Tras
el reclamo de una pobladora del municipio de Carrillo Puerto al presidente Felipe
Calderón, sobre la supuesta gratuidad de los servicios que tanto predica, con
el Seguro Popular, vuelven a salir a la luz los cuestionamientos sobre la
eficacia de los programas impulsados por el gobierno federal
Por Hugo David Pérez y Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo (*)
Cancún, Q. Roo., enero de 2012. La escena ya es conocida:
durante su visita al municipio quintanarroense de Felipe Carrillo Puerto, el pasado 12 de enero del año en curso, el
presidente Felipe Calderón Hinojosa fue increpado por una habitante del
municipio de Carrillo Puerto. Le reclamó airadamente un cobro injustificado en
el Hospital General a pesar de contar con el Seguro Popular. Alto en reflejos,
Calderón no tardó en apuntar al gobierno estatal, poniendo en entredicho el
buen uso de los recursos.
Mercedes
Hernández Rojas, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),
estaba junto al presidente y recrea el tenso momento. Detalla que Calderón
volteó a ver al gobernador, Roberto Borge, y lo interrogó: “a ver señor
gobernador, qué me tiene que decir al respecto”. El gobernador respondió:
“nosotros la vamos a atender de inmediato a la señora”.
Después caminaron y sostuvieron una breve plática en privado. “Yo creo que el
presidente dio una indicación puntual a la Secretaría de Salud federal porque
algo va a resultar de esta situación”, asegura la delegada federal.
Y es que políticos y organizaciones civiles coinciden en la importancia de
poner candados a los recursos federales, pues al menos en el tema de salud, no
cuentan con delegados atentos a cada programa.
De hecho, en el último informe presentado por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), que incluye los resultados de la fiscalización de la Cuenta
Pública 2009, detectó anomalías por cerca de 3 mil millones de pesos en los
recursos que ese año se entregaron a los estados para la operatividad del
Seguro Popular.
De las 32 auditorías practicadas -una a cada estado- la opinión contenida en
los dictámenes de la ASF fue negativa para 14 de ellas y con salvedad para 18.
Dentro de las anomalías detectadas se encuentran la falta de transparencia de
las Reglas de Operación, pues no establece los plazos para que se presenten las
solicitudes de recursos; la resolución acerca de la viabilidad de los
proyectos; la autorización de solicitudes; el envío de informes de los recursos
y la formalización de los convenios de colaboración con las entidades
federativas.
Alfonsa Zituk es la mujer de edad avanzada y rasgos humildes que denunció ante
el presidente que en el Hospital General de Carrillo Puerto le habían pedido
106 pesos para atender a su hijo. “Yo les digo, para qué dicen que hay Seguro
Popular, no es cierto que hay Seguro Popular porque lo llevé y son 106 pesos,
me cobraron”.
El mandatario federal explicó, ante la mirada de la agraviada y el gobernador,
que el gobierno estatal es el encargado de ejecutar el programa, destinar la
infraestructura y los recursos humanos. “Lo voy a revisar”, comentó y señalando
al gobernador dijo: “él es el que tiene que dar la salud”.
En septiembre del año pasado en su visita a Chetumal, aprovechó la oportunidad
para hacer un señalamiento al secretario de Salud en Quintana Roo, Rafael
Humberto Alpuche Delgado y al gobernador Roberto Borge. “Recuerden que bajamos
mil 300 millones de pesos nada más a Quintana Roo para que cumplan con el
objetivo de salud”. Y lo repitió en su discurso que dio en el Hospital Morelos.
“Por cada afiliado al Seguro Popular, el gobierno federal paga una cantidad al
estado. De tal manera, que hoy, el estado de Quintana Roo, recibirá unos mil
300 millones de pesos al año, por el Seguro Popular para, precisamente, poder
mejorar poco a poco la calidad del servicio de salud que prestan ustedes”,
declaró.
Es inimaginable que un programa federal (que para este año contará con un
presupuesto de 430 mil millones de pesos) siga teniendo deficiencias no sólo de
carácter social, sino administrativo, tan así que el secretario de Salud del
estado ha afirmado que se debe ser muy eficaz y transparente en el ejercicio de
estos recursos.
La opacidad en el uso de los recursos
Según el artículo Pesos y Contrapesos, realizado por la asociación Fundar y
Briseida Lavielle, se debe tomar en cuenta el dictamen emitido por la Auditoría
Superior de la Federación para detectar las partes más vulnerables de este
programa.
De estos, señala el texto, quizás el que mayor descontento provoca es el que se
refiere para el acceso efectivo a los servicios médico-quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios, pues los resultados muestran que el 94.8 por
ciento de los beneficiarios encuestados adquiere con sus propios recursos los
medicamentos que le faltan; el 48.1 por ciento no está satisfecho con el tiempo
de espera para recibir atención médica; el 29.9 por ciento consideró que no es
fácil conseguir una cita médica, y el 23.6 por ciento manifestó no estar
conforme con las instalaciones y el equipamiento de la unidad de salud.
