miércoles, 13 de noviembre de 2019

Que se investigue la probable corrupción en las casas del Nuevo Mirador, piden diputados

Citlalli Mendoza/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., noviembre 12 del 2019 (NOTYMAS).– Diputados de Morena pidieron se haga una investigación por los presuntos actos de corrupción y anomalías que existen en las casas del fraccionamiento Nuevo Mirador, viviendas que fueron construidas a afectados por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel hace seis años.

Sin embargo, el exhorto no fue considerado como un asunto de urgente y obvia resolución, toda vez que no se tuvo la votación suficiente y se turnó a la Comisión de Vivienda.

Los diputados Norma Otilia Hernández Martínez, Blanca Celene Armenta Piza, Nilsan Hilario Mendoza  y Luis Enrique Ríos Saucedo, recordaron que en julio de 2014, el entonces Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Carlos Ramírez Marín, dijo que se construirían mil 100 viviendas, para vecinos del fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo, que resultaron afectados por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en 2013, en el que habría canchas de futbol y baloncesto, mercado, terminal de autobuses, zonas recreativas y escuelas. 

Sin embargo, dictámenes de Protección Civil, expertos en mecánica de suelo de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Centro Nacional de Prevención de Desastres, “arrojaron en sus estudios, que los terrenos eran inestables, irregulares y no eran aptos para la construcción, lo que indica que la SEDATU, adquirió los terrenos sin contar con un estudio ambiental, además a un costo superior de su valor real; pues por tres hectáreas pagó más de 30 millones de pesos”.

Recordaron que cuando se entregaron las viviendas, ya eran visibles las cuarteaduras, debido a que la mayoría fueron construidas con estructuras prefabricadas, montadas unas sobre otras.

En su momento –indicaron- el Delegado de la SEDATU en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, explicó que de acuerdo a los lineamientos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), cada casa tuvo un costo de 190 mil pesos, 120 mil en construcción y 70 mil en la introducción de los servicios. 

Sin embargo “en este fraccionamiento se ha ido una millonada, pues en cuatro años se ha gastado más de 490 millones de pesos, sin que se pueda concluir, mucho de ese dinero se ha ocupado en reparaciones y en estabilizar el terreno”.

Criticaron que hasta el momento, sólo se han construido 598 viviendas en seis hectáreas, las cuales no cuentan con servicios básicos como agua potable y electricidad y 60 deben ser demolidas, pues están edificadas sobre terreno inestable, tan es así que ya presentan fracturas.

Asimismo se recordó que SEDATU otorgó contratos directos por un monto de 369 millones 34 mil pesos a cuatro empresas: Servicios en Concreto Maza, Jumens, Casa Flex e Inmobiliaria K (Morfeus). Todas están denunciadas ante la Fiscalía General de la República por responsabilidad penal. 

Agregaron que en su momento, el delegado de Sedatu en Guerrero, admitió que el programa “estrella” de la administración del presidente Enrique Peña Nieto quedaría inconcluso ante el cúmulo de problemas generados por el uso irregular de los recursos del Fonden “que beneficiaron a una red de funcionarios federales, políticos y empresarios del sector de la construcción que incumplieron los contratos”.

Además precisaron que Armenta Tello, señaló que en las 12 denuncias que presentó la SEDATU en contra de las empresas y en contra de quien resulte responsable se exigía la devolución de 94 millones de pesos.

Por ello, consideraron que se debe exigir una investigación exhaustiva de lo sucedido, dar una muestra de congruencia a lo que se defiende y promueve como lo es el combate a la corrupción y la cultura de la legalidad. (www.notymas.com)

Demandarán liberación de integrantes de la UPOEG detenidos por las autoridades, dicen Bruno Plácido y habitantes de Xaltianguis desplazados




Lourdes Cobos/NOTYMAS 
Acapulco, Gro., noviembre 13 del 2019 (NOTYMAS) .- Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), y habitantes de la comunidad de Xaltianguis, municipio de Acapulco, aseguraron que buscarán que los 10 detenidos por las autoridades el pasado lunes, sean liberados.

Plácido Valerio aseguró en conferencia de prensa, que la situación que prevalece en Xaltianguis “no es un pleito con “Los Dumbos” sino (sic) que se respete la seguridad”, y agregó que desde la mañana de este miércoles, 5 integrantes de su organización “no aparecen” tras de haber corrido a los cerros “para protegerse” ante la llegada de los elementos de los 3 niveles de gobierno a esa comunidad rural.

Uno de los habitantes de Xaltianguis que abandonaron el sitio luego de balaceras y enfrentamientos entre “Los Dumbos” y la UPOEG, Romualdo Flores Jiménez, aseguró que son 50 familias las desplazadas por la violencia que se ha presentado en la zona desde hace un año.

Llamó a los 3 órdenes de gobierno a que “le pongan atención a esta cuestión; ya estamos hartos y no hemos hecho ninguna situación que perjudique al gobierno, no hemos bloqueado, no hemos hecho nada”, pero urge a la intervención de las autoridades “a la voz de ya”.

Un dirigente del SNTE (así se identificó) que no quiso ser fotografiado o grabado y quien omitió su nombre porque “es al que más persiguen”, demandó la intervención de las autoridades en virtud de que en algunos domicilios de Xaltianguis hay bombas, según han sabido.

Destacó que se presentaron más de 25 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, pero no ha habido intervención de las autoridades, pese al compromiso del fiscal Jorge de los Santos Barrilla.

Aseguró que también se buscó el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “y tampoco vimos el apoyo”, e indicó que hay 15 maestros desplazados debido a que denunciaron que se les pedía una cuota de 200 pesos cada quincena a unos 450 mentores para dejarlos trabajar. (www.notymas.com