Necesario proceder contra los alcaldes que tengan nexos con grupos criminales: Cuauhtémoc Salgado

Francisco Galaviz/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., octubre de 2014. Si es necesario proceder con la detención de alcaldes que tengan posibles nexos con grupos criminales, nosotros apoyaremos esas medidas dentro del marco del Derecho y la ley, pues ya habíamos hecho llamados al gobierno estatal y al federal a detener a los presidentes municipales que tuvieran vínculos con la delincuencia, así lo afirmó el presidente del PRI Guerrero, Cuauhtémoc Salgado Romero.

Al ser entrevistado respecto a la presentación a declarar por fuerzas federales del presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, de extracción priista, Salgado Romero reiteró su llamado al gobierno estatal a actuar también contra la delincuencia organizada y los funcionarios vinculados con grupos delincuenciales, “porque la voluntad del gobierno federal siempre ha estado”.

El líder estatal del PRI consideró que el gobierno estatal debería de haber jugado un papel importante en la detención de los alcaldes sean del partido que sean, porque tiene información de qué algunas zonas están controladas por ciertos grupos criminales, “es una responsabilidad compartida, no le pueden echar la bolita al gobierno federal”.

Cuauhtémoc Salgado indicó que el gobierno del Estado y el federal deben actuar de manera inmediata contra los alcaldes o funcionarios de los que tengan certeza de sus vínculos con la delincuencia, aunque éstos sean del PRI, “todos son responsables de sus actos”.

Y continuó: “pedimos una actuación inmediata y responsable, caiga quien caiga, ya queremos sentir la presencia de las autoridades en el combate y control de la inseguridad que está acabando con el Estado”.

En ese contexto, afirmó que en la estrategia de seguridad que implementará el gobierno federal en el Estado de Guerrero no hay criterios de orden partidario ni valoraciones de orden político; “donde se necesite que el gobierno federal acentúe su presencia ahí estará”.

Cuauhtémoc Salgado enfatizó que “Hoy no queremos políticos coludidos con el narcotráfico, no queremos políticos que estén coludidos a grupos armados, que fomenten la corrupción, queremos políticos que traigan una gran transparencia, que busquen el beneficio para todos, para resolver los problemas que se presenten, que ayuden a buscar condiciones dignas de vida para todos, por eso, en el PRI  Guerrero no le estamos apostando a la violencia sino al trabajo diario”, finalizó. 

De “pena ajena” califica diputado pretensión del PAN de desparecer los poderes en Guerrero

Francisco Galaviz/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., octubre de 2014. De pena ajena consideró el diputado Evencio Romero Sotelo, la pretensión de los senadores del PAN al pretender realizar un procedimiento de desaparición de poderes en Guerrero, lo cual aseguró que no procederá, porque afortunadamente el Estado cuenta con senadores panistas.

El legislador dijo que con esta acción pretenden sacar raja política, toda vez que en lugar de venir a allanar la concordia en Guerrero, solo viene a crear confusión entre los guerrerenses, al mismo tiempo los invitó a asesorarse y consultar el artículo 76, fracción quinta, o la ley reglamentaria de 1968, donde aclara que El Senado de la Republica no tiene facultades para decretar la desaparición de poderes.

Por lo que consideró que esto no es más que una cortina de humo para traer agua a su molino los panistas, ya que los tres poderes no están abandonados sin causas justificadas, “por eso hacen el ridículo estos señores panistas, y no va a proceder, porque no acreditan la personalidad, y porque no se están dando las condiciones de que los tres poderes no estén trabajando o abandonando sus funciones”.

Evencio Romero aclaró que los únicos que están facultados para pedir declaración de desaparición de poderes son Los Senadores de la Republica por el Estado correspondiente o  los diputados federales.

Tal como Armando Ríos Piter, Sofio Ramírez y René Juárez Cisneros; y los diputados federales del mismo Estado, “no cualquier hijo de vecino”, por lo que reitero que lo primero que tiene que hacer es acreditar la personalidad jurídica, de que sean senadores de Guerrero o diputados federales de Guerrero para poder entrarle a esta demanda.

“Por eso creo que es una estupidez lo que pretenden hacer los panistas; y no es otra cosa que un protagonismo, ya que en lugar de venir a contribuir a la concordia y a la paz en Guerrero, están creando confrontaciones”.

Evencio Romero agregó que si los panistas quisieran quitar al gobernador Ángel Aguirre Rivero, tendrían que buscar otra alternativa, siempre y cuando esté justificada “y no nada más porque se les antoje a ellos”.

Y es que como no tiene  el PAN presencia en Guerrero, “donde por cierto hay buenos panistas”, los senadores panistas pretenden sacar raja política de una desgracia por la que está pasando el Estado.