Si bien, los servicios de salud dependen de cada entidad federativa, es la
Secretaría de Salud estatal quien recibe los recursos, los ejecuta y evalúa su
efectividad. Este sistema en el que se es “juez y parte” ha sido criticado por
varios legisladores, dado que les entregan recursos a los estados sin una
manera eficaz de poder auditarlos.
Una visita al Hospital General de Benito Juárez, ubicado en la ciudad de
Cancún, es suficiente para comprobar que diariamente se dan cita cientos de
personas en busca de una consulta o remediar una urgencia, para constatar el
descontento entre la población por el mal trato y la queja más recurrente: la
falta de medicinas.
Irma Valenzuela, quien vive en la Región 232, dice no entender por qué, además
de no tener medicinas, cuando las hay, se las quieren cobrar. “Me tengo que
trasladar en taxi, y gasto dinero, todo para llegar y no haya medicinas,
prefiero ir a las farmacias, ahí saliendo tienes los medicamentos bien
baratos”.
María Pérez habla de los malos tratos que ofrece el Hospital General. Ingresó a
su hija a las siete de la tarde y 24 horas después nadie le daba razón de ella.
“El Seguro Popular nos quita el peso del dinero, pero la atención es muy mala,
son muy déspotas”.
La señora Rosa se siente muy agradecida por contar con el Seguro Popular, sin
embargo, coincide en señalar el mal servicio en las clínicas de salud. “Te dan
la consulta, sí, pero para sacar la ficha debes formarte desde las tres de la
mañana, eso no se vale”.
Gestor de Servicios de Salud del Hospital General de Cancún y encargado del
Seguro Popular en ese centro médico, Cristian Aguilar González, señala por su
parte que a veces la gente no sabe cuáles son los padecimientos que cubre este
seguro, así como los alcances en materia de medicamentos.
Comenta que a pesar de que se cubren muchas operaciones, las transfusiones de
sangre durante la cirugía corren a cargo del paciente, además, cuando se
necesitan los servicios de algún especialista que no trabaja en el estado, se
les canaliza a un hospital en Mérida, un traslado que mucha gente no puede
pagar.
Asimismo, explica que existen personas que llegan a afiliarse a pesar de contar
con algún otro seguro. “Hay gente que tiene IMSS y viene a sacar su seguro”, lo
cual, es claramente violatorio al reglamento, pero aclara que no hay forma de
conocer quién cuenta con ISSSTE o IMSS.
“Nosotros no tenemos acceso a ningún padrón de seguros, no podemos saber si
cuentan con algún tipo de seguridad social, a nadie se le niega el servicio,
además en Cancún, debido a los empleos temporales, hay veces que la gente está
asegurada por dos meses sí, dos meses no”, subraya Aguilar González.
El presidente de la comisión de Salud del Senado, Ernesto Saro, ha consignado
ante la prensa en varias ocasiones que en la operación del Seguro Popular
existe una gran corrupción. “Aunque la estrategia estuvo bien concebida para
garantizar el acceso a servicios médicos a personas sin seguridad social, se
cometió el error de dejar la administración a los gobiernos de los estados,
donde ha prevalecido la falta de transparencia y claridad en el uso de los
recursos”.
Sobre la posibilidad de que la propia Federación fiscalice el uso del
presupuesto, Saro explicó que existe el obstáculo de la autonomía estatal. Las
investigaciones, si se realizan, dependen de las mismas autoridades locales.
La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Mercedes Hernández Rojas,
señala que durante las visitas a las regiones rurales más necesitadas, como
parte del Programa Oportunidades, el reclamo recurrente de la gente es en
materia de salud. “La carencia de médicos, los medicamentos que nunca llegan,
esas situaciones marcan nuestra experiencia en las regiones”, relata.
“Yo, como presidenta del Comité de Desarrollo Social en el estado, hago énfasis
que la Secretaría de Salud del estado debe acrecentar sus esfuerzos; ellos son
los que tienen que contestar cuando hay un reclamo. Con mil 300 millones se
puede hacer que los médicos estén oportunamente en las localidades, la gente
tenga asistencia médica”, manifiesta la panista.
Y deja en claro que el responsable de los rezagos en materia de salud y
bienestar social, no sólo es el gobierno federal, pues en este caso también
tienen responsabilidad el gobierno del estado y de los municipios.
Nadie está exento
Con un presupuesto cercano a los mil 400 millones de pesos, la delegación de la
Sedesol en Quintana Roo reconoce que estos recursos no están exentos de caer en
irregularidades con intermediarios que extorsionan a la población para sacar
beneficio propio o asignarles a discreción estos recursos a particulares.
