La Profepa resaltó que gracias al programa “Cero Tolerancia a la Tala Clandestina”, desde hace un año se redujo a 0.48 las hectáreas deforestadas en el Santuario de la Reserva de la Mariposa Monarca
Ocampo, Mich. (México). Enero del 2012. (Fuente: El Diario de Coahuila). La
subprocuradora de Recursos Naturales de la Profepa, Adriana Rivera Cerecedo,
aclaró que pese a la disminución de los “focos rojos” en materia de
deforestación en las Reserva de la Monarca, se mantiene la alerta en áreas
naturales de La Malinche, el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote y la zona
rural del Distrito Federal.
Los
logros se han visto reflejados en el retorno de una alta población de esos
lepidópteros, la cual se vio afectada en 2007 por la deforestación del lugar,
enclavado en la Sierra Chincua, a la que arriban cada año en octubre, para
regresar a Canadá en marzo.
Destacó
que aún hay “focos rojos” principalmente en la zona centro del país; “como
áreas prioritarias de atención tenemos el Pico de Orizaba, La Malinche, el
Cofre de Perote y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin, que son áreas
centrales que tienen problemas de la tala ilegal”.
Refirió
que 42 por ciento de las denuncias que se reciben son por esa actividad
ilícita, las cuales tienen diversas circunstancias, como problemas sociales y
económicos que motivan la venta ilegal o la tala para el consumo de leña.
Durante
un recorrido por el santuario, comentó que la deforestación por la tala
clandestina en esta área natural protegida tenía como focos de atención a las
comunidades de Crescencio Morales, La Dieta y Macho de Agua, en Zitácuaro, así
como la de Ciudad Hidalgo.
Sin
embargo, indicó, el problema quedó controlado con la aplicación de dicho
programa, lo que ha permitido que los propios pobladores ahora cuiden sus
bosques con un manejo sustentable y puedan vivir de sus tierras, además de ser
apoyados económicamente a través del programa “Empleo Temporal”.
“Hoy en
esta zona, que antes eran ‘focos rojos’, ya hay una confianza de los pobladores
para con estos programas y hay un resultado positivo al cuidado del medio
ambiente y para ellos mismos”, sostuvo la subprocuradora de Recursos Naturales.
En ese
sentido, Rivera Cerecedo destacó que las 56 mil hectáreas que comprenden esta
reserva ahora son vigiladas y atendidas a través del gobierno federal, las
autoridades de Michoacán y del Estado de México, así como de las comunidades.
Entre
los logros del programa resaltó que ya se erradicaron los aserraderos ilegales
y ejemplificó que hace unos años se llegaron a decomisar hasta cinco mil metros
cúbicos de madera en una comunidad, mientras que el año pasado el aseguramiento
fue de sólo 270 metros cúbicos en siete poblaciones.
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