El diputado señaló que si están molestos e indignados por los terribles actos que acontecieron en Iguala, “nos sumamos a la petición al presidente de México que agarren a quien tengan que hacerlo, caiga quien caiga, sin hacer chivos expiatorios”, finalizó. 

Cuánta Violencia…

Juan López

   Ateridos, desde que los jóvenes provenientes de la Normal de Ayotzinapa fueron masacrados en Iguala, en Guerrero se vive el terror de estas circunstancias. No ha bajado el rigor de la violencia. La vorágine nos envuelve en su turbulencia como si hubiésemos perdido la orientación en una sociedad que no quiere reencontrar los cauces de la legalidad.

   El incendio provocado ex profeso en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo se equipara a los perversos actos de la represión de los policías en Iguala. Aquellos cometidos por polizontes uniformados. Éstos a manos de “estudiantes” que fingen desquite y se hacen justicia por mano propia.

   El remolino de venganza a todos nos arrasa. No existe en ninguna ordenanza civil, violencia mala o violencia buena. Todo evento que cancele las posibilidades humanitarias de convivencia de una comunidad regida por las Instituciones y el Derecho, no puede sobrevivir en condiciones tan hostiles.

  ¿Es tan alto el precio de la paz? ¡que no podamos sostener un equilibrio permanente entre las divergencias de los actores sociales de la Entidad!. El incendio de un edificio público nos ofrece la magnitud del odio que prevalece en sus protagonistas. De este tamaño son rencor, impotencia y resentimiento de quienes agreden, queman y saquean las oficinas públicas sin detenerse a salvaguardar la integridad física de empleados, trabajadores burócratas que ninguna culpa tienen en los asuntos que reclaman los “Ayotzinapos”. 

    La naturaleza de esta violencia es mucho más amplia que el simple significado de molestar y dañar. Obedece a signos sicológicos disparejos. Subyace en el intento, en el alarde de la conflagración,  la incapacidad de los provocadores de incitar a una sublevación. El Estado -todos sus organismos, sus recursos, sus facultades-, deben transformar las condiciones “académicas” que prevalecen en Ayotzinapa y ofrecernos a los guerrerenses la aurora de una educación profesional en esa escuela, tan digna como la de cualquier otra universidad en el Estado de Guerrero.

Ayotzinapa no debe desaparecer como Institución de enseñanza pública, debe ser adaptada a la edad moderna. Si un decreto presidencial es necesario, puede integrarse como una Facultad más a la Universidad Autónoma de Guerrero, a fin de dejar de ser una ínsula de muchachos que en su juvenil desorientación cometen toda clase de delitos amparados en el falso “fuero” de que son estudiantes de Ayotzinapa.

    PD: “Una chispa, puede incendiar la pradera”: Mao.

Ángel Aguirre se reunió con los legisladores federales para dar seguimiento al caso Iguala

Acapulco, Gro, octubre del 2014..- El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se reunió con diputados federales que integran la Comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos en Iguala, donde dio a conocer  lo que su gobierno en coordinación con la federación esta llevando a cabo para encontrar a los normalistas desaparecidos y esclarecer este hecho.

Durante la reunión de trabajo efectuada este miércoles en Acapulco que se prolongó por más de tres horas, ante la presencia del secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el fiscal general del estado, Iñaki Blanco Cabrera, y el asesor externo, Ernesto Aguirre Gutiérrez, el mandatario estatal ratificó que la prioridad en este momento es la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.

Por su parte, el fiscal general presentó a los diputados federales un informe detallado de las acciones emprendidas por el gobierno del Estado de Guerrero en relación con los hechos ocurridos en Iguala los pasados 26 y 27 de septiembre, para encontrar y sancionar a los responsables.

En entrevista, el legislador federal, Guillermo Anaya Llamas, que encabeza la Comisión, dijo que la reunión con el mandatario estatal fue productiva, y aclaró que la función de sus compañeros no es de emitir juicios de valor.

Detalló que se les entregaron expedientes que dan cuenta del tratamiento que se les está dando a las víctimas de los acontecimientos y a sus familias, y las acciones de búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, “que es lo más importante para todos”.

Comento que también es fundamental dar con el paradero del presidente municipal con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y del hoy ex secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez.

“Tenemos la esperanza de que con los esfuerzos estatales como federales, y de organizaciones civiles, se dé con el paradero de los normalistas desaparecidos”.

Expresó que la Comisión está trabajando de forma muy profesional y que no emitirá juicios de valor; “vamos a revisar lo que nos entregaron y vamos a cotejarlo con lo que nos dio la PGR”, dijo.

En este encuentro también participaron sus homólogos Manuel Añorve Baños, Ruth Zavaleta Salgado, Ricardo Mejía Berdeja y Lizbeth Rosas Montero.

