lunes, 21 de septiembre de 2015

Gestionó el alcalde Luis Uruñuela reanudación del servicio de energía eléctrica para Capama


Acapulco, Gro., Lunes 21 de septiembre de 2015. El presidente municipal de Acapulco, Luis Uruñuela Fey, informó que este día se estaría reanudando el servicio de energía eléctrica en los equipos de bombeo de Capama, para abastecer el vital líquido en el municipio, una vez que personalmente gestionó ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la negociación de la deuda histórica que arrastra el órgano paramunicipal.

Al conceder una entrevista en la sala Papagayo la tarde de este lunes, después de inaugurar un curso de capacitación sobre el nuevo sistema de justicia penal para empleados municipales, Luis Uruñuela, precisó que como primera autoridad de Acapulco, intervino para negociar el adeudo de Capama con la CFE.
El presidente municipal, detalló que personalmente buscó la conciliación para presentar un pago parcial, el cual se realizó mediante un préstamo del Ayuntamiento a Capama, lo que permitirá reanudar en el transcurso de este día el servicio de energía eléctrica en los equipos del organismo operador del agua y reiniciar el bombeo del vital líquido en las colonias del puerto.   
“A la Comisión Federal de Electricidad se le debe, hemos hecho un abono importante y se han hecho gestiones para que se reanude el servicio, porque no podemos estar sin ese preciado líquido y todo parece indicar que en el transcurso de hoy se va a restablecer el abastecimiento del agua”, informó Uruñuela Fey.
El alcalde de Acapulco, subrayó que el adeudo histórico de la Capama con la Comisión Federal de Electricidad, es un asunto prioritario para la actual administración, lo que quedó demostrado con los abonos millonarios a la deuda que el órgano tiene y que viene arrastrando desde trienios pasados, interviniendo para renegociar los pagos y abonando parte de los mismos.
Sin embargo, detalló también que contingencias como las vividas tras el paso de los fenómenos “Ingrid” y “Manuel”, la difícil situación económica del país, que resulta en la falta de recaudación al municipio, entre otros factores; han contribuido al rezago en los pagos del servicio de energía eléctrica, derivando en problemas técnicos como el que se presentó hace unos días, pero que inmediatamente fue atendido por el municipio.
“Incluso se han hecho gestiones para resolver el problema de manera inmediata porque imagínese; Acapulco sin agua sería un desastre y eso no es lo deseable, hemos hecho el mejor esfuerzo, ayer domingo estuvimos todo el día con este tema”, concluyó diciendo en relación a esto.
La tarde de este lunes en la sala de Cabildo, el presidente municipal, Luis Uruñuela Fey, inauguró un curso de capacitación sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, el cual fue impartido a servidores públicos del Ayuntamiento, por la secretaria ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Penal en el Estado, Anacleta López Vega.
Como abogado de profesión, Luis Uruñuela se congratuló por la realización del curso, que permitirá actualizar los conocimientos de todas aquellas personas inmersas en las actividades del derecho, y que sin duda abonará a la justicia y la paz en Guerrero.
“Yo creo que esto nos va ayudar mucho para entender que es lo que se va a implementar y cómo debemos actuar los abogados y los que tengan de alguna forma que intervenir en estos actos. Muchas gracias y les deseo lo mejor y que además todo es en beneficio de la justicia, y más bien una paz con justicia que es un anhelo que tenemos los guerrerenses. Muchas gracias”, expresó el edil a la funcionaria estatal.
Finalmente, Anacleta López Vega, hizo entrega de un reconocimiento al alcalde Luis Uruñuela Fey, por su interés en la actualización sobre el nuevo sistema de justicia penal en Guerrero para los servidores públicos del Ayuntamiento que dirige.
En el evento estuvo presente el secretario general del Ayuntamiento, Gabriel Ortiz Salgado.

Perredistas piden que se entreguen los que apoyaron a José Luis Abarca


Ciudad de México, septiembre del 2015 (Síntesis de Guerrero).- El Congreso Nacional del PRD avaló un resolutivo sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en el que, sin decir nombres y de manera muy general, aprobó llamar a cuentas a los dirigentes del partido que fuero responsables de haber promovido la candidatura de José Luis Abarca a la presidencia municipal de Iguala y su afiliación al Sol Azteca y no consideraron su fama pública.
En Guerrero es sabido que quien logró llevar al PRD a José Luis Abarca fue el ex perredista Lázaro Mazón y es simpatizante del partido Movimiento de Regeneración Nacional.
Por unanimidad los congresistas aprobaron que quienes estuvieron involucrados en su candidatura se pongan a disposición de la autoridad para los deslindes correspondientes, pero no dieron nombres ni mencionaron al grupo de “Los Chuchos”, entre los que pudiera estar tambien el actual diputado local Sebastian de la Rosa Pelaez, quienes fueron los artífices directos de la candidatura de Abarca.
En este resolutivo también se avaló una adición para exigir juicio político en contra del ex titular de la PGR, Jesús Murillo así como la detencion del presidente municipal de Cocula militante del PRI César Peñaloza.
Al dar lectura al resolutivo la senadora Angélica de la Peña dijo que también exigirán al gobierno de Enrique Peña Nieto reabra el caso relacionado con los hechos para que se conozca la verdad de los acontecimientos, se busque y localice a los estudiantes desaparecidos y se finquen responsabilidades penales de los autores materiales e intelectuales.

