(Reportaje)
¿Quién
despilfarra más, los estados o la Federación? Ante la falta de transparencia en
el gasto público de entidades, municipios y del gobierno federal en detrimento
de los bolsillos de los mexicanos, las cifras se robustecen, motivadas por los
tiempos electorales
Por Isela Serrano y Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo (*)
México, D. F., febrero de 2012. En sólo once años, la deuda de
los 32 estados de la República mexicana aumentó 200 por ciento. Pasó de 100 mil
millones de pesos, en el año 2000, a 390 mil millones en 2011. Lo anterior
representa un incremento anual de 24 por ciento, de acuerdo con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el reporte de la deuda estatal del año pasado, la dependencia
federal detalló que el monto de las obligaciones financieras que contrajeron las
entidades equivale a casi 80 por ciento de sus ingresos; en casos como el
estado de Coahuila, gobernado por los hermanos Moreira, la situación fue
crítica ya que la deuda se elevó en 304 por ciento. Eso significa que la
entidad gobernada por el PRI adquirió una deuda que equivale a tres veces más a
los ingresos que recibió de la Federación durante 2011.
Las entidades que rebasaron al 100 por ciento sus
participaciones federales fueron Quintana Roo, que alcanzó una deuda superior
al 204 por ciento de sus ingresos; seguidos de Nuevo León, con 116 por ciento;
Chihuahua con 118 por ciento y Nayarit con 112 por ciento. Michoacán, Sonora,
Distrito Federal y Veracruz se ubicaron en el filo del 100 por ciento de deuda
como proporción de sus ingresos.
En 2011, el mayor incremento de empréstitos comprometidos fue
para Zacatecas, donde el endeudamiento creció 443 por ciento con respecto al
2010.
La Secretaría de Hacienda advierte que pese a que este aumento
no representa un riesgo para el país; estados como Zacatecas, gobernado por el
priísta Miguel Alonso Reyes, carecen de capital para pagar a sus proveedores,
incluso adolecen de presupuesto para liquidar la segunda parte del aguinaldo de
su personal.
En el reporte de la SHCP, los estados más endeudados son el Distrito
Federal, con 56 mil 232 millones de pesos; seguido por Nuevo León, con 38 mil
590 millones de pesos y el estado de México, con 38 mil 195 millones de pesos.
Después se ubicó Coahuila, con 36 mil 509 millones de pesos;
Veracruz, con 27 mil 938 millones de pesos y Jalisco, con 24 mil 309 millones
de pesos.
¿Qué hacer con los sobreendeudados?
En entrevista con este semanario, el gobernador de Durango, el
priista Jorge Herrera considera que ante este panorama se requiere emprender
“una gran reforma fiscal y hacendaria que implicaría un cambio en la ley
fiscal”.
“Tenemos que hacer un cambio a fondo para poder hablar de esta
situación, de otra forma no se estaría concretando nada en la materia de
rendición de cuentas y topes de gasto de los estados. Esta reforma urge”,
manifiesta.
Al respecto, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, se
pronuncia por transparentar los recursos de la Federación a fin de agotar el
debate sobre los topes de endeudamiento en los estados.
Cuestionado por las declaraciones del gobierno federal de que
los estados son “gastalones”, indica: “ese discurso sólo confronta. Las
instituciones están hechas para resolver, no para enfrentar. Si hay actos
concretos, que se ventilen. Si el problema fuera en un punto, seguramente ya lo
hubiéramos resuelto todo. Cada quien tenemos que enfrentar en el ámbito de
responsabilidad lo que nos toca y en Chihuahua lo estamos haciendo”.
Y es que, mientras el gobierno federal denuncia el
sobreendeudamiento de las entidades, el Partido Revolucionario Institucional
responde que la presión a las finanzas del país no radica en la deuda de los
estados, sino en el excesivo gasto del gobierno federal.
El año pasado, por ejemplo, el entonces presidente nacional del
PRI, Humberto Moreira, quien se encuentra en el ojo del huracán por la deuda
que contrajo su entidad en tiempos de su administración, aseguraba que la deuda
de los estados representaba sólo 0.72 por ciento de la deuda federal y 1.2 por
ciento del presupuesto que se ejerce cada año.
Insistía en que, de acuerdo con cifras oficiales, de 2006 a 2010
aumentó el gasto corriente del gobierno federal por un monto de 307 mil
millones de pesos. Además, los dirigentes priístas argumentaron que aun cuando
disminuyen los recursos para estados, se les confiere a éstos mayores
responsabilidades.
Moreira sostenía que existía una deuda del gobierno federal por
5 billones de pesos.
