Aprueba Congreso Ley contra la Tortura

Juan José Romero/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., enero 15 del 2014 (NOTYMAS).– Hasta doce años de cárcel se impondrán a los servidores públicos en Guerrero que cometan, instiguen o autoricen a otros a torturar a una persona para obtener información o alguna confesión.

Este martes, por unanimidad, las y los diputados locales aprobaron una ley para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de tortura en la entidad, dando con ello respuesta a una añeja demanda de grupos civiles.

Por ser la tortura uno de los actos más reprobables que han atentado y atentan contra la integridad y la dignidad de las personas, los diputados locales aprobaron, en dos sesiones ordinarias, el dictamen que emitieron al Pleno las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, derivada de la iniciativa que presentó al Congreso el Ejecutivo estatal.

La nueva ley se establece que se impondrán de cuatro a 12 años de prisión, de 200 a 500 días de multa, así como la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo para los servidores públicos  que instiguen o autoricen a otro a cometer tortura contra una persona para obtener información o confesión.

Además, se señala que ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura o tratos crueles, degradantes e inhumanos podrá invocarse como prueba  y no tendrá valor probatorio ante una autoridad policiaca, ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del traductor.

También se especifica que el responsable de la comisión de alguno de los delitos que se señalan en la Ley deberá cubrir a la víctima de tortura los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, que se hayan erogado como consecuencia de ésta, y estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos.

En el dictamen se destaca que la tortura constituye una violación grave a los derechos humanos porque se considera como ofensa a la dignidad humana de las personas.

En ese sentido, en cumplimiento a la Convención contra la Tortura y Otras Tratos o Penas Crueles, y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nadie debe ser sometido a está practica ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que abatir su ocurrencia se convierte en uno de los mayores desafíos del Estado.

Una de las novedades de este nuevo ordenamiento es la creación de un Comité Técnico de Análisis y Evaluación, como instancia técnica de examen y seguimiento de los casos de tortura y estará integrado por los presidentes de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, y de las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia e  Instructora del Congreso local, así como del Tribunal Superior de Justicia, entre otros. (NOTYMAS)