La Secretaría de Desarrollo Social tiene en marcha en el estado los programas
70 y Más con una inversión de 32 millones; Hábitat con 83 millones 948 mil 324
pesos, mientras que el programa Oportunidades se estima en 608 millones de
pesos.
En casos de corrupción ligados con la secretaría, quizás el que más impacto
tiene es el que se refiere a la malversación de más de 10 millones de pesos
asignados para viviendas en la zona continental de Isla Mujeres.
La titular de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico del
municipio, Atenea Gómez Ricalde, fue acusada de otorgar 200 inmuebles con el
programa denominado Tu Casa 2011, a militantes y líderes panistas, además dejó
en evidencia que más de tres integrantes de una misma familia recibieron el
apoyo.
Otro caso en que se vio inmiscuida esta Secretaría fue el del ex diputado local
del PAN y actual delegado de la Secretaría del Trabajo, Rogelio Márquez
Valdivia, señalado por defraudar presuntamente a 300 personas a través de una
empresa que les pidió dinero para ingresarlos en el padrón de beneficiarios de
las viviendas otorgadas por la Sedesol .
De hecho, la mayoría de las denuncias ante la PGR son de personas que se asumen
en las comunidades como representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y
engañan a los habitantes con falsas promesas de lograr un trámite efectivo en
cuestión de vivienda.
Mercedes Hernández asegura que es muy complicado tener el control de los
recursos federales, pues se necesita contar con una vigilancia constante y no
siempre bastan los 140 coordinadores e inspectores del organismo.
“Una obra que no se vigila es una obra que corre el riesgo de no ejecutarse”,
afirma la panista. Y detalla que su equipo de trabajo forma una contraloría
social con los vecinos de las comunidades en las que trabajan dando el
seguimiento de la obra que realiza el municipio y ellos hacen las visitas.
Con anterioridad, Sedesol había señalado que municipios como Benito Juárez, se
mostraban reticentes a apoyar en la implementación de programas para construir
habitaciones populares.
El regidor Rafael Quintanar asevera que el gobierno federal, “pichicatea” con
criterios electorales lo que le entrega a cada estado y de qué manera.
En el mismo rubro, el perredista explica que existen muchos problemas con los
programas sociales federales que competen a los tres niveles de gobierno. En
principio, el municipal no cuenta con un censo confiable ni un análisis de
cuáles son los rubros que se necesitan para poder hacer frente a las
necesidades de Cancún.
Quizás otra de las acusaciones que más revuelo causaron fue la hecha por
Raymundo King de la Rosa, presidente del PRI en Quintana Roo, quien denunció
que los recursos y programas operados por la Sedesol se utilizaban con fines
electorales y pidió al Congreso de la Unión que se auditara a la delegación.
Por este hecho, el PAN arremetió contra el priísta acusándolo de “difamador”
por no presentar una denuncia formal ante la PGR. “En su momento hicimos el
señalamiento y estamos recabando la información para tomar acciones contra
estas medidas” asegura King, midiendo el sigilo de cómo los enfrentará “No voy
a caer en las provocaciones del PAN. Nosotros vamos a hablar en su momento y no
vamos a caer en la confrontación pues se trata de aumentar el nivel de debate”,
juzga.
¿Qué es el seguro
popular?
Este programa federal fue implementado durante el sexenio del presidente
Vicente Fox con el que se planeaba cubrir los servicios médicos de la población
más vulnerable que carece de algún tipo de seguridad social. El programa piloto
inició en Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Zacatecas y Campeche.
En Chetumal y Cancún inició operaciones en agosto de 2002, pero fue hasta 2004,
una vez reformada la Ley General de Salud, que entra en vigor a nivel nacional
y en ese mismo año se firma en Quintana Roo, el acuerdo de Coordinación para la
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.
Ya en el periodo de Felipe Calderón, se le asignaron 52 mil millones de pesos
al programa con la intención de que atendiera a la mayor parte de población que
carecen de estos servicios.
El Seguro Popular cubre más de mil 400 enfermedades que están relacionadas con
especialidades como ortopedia, traumatología, reumatología, rehabilitación,
estomatología, ginecología y obstetricia, pediatría, dermatología, salud
mental, adicciones y urgencias. Además de acciones de prevención y promoción de
la salud, así como atención de enfermedades transmisibles, crónico-degenerativas
y cirugía general.
Los requisitos para afiliarse son residir en el país, no contar con ningún otro
seguro, ya sea ISSSTE o IMSS, así como pagar una cuota familiar dependiendo del
resultado de un estudio socioeconómico y que comprende 10 niveles, de los
cuales los cuatro primeros están exentos de pago y los siguientes 6 van desde 2
mil pesos hasta los 11 mil 300 pesos
.