El tricolor asegura que la deuda de los estados correspondía a
1.2 por ciento del Presupuesto anual de la Federación; además, aseveraba el
tricolor, desde 2006 aumentó el gasto corriente del gobierno federal en
términos reales de 30 por ciento.
Gastos “faraónicos”
En la danza de los millones que zapatean alcaldes, gobernadores
y la Federación, la ciudadanía baila descalza.
El aspirante presidencial de la izquierda en México, Andrés
Manuel López Obrador, ha calificado de faraónico el gasto del gobierno federal.
“El presupuesto nacional es de 3 billones 500 mil millones, eso prueba que no
vivimos en un país verdaderamente democrático. La mayoría del país no sabe de
cuánto es el presupuesto nacional, si viviéramos en un país democrático lo
sabríamos”.
A principios de año, la precandidata a la Presidencia de la
República por el PAN, Josefina Vázquez Mota, manifestó la necesidad de crear iniciativas
que vigilaran el manejo de los recursos y el endeudamiento de los estados, toda
vez que “los malos gobiernos endeudan a los propios ciudadanos y sus destinos”.
Su postura: "mientras no tengamos un marco legislativo
mucho más sólido, lo que estamos generando es una preocupación genuina con
niveles de endeudamiento en donde no se sabe quién hará el compromiso de
pagarlos".
Hasta el momento, Enrique Peña Nieto no se ha pronunciado al
respecto, aunque el diputado de Acción Nacional, Carlos Madrazo Limón, ha
insistido que la deuda pública del gobierno del estado y municipios que dejó el
ex gobernador mexiquense, asciende a 75 mil 382 millones 621.9 pesos.
Son tiempos electorales, de descalificación, exhibición y
derroche. Por el momento, el reproche presidencial ante la poca transparencia
de los gobernadores no ha cesado.
En su visita a Quintana Roo el 12 de enero, el presidente Felipe
Calderón prometió una indagatoria sobre el paradero de los recursos federales
que se destinan a los programas sociales en la entidad, luego de ser increpado
por una pobladora de Felipe Carrillo Puerto que le recriminó los malos manejos
en el Seguro Popular.
Entre más se acerca el proceso electoral, más es la atención del
gobierno federal sobre el destino que hacen los gobiernos de los estados a los
recursos de los programas sociales. Con anterioridad había lanzado
señalamientos a Hidalgo y Puebla, para que los programas sociales como el
Seguro Popular, Oportunidades y Procampo se utilicen con “absoluta transparencia
y sin fines políticos”.
El pasado 18 de enero, el presidente recalcó al gobernador del
estado de México, Eruviel Ávila cuando anunció la ampliación del Programa 70 y
más a las ciudades. En aquel evento en Naucalpan, aseguró: “estaré muy atento a
que este apoyo se dé sin ningún tipo de sesgo o de manipulación política
partidista, de ningún partido político (sic)”.
La guerra de descalificaciones y señalamientos apenas comienza.
Las deudas seguirán acumulando dígitos, los gastos continuarán siendo onerosos
y ofensivos para un país en vías de desarrollo. Porque los gobiernos locales,
estatales y federales, continuarán despilfarrando, incluso en medio de la
crisis económica, mientras no se transparente a cabalidad el gasto público y se
imponga un freno al apetito voraz de la impunidad.
ÁTICO: Gobiernos locales, estatales y federales
continuarán despilfarrando, incluso en medio de la crisis económica, mientras
no se transparente a cabalidad el gasto público y se imponga un freno al
apetito voraz de la impunidad.
APUNTE: Para el investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, en el rubro de
transparencia y rendición de cuentas, los estados y municipios suelen
declararse seguidores; sin embargo, “casi nadie se atreve darle contenidos
concretos. Cuanto más evanescente y hueco sea el término, más maleable
resultará para quienes quieren beneficiarse política o mediáticamente con su
utilización”.
En la mira…
Por el momento, la Fiscalía General del Estado de Coahuila dio a conocer que se
dictó orden de aprehensión en contra de Héctor Javier Villarreal Hernández, a
quien se le dictó el auto de formal prisión desde el pasado 31 de octubre por
el presunto delito de Uso de Documentos Falsos y Equiparado al Fraude por
Simulación de Actos Jurídicos, en la contratación de manera irregular de
créditos con los Bancos del Bajío y Banco Santander por más de 3 mil millones
de pesos, lo cual consta en el expediente 762011. La PGR informó que la
INTERPOL emitió ficha roja contra Villarreal y cuatro ex funcionarios más.
