lunes, 26 de enero de 2015

Que los desalojarán De la plaza central De Chilpacingo, se Quejan cetegistas



Avigaí Silva/API
Chilpancingo, Gro.- La presencia de elementos de la policía federal y el arribo de militares a esta ciudad, podría ser para efectuar el desalojo de maestros en la plaza cívica "Primer Congreso de Anáhuac"; así lo alertaron miembros del movimiento magisterial, aliado en la lucha por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos. 

En conferencia de prensa realizada en la escuela primaria Vicente Guerrero de la cabecera municipal de Tixtla, la Comisión Política de la CETEG región Centro consideró que los mil 300 Policías Federales concentrados en la aeropista y los militares que arribaron el sábado a Chilpancingo, podrían traer una orden de reprimir la lucha social a través del desalojo.

Afirmaron que buscan hostigar al movimiento que inició a partir de los hechos violentos el pasado 26 y 27 de septiembre.

En el zócalo de Chilpancingo, un grupo de maestros y organizaciones mantienen un plantón desde el pasado 08 de octubre en apoyo a la escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa.

La profesora Antonia Morales Vélez, responsabilizó a los tres niveles de gobierno de cualquier agresión que se pudiera suscitar en contra de los integrantes que participan en el movimiento y en la lucha para exigir la presentación con vida de los normalistas desaparecidos.

“Rechazamos esa militarización que tenemos en el Estado, traen ellos toda una estructura como si fueran a la guerra, también decirle al gobierno federal y al gobierno estatal que no se equivoquen, que sabemos lo que ellos están planeando, que esas fuerzas mejor nos las manden para seguir buscando a nuestros 43 jóvenes”, externó la maestra.

Exigió además, la salida inmediata de las fuerzas federales y militares, pues consideró que lejos de enviarlos a Guerrero para contener las manifestaciones deberían coadyuvar en la búsqueda de los jóvenes.

Durante la conferencia también informaron sobre los resolutivos de la asamblea municipal del Movimiento Magisterial de Tixtla que se celebró el 14 de enero y en el que se acordó mantener el paro laboral en las 74 escuelas que participan en el movimiento y continuar con la toma del Ayuntamiento hasta encontrar a los estudiantes desaparecidos.

También se acordó que el magisterio de Tixtla se sumará y respaldará los acuerdos tomados en la Asamblea Nacional Popular (ANP), incluido el boicot de las elecciones “dado que ha quedado demostrado que el sistema de partidos políticos no ha dado respuesta a las necesidades de la población”, por lo que, en próximos días comenzarán las acciones para impedir el desarrollo del proceso electoral.


Asimismo, se acordó integrar un Consejo Popular o Ciudadano, tal y como se está haciendo en otros municipios con lo que se pretende buscar “una mejor forma de autogobierno para nuestro municipio”. (Agencia Periodística de Investigación)

Marchan familiares de policías detenidos por el caso Ayotzinapa en Iguala



Jonathan Cuevas/API
Iguala, Gro.- Policías municipales y familiares de los agentes detenidos por el caso Ayotzinapa, marcharon recientemente por las principales calles de la ciudad de Iguala, para exigir la liberación de 44 acusados de secuestro y delincuencia organizada por la PGR, afirmando que éstos han sido torturados y obligados a declararse culpables.

En la movilización también se exigió la salida de la Gendarmería y de la Policía Federal de la ciudad de iguala, bajo el argumento de que no están dando seguridad real a las familias de este municipio guerrerense.

Entre otras cosas, los policías municipales y las familias de los detenidos acusaron que la Procuraduría General de la República está cometiendo diversas irregularidades en el proceso de investigación en torno al caso Ayotzinapa, así como violando los derechos humanos de las personas detenidas.

Advirtieron al gobierno federal que no permitirán que se realicen más detenciones de los elementos de la corporación municipal, solicitando una investigación seria y responsable.

Y es que argumentaron que hasta el momento se han detenido a personas inocentes que no estaban laborando la noche del 26 de septiembre, cuando ocurrió la persecución y asesinato de estudiantes.

Por ello dijeron estar dispuestos a llegar a las últimas consecuencias integrados en un movimiento por la defensa de los derechos de los policías, donde además exigen la liberación de los 44 elementos detenidos.

También solicitaron que se investigue al Ejército Mexicano, la Policía Federal y la del Estado que, la noche del 26 de septiembre estaban resguardando la ciudad. A estas corporaciones les solicitaron una explicación del por qué no actuaron en defensa de las personas que estaban siendo atacadas, y en ese momento hacer frente y detener a los verdaderos culpables.

Aseguraron que el movimiento de Ayotzinapa está juzgando mal a los policías que han detenido, señalándolos como responsables a pesar de que muchos de ellos estaban francos o de vacaciones, aquella noche.

Pidieron a la vez que se investigue a los directivos y líderes del movimiento de Ayotzinapa, con la finalidad de que se aclare el por qué los jóvenes fueron enviados a la ciudad de iguala y permanecieron hasta la noche en una actividad de boteo.