Como irresponsable califican propuesta del PAN de proclamar la desaparición de los poderes en Guerrero

Josefina Aguilar Pastor/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., octubre de 2014. Como irresponsable calificó el diputado local Omar Jalil Flores Majul, presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, la propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), en el Senado de la República, de proclamar la desaparición de poderes en Guerrero, y anunció que en  esta misma semana, podría estar listo el dictamen sobre el juicio de revocación de mandato en contra del alcalde con licencia, José Luis Abarca Velázquez.

 El legislador local comentó que al Legislativo local, ingresaron las solicitudes de juicio de procedencia y otra más de revocación de mandato en contra del presidente municipal con licencia, José Luis Abarca Velázquez; la primera toman como fundamento legal la ley de responsabilidades de los servidores públicos y establece un proceso de 10 días desde que se entrega la notificación, 20 más para presentación de pruebas, 5 de alegatos y conclusiones.

Para el caso del juicio de  revocación de mandato, explicó que comprende la notificación y 5 días para establecer lo que a derecho corresponda y la propuesta de dictamen “situación que someteremos en próximos días a consideración para poder atender la denuncia que presentó el vice fiscal de investigación y agente del ministerio público del fuero común Víctor Jorge León Maldonado, yo considero que antes del fin de semana ya tendremos atendida la propuesta del juicio de revocación de mandato del aun presidente municipal con licencia” puntualizó.

Con ello concluirían el tema del juicio de revocación de mandato y continuarían con el de procedencia, abundó el legislador.

Por otro lado, Flores Majul, opinó sobre la propuesta de los senadores panistas, de declarar la desaparición de poderes en Guerrero, que consiste según explicó, en un proceso legal, mediante el que se declara que por factores que pueden ser políticos o sociales, que han dejado de existir los poderes públicos en una entidad de la república por lo que el senado interviene sobre la soberanía de un Estado, para designar nuevos poderes que sustituyan a los que han desaparecido.

Admitió que la declaración de la desaparición de poderes es una facultad exclusiva del Senado de la República, sin embargo subrayó que el tema no es menor y no puede tratarse con la ligereza con la que es abordado por los senadores panistas “se me hace desde mi punto de vista muy irresponsable”, acotó Flores Majul.

El legislador local, aceptó que en Guerrero, existe un debilitamiento institucional, incapacidad, ineficiencia por parte de algunos actores políticos, pero que no por ello deben de olvidar lo más importante del asunto, que es la desaparición de 43 normalistas desaparecidos “que se haga justicia, que se atienda a sus familias y sobre todo que prevalezca el estado de derecho y se pueda erradicar un tema imperante, la impunidad”, recalcó.

Acusó a los panistas de tratar de sacar raja política de este problema político que afecta a todo Guerrero y que lo están tomando de manera desafortunada, acotó el legislador Flores Majul. 

Transportistas de Guerrero emprenden campaña contra las movilizaciones de la CETEG y Ayotzinapa

Josefina Aguilar Pastor/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., octubre de 2014. Transportista de Chilpancingo, emprendieron una campaña en contra de las movilizaciones y acciones de protesta que realiza el magisterio disidente de la CETEG y los normalistas de Ayotzinapa, para exigir la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos.

Este miércoles grupos de taxistas y conductores de urvan’s  principalmente, convocados por los líderes de las organizaciones Grupo Élite y Nuevo Horizonte para Guerrero arribaron a las 10:00 horas a la explanada del edificio ‎del Palacio de Gobierno, que el   lunes 13 de este mes, fue destrozado por normalistas de Ayotzinapa y miembros del magisterio disidente.

Los chóferes pertenecientes a las organizaciones que encabezan los transportistas Mario Torres Cerecero y Marco Antonio Oropeza Astudillo, se instalaron en  las calles  frontales y aledañas al Palacio de Gobierno,  vestidos de civil, a bordo de unidades de transporte público.

En algunas unidades en las que un se podía leer la anterior demanda “¡hasta encontrarlos!, refiriéndose a la campaña impulsada por el gobernador para localizar a los normalistas desparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, ahora se lee; “La violencia afecta la economía del Estado”.

Aun no hay cuantificación de daños en Palacio de Chilpancingo: Mario Moreno

Salomón Cruz Gallardo/IRZA

Chilpancingo, Gro., octubre de 2014. El alcalde Mario Moreno Arcos informó que no tienen cuantificados los daños que causaron maestros la tarde del lunes tras irrumpir violentamente en el ayuntamiento de este lugar.

Insistió que no podía proporcionar “con claridad alguna cuantificación de daños porque el edificio al cierre de la presente edición aún continuaba tomado por los normalistas”.

