Acapulco, Gro., 3 de diciembre del 2013. El gobierno del estado, a través de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Guerrero, ratifica su compromiso para promover un sistema de justicia
claro, eficaz y regido en todo momento por los ordenamientos institucionales,
fundamentadas en la ley y con pleno respeto a los derechos humanos.
En conferencia de prensa, el procurador general de Justicia del estado, Iñaky Blanco Cabrera, y el vocero estatal, José Villanueva Manzanarez, señalaron que todas las acciones del gobierno están basadas en la ley, como obligación fundamental para garantizar el estado de dferecho, promoviendo el apego y seguimiento de los ordenamientos constitucionales.
En este sentido, el vocero estatal dijo que el gobierno de Ángel Aguirre no criminaliza ni persigue la lucha social, sino por el contrario, alienta y apoya a quienes la siguen con propósitos de desarrollos y de buscar el bien común para sus comunidades.
“Hay quienes bajo el pretexto de salvaguardar la integridad de comunidades, se unen como Policías Comunitarias, portan armas y algunas veces prohibidas por la ley, sin registrarse ni portar credencial que se les ha pedido, y muchas veces buscando la confrontación con las autoridades legalmente constituidas.
Aquéllos que bajo el pretexto de una supuesta lucha social han violentado la ley, el derecho de los demás, recibirán invariablemente la aplicación estricta de la ley”, dijo.
Enseguida, Iñaky Blanco informó que en el caso de la detención de Arturo Campos Herrera, luego de haber recibido las diversas denuncias interpuestas por familiares de personas que fueron víctimas de secuestro, se dio paso a las investigaciones correspondientes.
Posteriormente que se tuvo toda la evidencia para acreditar la probable responsabilidad de los indiciados, se procedió al cumplimiento de la orden de aprehensión correspondiente.
Especificó que el indiciado se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Acapulco, en donde ya rindió su declaración preparatoria; en este sentido, señaló que en todo momento la autoridad tiene el compromiso ineludible y responsabilidad legal de salvaguardar a las víctimas del delito que han sufrido algún tipo de daño o menoscabo de sus derechos fundamentales.
Por otra parte, en el caso del homicidio de Juventina Villa Mojica, hechos ocurridos en noviembre de 2012 en Coyuca de Catalán, presentó los retratos hablados de Marcelo Benítez Núñez alias “El Mayco”, Tereso Días Núñez y Daniel Benítez Villa, como presuntos responsables de cometer este delito.
El procurador guerrerense señaló que esto se logró gracias al trabajo coordinado y a las diversas investigaciones emprendidas por la institución a su cargo. Exhortó a la ciudadanía a contribuir con las autoridades para dar con el paradero de los presuntos culpables al correo electrónicoatencionciudadana@pgjeguerrero.gob.mx o el número gratuito 01800 832 7692
Señaló también que otro de los implicados, de nombre Homero Gallegos García, perdió la vida el pasado mes de junio en un enfrentamiento relacionado con la delincuencia organizada.
Agregó que la procuraduría a su cargo mantiene el compromiso de continuar de manera eficaz con los trabajos para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión correspondientes.
Por último se refirió al caso de las declaraciones de Nicolás Mendoza Villa, quien ante el notario número 47 del Distrito Federal, ofreció su versión de los hechos en relación al homicidio de sus compañeros Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román, quienes fueron asesinados en Iguala.
Blanco Cabrera dijo que la testimonial que ofreció “únicamente tiene valor probatorio pleno cuando es rendida ante el Ministerio Público, así como cuando a juicio del órgano jurisdiccional y como resultado de su adminiculación con otras evidencias que obren en autos, conlleve a la verdad histórica y genere convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados”.
Exhortó a aquellas personas que tengan información significativa al respecto, rindan su testimonio ante las autoridades correspondientes, para poder realizar las indagaciones pertinentes y ejercer acción penal en contra quien resulte responsable.
Y reiteró "el compromiso del gobierno del estado de Guerrero y de esta Procuraduría general de Justicia, de que no hay ni habrá espacio para la impunidad, sin importar condición social o política, haciendo prevalecer en todo momento el estado de derecho”.
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