Por: Juan López
Fue una
fecha fatal. El día 7 de ese fatídico mes y año, un grupúsculo de ediles, el
Cabildo en su totalidad, sin ninguna excepción que desafinara la transgresión,
autorizó el Reglamento del Plan Director Urbano de Acapulco, mediante el cual
se autorizó la edificación de miles y miles de casas habitación en la zona
altamente riesgosa de los humedales de Granjas del Marqués, Colosio, Llano
Largo, Aeropuerto y Diamante, que en este septiembre cruel fueron reventados
por el malhechor “Manuel”.
El
documento probatorio y acusatorio fue firmado por el entonces presidente
municipal Zeferino Torreblanca Galindo, por el secretario general finado, Guillermo Ramírez Ramos y todos los
ediles integrantes del Cabildo: Gloria Sierra López, Adela Román Ocampo, Juan
Camerino Iturbide Arias, Laura Olivia López Victoria, Guillermo Cisneros Chegüe,
Abelina López Rodríguez, Marco Antonio López García, Javier Secundino Sánchez,
Rubén Camacho Zavala, Yolanda Villaseñor Landa,Fernando Terrazas Sánchez, José
Luis Odriozola Gómez, María Félix
Abundes Catalán, José Alfredo Campaña López, Lucía Juárez Jiménez,
Arturo Martínez Pérez, Francisco Villa Pérez, Herminia Olea Serrano, Roberto
Balbuena Naves, Raúl Ramírez Gallardo, Julio César Bello Vargas, René Morales
Barrientos, Federico Marcial Parral y Manuel Abelardo Rivera Domínguez. He aquí
los naipes de la baraja criminal. Véalos, léalos, identifíquelos. Ellos fueron.
Que no se escondan ni se justifiquen, ni se llamen víctimas de engaño, ni
aleguen ignorancia ni metida de pata.
El
Reglamento de Operación y Normas Complementarias del Plan Director Urbano de la
Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez, de acuerdo a la tesis de sus
promotores perredistas, se presentaba como parte del proceso de renovación de
la nueva moral en la administración de Zeferino. Decían ingenuos, ufanos que
acabarían con la corrupción, transparentarían los desarrollos inmobiliarios y
sentarían las bases para que el gobierno ordenara debidamente el urbanismo de
la ciudad.
Esta
normatividad se revisó, aprobó y ratificó ese 7 de agosto del 2001. El
secretario de Obras y Desarrollo Urbano era Guillermo Torres Madrid, quien
firmó todas las licencias de construcción en los humedales que hoy fueron
tierra arrasada por los aguaceros intermitentes de una semana que enlutaron a
México.
No debe
haber clemencia en la denuncia civil contra estas autoridades municipales que,
movidas por la inercia del negocio masivo en bienes raíces, coludidas con
ruines, viles edificadores de trampas mortales -no viviendas para personas-,
multiplicaron sus capitales económicos con la usura sobre las necesidades
habitacionales de la gente.
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