En este resolutivo los perredistas se pronunciaron por exigir la creación de una Fiscalía Especial para investigar estos hechos encabezada por una figura independiente y que pueda nombrar a su equipo y cuyo nombramiento sea aprobado por los padres de los normalistas y las organizaciones civiles que han acompañado el proceso.

Paran labores más de 10 mil trabajadores del gobierno de Guerrero, exigen pago de bono sexenal


 Luis Jijón León/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., septiembre del 2015. Más de 10 mil trabajadores del gobierno del Estado, basificados y de confianza, iniciaron un paro de labores indefinido este lunes por la mañana, para exigir a las autoridades el pago del bono de final de sexenio, el cual asciende a cinco mil pesos por cada empleado en promedio.

El paro de labores inició desde la 07:00 horas, en todo el Estado y en todas las dependencias del gobierno estatal. En la capital los trabajadores tomaron los edificios públicos y bloquearon avenidas y calles del primer cuadro de la ciudad, para exigir el pago del bono que cada fin de administración se les otorga.

El Palacio de Gobierno, fue tomado por al alrededor de 300 empleados desde las siete de la mañana, al igual que el edificio Vicente Guerrero, donde los trabajadores bloquearon la avenida Benito Juárez; mientras que en el inmueble Juan N. Álvarez, que guarda las oficinas de la Secretaría de Finanzas.

Al igual que el Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales (IUCPS), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto del Deporte de Guerrero (INDEG) y todas las oficinas que dependen del gobierno del Estado, fueron cerradas por estas personas.

Adolfo Calderón Nava, secretario del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), manifestó que el paro de labores indefinido, lo iniciaron para exigirles a las autoridades el pago del bono de fin de administración.

Manifestó que son cinco mil trabajadores de base los que exigen el pago, pero a ellos se les han sumado  empleados de confianza y supernumerarios, a quienes al final de cada administración del gobernador en turno, les hacen entrega de un bono.

Expresó que dicha solicitud del pago del bono, fue enviada en una minuta el 26 y 27 de agosto, donde se acordó que se haría una mesa de trabajo para analizar el pago a los empleados y la administración ya está por concluir y hasta el momento no han iniciado dichas negociaciones.

Indicó que se solicitara que sea de cinco mil pesos el pago que se le dé a cada uno de los más de 10 mil empleados, pero en la mesa de “negociación se ajustará” el momento que habrá de pagarse.

Calderón Nava, expresó que no se retirarían de los edificios públicos ni levantarían el paro de indefinido, hasta que las autoridades les aseguren el pago de este apoyo.  

No habrá tolerancia para quienes “vandalizaron” en la fiscalía: Godínez Muñoz



Luis Jijón León/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., septiembre 21 del 2015 (NOTYMAS).- Tras la irrupción violenta de los normalistas de Ayotzinapa en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Godínez Muñoz, titular de dicha dependencia anunció que, "no habrá tolerancia a quienes se escuden en demandas para vandalizar” ya se ha dado inicio a las averiguaciones previas.

Godínez Muñoz, en conferencia de prensa en las instalaciones de la FGE, manifestó que tras la irrupción de los normalistas se extraviaron documentos de las averiguaciones que lleva a cargo la dependencia, por lo que se inició la averiguación previa DGCAP/02/53/2015,  en contra de quienes resulten responsables por los daños y perjuicios provocados a las instalaciones  centrales ubicadas en la capital de Guerrero.

Detalló que las aéreas afectadas fueron: atención ciudadana, recursos materiales, recursos humanos, la administración general, derechos humanos, control de procesos, averiguaciones previas, entre otras que integran las diferentes Vice Fiscalías.

Sostuvo que aún se están cuantificando los daños provocados y enfatizó que estos acontecimientos no quedaran impunes, "no habrá tolerancia a quienes se escuden en demandas para vandalizar”, advirtió.

Indicó que dichos actos de los normalistas, no llevaran al esclarecimiento de la desaparición de los normalistas, sino todo lo contrario “genera impunidad” y manifestó que la fiscalía no tiene recursos para operar y “que todavía nos vengan a robar computadoras, muebles entre otras cosas más, nos retrasa”, dijo.