Aunque no se atrevieron a garantizar que estuvieran limpios de culpa todos los elementos de la policía municipal que estuvieron bajo las órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca Velázquez; expresaron que muchos de los ahora detenidos son inocentes, y de ello afirmaron tener pruebas.

La marcha…

Los familiares de los elementos detenidos respaldados por policías a los que no se les han adjudicado responsabilidades por el caso Ayotzinapa; se concentraron en el monumento a la Patria Trigarante de Iguala.

De ahí partieron en una marcha sobre la avenida Bandera Nacional cruzando a un costado del Ayuntamiento y frente a la plaza cívica de las Tres Garantías.

Avanzaron hasta la avenida Juárez a la altura del museo a la bandera y, doblaron hacia la izquierda llegando al Centro Joyero. Ahí retornaron sobre la calle Aldama hasta llegar nuevamente al monumento de la Patria Trigarante.  

Todo el camino lanzaron consignas: “¡Fuera Ayotzinapa!, ¡Basta de detenciones!, ¡El policía, unido, jamás será vencido!, ¡Justicia!, ¡Fuera la Gendarmería!, ¡PGR, no más abusos!, ¡Ni un detenido más!”, entre otras. Participaron unas 200 personas vestidas de blanco.

En ese punto donde iniciaron y cerraron su movilización, ofrecieron una conferencia de prensa.

La señora Cecilia Cruz Mendoza relató que su esposo Agustín Cuevas Bello fue detenido el día 29 de diciembre luego de que había tomado completamente un curso en Tlaxcala.

“Regresó y estaba acudiendo a los pases de lista que le ordenaban. Ese 29 acudió al CICI al pase de lista y a las 3 o 4 de la tarde él ya estaba en la casa y llegaron hombres armados, se metieron a la planta alta preguntando por Agustín, entran a la recamara y se lo llevan con pistola en mano. Él se fue sin camisa ni zapatos”; relató la mujer.

Dijo que los policías que se lo llevaron no estaban uniformados ni presentaron identificación, por lo que la familia asumió que se trataba de un “levantón”.

Enseguida la fémina fue a reportar a la Policía Federal lo sucedido, pero más tarde se enteró de que la PGR había detenido a su marido.

“No es justo, no saben cómo derrotan a la familia”; se quejó doña Cecilia y, enseguida agregó que la noche del 26 de septiembre su esposo estuvo en casa, pues era su día de descaso.

Doña Petra Cruz Guzmán afirmó que a su esposo Marco Antonio Ramírez Urban, también se lo llevaron “arbitrariamente”. “Él no trabajó el 26 de septiembre, estaba descansando en la casa. El sábado se presentó normal a su turno pero lo agarraron y se lo llevaron de ahí”, expuso.

Las quejosas argumentaron que hay muchos casos en donde los hoy detenidos estaban francos o incluso de vacaciones, la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, cuando sucedieron los hechos.

Otra mujer de nombre María Iris Román Ramírez, explicó que su esposo Ubaldo Toral Vences, salió de vacaciones el 25 de septiembre y se presentó a laborar el 7 de octubre, por lo que no pudo haber participado en la matanza del 26 de septiembre.  

Sofía Ramírez Vallejo, hermana de una policía detenida afirmó que se han liberado ya de la PGR más de 50 órdenes de aprehensión en contra de policías de este municipio, sin embargo advirtió: “no vamos a permitir que se lleven más policías, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. 

Dijeron que el problema es que no se está investigando de forma real, sino que la Procuraduría de la República está haciendo pagar a “justos por pecadores”, puesto que varios de los detenidos son “inocentes”.

También alertaron que a causa de estas detenciones hay familiares enfermos de gravedad y, en algunos casos la autoridad federal ha negado tener en su poder a los elementos, aún cuando personal de la SEIDO se los llevó detenidos, por lo que temen que haya policías desaparecidos. 

Selena Morales es esposa de Urik Ernesto Castro Bautista a quien afirmó que se llevaron el día martes 20 de enero cerca de las 17:40 horas, sacándolo de su casa de forma violenta. A esta fecha dijo desconocer del paradero del policía.

“Se lo llevaron hombres armados, uno traía afuera su arma y yo intenté grabar pero me quitaron mi teléfono y se lo llevaron. A mi suegra la aventaron y a mi sobrino también. Mi hijo se espantó porque está chiquito”, denunció. 

Lexis Mayo Zúñiga, esposa de Gerardo Delgado Mota; aclaró que los policías y sus familiares buscan “justicia”, denunciando que la PGR les está negando información en torno a los motivos de las detenciones, así como de los avances de las investigaciones en donde están involucrados sus familiares. “Su único delito es ser policías de Iguala”; lamentó.

Sonia de Jesús Olea solicitó al gobierno federal que haga una investigación seria y no “para lavarse las manos”, puesto que pretenden culpar a toda la corporación de un hecho en el que al menos la mitad no pudo haber participado, porque estaban francos. (Agencia Periodística de Investigación)