad se debe a la existencia de “grupúsculos” de delincuentes y que pelean entre ellos, que son los que originan los muertos en la entidad, insistió.


“Hay quien dice que hay más de 10, menos de 20, digamos que hay entre ese número, decir un número específico sería caer en polémicas…surgen temporalmente”, sostuvo. (NOTYMAS).

“Adela Román Ocampo, la peor presidenta en la historia de Acapulco”.

·           La gente de Acapulco se encuentra decepcionada por la alcaldesa. Baldemar   Gómez/NOTYMAS  Acapulco, Gro., diciem...