Irrumpen con violencia normalistas de Ayotzinapa en la Fiscalía de Guerrero y destruyen las oficinas



Luis Jijón León/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., septiembre 21 del 2015 (NOTYMAS).-Alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, irrumpieron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde destruyeron las oficinas, vehículos y prendieron fuego a una caseta de vigilancia.

Posteriormente se trasladaron al punto conocido como Tierras Prietas al norte de la ciudad y se posicionaron sobre el carril sur-norte del boulevard Vicente Guerrero, donde solicitaron cooperación a los automovilistas y se apoderaron de dos unidades.

Las manifestaciones se dan el marco del primer año de la muerte de tres estudiantes y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 en Iguala.

Luego de que fueran atacados por elementos de la policía municipal y tras interceptar y apoderarse de un autobús con droga, según los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes investigan el caso.

Los hechos de protestas se realizaron este lunes, alrededor de los 10 de la mañana, cuando un grupo de normalistas y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, llegaron a bordo de siete autobuses, sobre la lateral del boulevard Vicente Guerrero a la  FGE.

Al momento de su arribó los trabajadores de la FGE, se encontraban a fuera del inmueble, realizando una manifestación para exigir el pago de un bono que se les entrega al final de cada administración.

Los normalistas, cubiertos del rostro y armados con palos, piedras, tubo e incluso cadenas, irrumpieron en el lugar derribando una de las puertas de acceso, para luego introducirse de manera violenta al inmueble, donde arremetieron con todo lo que se encontraron a su paso.

Los estudiantes, recorrieron las oficinas, de los tres pisos del inmueble, donde con piedras, tubos y palos arremetieron contra las instalaciones, destruyendo las ventanas, equipo de computo, papelería, impresoras, fotocopiadoras, sillas, escritorios, ventas y paredes de vidrio que se dividen las oficinas y áreas; al igual que las cámaras de vídeo vigilancia que se encontraban en el lugar.

Desde afuera, un grupo de jóvenes cubiertos del rostro y con resorteras, arremetían contra las ventanas que dan al estacionamiento del inmueble. En el lugar los jóvenes arremetieron contra dos automóviles que se encontraban en el lugar, a los cuales les rompieron los vidrios y escribieron la leyenda, “nos faltan 43 Ayotzinapa”.

Asimismo pegaron fotografías en las paredes de los 43 normalistas desaparecidos, mientras que un grupo de padres exigían que fueran regresados con vida, a casi un año de su desaparición.

Luego de permanecer en el lugar por alrededor de 30 minutos, el contingente de alrededor de 300 personas,  se retiró del lugar, no sin antes prenderle fuego a una caseta de vigilancia, donde encendieron equipo de papelería.

Los hechos se registraron ante el asombro de los trabajadores y los comerciantes del lugar, quienes decidieron cerrar sus locales, ante el temor de que se generara un enfrentamiento entre elementos policíacos y los manifestantes.

Tras retirarse del lugar, los normalistas y padres de familia, se trasladaron al boulevard Vicente Guerrero en el punto conocido como Tierras Prietas al norte de la ciudad, donde realizaron un recolecta entre los automovilistas, donde los padres con los retratos de sus hijos desaparecidos, solicitaban una cooperación voluntaria.

En el lugar, un grupo de jóvenes se apoderaron de una camioneta propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que pasaba por el lugar, al igual que de una unidad propiedad de una tienda departamental; en ambos casos los chóferes fueron bajados y dejados en la zona.

En ninguno de los dos actos, hubo presencia de elementos antimotines, pese a la advertencia que hiciera el gobernador Rogelio Ortega en el sentido de que la tolerancia a disturbios en su administración había terminado.
(NOTYMAS)


Asegura Rogelio Ortega que en la liberación de “presos políticos” se respeto el proceso


Rosario García Orozco/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., septiembre 21 del 2015 (NOTYMAS).- A pesar de ser cuestionado el gobernador Rogelio Ortega Martínez por la liberación anticipada de varios "presos políticos" el pasado 15 de septiembre, éste insistió en que hubo respeto al debido proceso por parte del poder judicial y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

El mandatario estatal explicó que no solo fue una decisión del ejecutivo, sino que se tomó de manera coordinada con los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, aunque de manera extraoficial se sabe que no fueron tomadas en cuenta las opiniones de los magistrados, y no se consideró la protección a las víctimas.

En ese sentido, cabe destacar que entre los liberados se encuentran Tomas de Jesús Barranco, sentenciado a 40 años de presión por homicidio calificado y terrorismo; Raúl Manzanarez Navarrete, también por homicidio calificado y con una condena de 31 años; por el mismo delito además de lesiones, Francisco Cristino Crescencio con 30 años de pena; al igual que José Antonio Morales Nicolás quien purgaba una condena de 35 años de prisión.

