***Si dirigentes sociales quieren protección, deben
pedirla al estado
Carlos Navarrete. Chilpancingo, Guerrero. 05 de Diciembre del 2012 / ANG.- El Presidente de la Comisión de Gobierno del
Congreso Local, Bernardo Ortega Jiménez manifestó que los temas de seguridad en
Guerrero no es un tema que le competa al Poder Legislativo, y son los
dirigentes de los diferentes movimientos sociales quienes deberán solicitar
resguardo al Gobierno del Estado si es que su vida está en riesgo.
En
entrevista, indicó que son los activistas, dirigentes de organizaciones
sociales y defensores de derechos humanos, los que deben solicitar al Gobierno
estatal la protección que necesiten en caso de que su vida este en peligro,
situación a la que dijo, los diputados no se opondrán.
Cuestionado
sobre si harán un llamado al Gobierno que encabeza, Ángel Aguirre Rivero para
que brinde las garantías de seguridad a
los dirigentes de los diferentes movimientos que se han originado en Guerrero,
producto de la delincuencia organizada, mencionó que no es un tema de su
competencia.
“No
sé, le corresponde a ellos pedir la protección ante el propio Gobierno del
Estado y la Comisión de Derechos Humanos, nosotros como Congreso no tenemos
inconveniente alguno de que se les protegiera si fuera necesario, pero no soy
yo”.
Esto luego del asesinato de Juventina Villa
Mojica, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de
Petatlán y Coyuca de Catalán, quien encabezaba el éxodo de 45 familias de la
comunidad de La Laguna a Puerto de las Ollas.
También
el de Francisco Crisóforo Piedragil, Coordinador Estatal del Café en Guerrero,
quien fue encontrado sin vida el pasado 23 de noviembre, pero identificado hace
apenas tres días, luego de haber desaparecido cuando se trasladaba del
municipio de Atoyac de Álvarez a la Ciudad de México.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que
comparezcan los funcionarios del gabinete de Aguirre Rivero, que integran las
áreas de seguridad pública, política interna y procuración de justicia, comentó
eso sería una determinación del propio ejecutivo estatal y no emitió alguna
opinión al respecto.
Se
limitó a informar que existe la posibilidad de que comparezca la titular de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Martha Elba Garzón Bernal,
pero no confirmó fecha ni hora, justificando que apenas está en proceso la
solicitud.
Aunque
reconoció que dentro del estado hay cuestiones de seguridad que están fallando
producto del crimen organizado, señaló que este tema debe ser atendido por la
federación, el estado y los municipios, y no dejarle la responsabilidad
únicamente a un nivel de gobierno. (ANG)
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