Una mujer fue beneficiaria de la preliberación y se trata de María Elena Mesino Parra, condenada a 40 años por los delitos de secuestro, homicidio calificado y contra las normas de inhumación y exhumación; otro beneficiado fue Ismael Padilla Nava quien enfrentaba cargos de secuestro y estaba condenado a 34 años de cárcel, y Miguel Espinoza Catalán preso por homicidio y con 27 años de prisión, entre otros.

En una entrevista al respecto, la presidenta de la comisión de gobierno del Congreso de Guerrero, Flor Añorve, consideró que con las decisiones del ejecutivo estatal se pudo haber violado el derecho de las víctimas, toda vez que entre los beneficiados con la libertad anticipada se encuentran un hombre y una mujer acusados de secuestro.

Agregó que con las preliberaciones el gobernador Rogelio Ortega “sufrirá las consecuencias si no está de manera legal ejerciendo esta facultad”, además de que habían sido encarcelados por delitos graves y no tenían derecho a ningún beneficio.

Dijo también que el gobernador de Guerrero podría ser objeto de responsabilidad oficial, y pudo haber atentado contra el derecho de las víctimas.

Con anterioridad el mandatario estatal había enviado al Congreso la iniciativa de Ley de Amnistía, pero los legisladores que recientemente salieron no apoyaron esa iniciativa por considerar que estaba plagada de ambigüedades y no se consideraba protección a los víctimas.


En los pasillos del Congreso local hay quienes dicen que el gobernador Rogelio Ortega determinó liberar a los presuntos presos políticos o de conciencia, al no prosperar la iniciativa de Ley de Amnistía que envió a la anterior legislatura. (NOTYMAS)

El Congreso no tiene injerencia en la entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos: Flor Añorve


Josefina Aguilar Pastor/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., septiembre 21 del 2015 (NOTYMAS).- El Congreso de Estado, no tiene injerencia en la vigilancia del cumplimiento del decreto emitido en su momento por el Ejecutivo Estatal por el que se determinó como obligatoria la entrega de útiles y uniformes escolares, afirmó la Presidenta de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo Flor Añorve Ocampo, quien dijo desconocer tal disposición.
El 6 de marzo del presente año, en el periódico oficial del Gobierno del Estado, se publicó la ley 699, por la que se establece el derecho al acceso de útiles escolares, zapatos y uniformes gratuitos, para las niñas y los niños de los niveles de preescolar, primaria y secundaria del Estado de Guerrero.
Dentro de los compromisos de campaña del entonces gobernador Angel Aguirre Rivero,  estableció la entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos a los estudiantes del nivel primaria de los 81 municipios que integran la Entidad, pero ello únicamente previsto como un programa denominado Programa Guerrero Cumple Uniformando y Útiles Escolares, por lo que con la finalidad de apoyar a las familias Guerrerenses y a efecto de combatir los altos índices de deserción escolar por la falta de recursos económicos que permitiera a las familias realizar la compra de uniformes y útiles escolares, con fecha 23 de diciembre de 2011, la LIX Legislatura del Congreso del Estado mediante Decreto 836 por el que se publican, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Guerrero Número 158.
La adición de un tercer párrafo a la fracción XIV del artículo 33 de la Ley de Educación del Estado de Guerrero Numero 158, la cual refiere que a fin de contribuir a la disminución de las brechas de desigualdad e inequidad social en el acceso a los servicios de educación básica, el Estado a través de la Secretaría de Educación Guerrero, entregará al inicio de cada ciclo escolar, uniformes y útiles escolares conforme a las listas oficiales, en forma gratuita y universal, a todos los alumnos y alumnas regularmente inscritos en el nivel de primaria, este apoyo será otorgado mediante un programa especial administrado y operado por la Secretaria de Educación Guerrero, previo al presupuesto aprobado para cada ejercicio fiscal.
Sin embargo, al principio del presente ciclo escolar y a pesar de que se supone existe un presupuesto asignado para ello, hasta hace algunas semanas dichos uniformes y útiles escolares no se habrían entregado en tiempo y forma como lo señala la ley 699.
Al respecto, la Presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, dijo que los compromisos que haya hecho el gobierno del Estado, “yo desconozco esta situación, de manera oficial yo no tengo la información de que hayan hecho ese compromiso, yo no podría abordar el tema porque finalmente no es competencia del Congreso”, recalcó.

A pesar de que habría un presupuesto etiquetado para el rubro de la entrega de uniformes y útiles escolares, la diputada local, agregó que el asunto de los presupuestos, atañe al Congreso en la medida que el órgano fiscalizador del Poder Legislativo–la Auditoria General del Estado (AGE)-, realice la operación de  verificación de la aplicación de todo ese presupuesto  a los rubros que lo manejaron “Si esta en ese presupuesto, deberán hacer cumplimiento y si no, ellos sufrirán las consecuencias de no hacerlo”, afirmó. (NOTYMAS)