Comentó que el Palacio Municipal es ajeno al problema del caso Iguala.

Refirió que Chilpancingo también perdió al jugador David Josué García Evangelista, integrante del Club de Futbol “Avispones de Chilpancingo” y al operador del autobús.

En cuyos hechos también fueron heridos otros dos integrantes del cuerpo técnico y tres jugadores más del equipo de la Tercera División Profesional.

Moreno Arcos recordó que ha insistido para que se haga justicia, que se le dé claridad a la situación, no puede quedar impune sobre todo por el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 normalistas.

El alcalde confió que mediante el diálogo los docentes cetegistas y normalistas les puedan estar entregando o liberando en las próximas horas las instalaciones del Ayuntamiento de este municipio. 

El Congreso de Guerrero no trabaja a pedido y tampoco hace leyes a modo: Jorge Camacho

Josefina Aguilar Pastor/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., octubre de 2014. La 60 legislatura local, no trabaja a pedido y no hace leyes a modo, aseguró el diputado local, Jorge Camacho Peñaloza, por lo que descartó la posibilidad de aprobar una modificación a la ley  para realizar la consulta popular propuesta por el ejecutivo, luego de que recientemente, el Congreso Local, aprobó frast track la propuesta enviada por el Secretario General de Gobierno para incluir la figura de revocación de mandato, en la Constitución Política del Estado de Guerrero.

Por primera vez desde que inició la presente, los diputados locales, sesionaron prácticamente puntual, poco después de las 11:00 horas, después de la cual, tanto legisladores como personal administrativo, se retiraron de mediato, ante el riesgo de que una vez más, alumnos de la normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, llegaran al recinto legislativo y los atacaran, sólo quedaron policías antimotines a resguardar el inmueble.

Al respecto, el diputado local de Acción Nacional (PAN), Jorge Camacho Peñaloza, uno de los pocos legisladores que se quedaron al final, dio a conocer que durante esta sesión, aprobaron la iniciativa para integrar en la ley, la revocación de mandato y la consulta ciudadana, la cual se turnó a las comisiones de Justicia y de Participación Ciudadana.

Precisó que en el caso de la revocación de mandato, es una figura que aparece en la Constitución Política del Estado de Guerrero, pero explicó que tendrían que  elaborar una ley secundaria o una modificación a la ley de Participación Ciudadana, para regularla. 

Fundación “Lucio Vive” recaba víveres en apoyo a normalistas

Edgar de Jesús Espinoza/IRZA     

Atoyac de Álvarez, Gro., octubre del 2014.- Integrantes de la fundación “Lucio Vive” instalaron un centro de acopio de víveres en el centro de esta ciudad en solidaridad con los padres de familia de los normalistas desaparecidos.

Kevin Axel Mendoza Reyes, miembro de la fundación, dijo que el gobierno debe apresurar las investigaciones para detener a los responsables por el asesinato de los tres normalistas en la ciudad de Iguala.

Explicó que la instalación del centro de acopio se debe a que quieren recabar víveres para ayudar a los compañeros y familiares de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, que buscan a los 43 desaparecidos.

Indicó que muchas personas no muestran interés para ayudar a los estudiantes, pero que van a seguir adelante con el apoyo que les brindan diferentes organizaciones sociales.

Informó que iban a seguir realizándose actividades y marchas “aquí o en otras regiones” hasta que sea aclarado el caso Iguala.

Movilizaciones por caso Iguala mejoran la economía de la capital, dice Martínez

Salomón Cruz Gallardo/IRZA

Chilpancingo., Gro., octubre del 2014 (IRZA).- La presencia de personas aglutinadas a diversas organizaciones sociales de diferentes partes del Estado que protestaron en Chilpancingo por el caso Iguala “beneficia al sector gastronómico hotelero y al transporte urbano de esta capital”.

Víctor Manuel Martínez Toledo, ex presidente de la Cámara Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que la vida económica de la capital transcurre con normalistas debido a los movimientos de protestas.

Dijo que las protestas registradas desde hace dos semanas benefician al sector restaurantero, hotelero y transportistas.

Expuso que en la capital se ha mantenido el nivel económico, pues en otros tiempos los empresarios tienen problemas hasta para juntar para el pago de renta de los locales y para pagar la nómina de los empleados.

Explicó que en la capital había “poco circulante” y que la economía estaba “contraída” al igual que en el Estado, pero reiteró que las movilizaciones recientes han ayudado un poco. 

Dice Rubén Figueroa que ya existía advertencia de lo que ocurría en Iguala y nadie hizo caso

Juan José Romero/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., octubre del 2014. El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local, Rubén Figueroa Smutny, señaló que desde el mes de marzo había la advertencia de lo que estaba ocurriendo en Iguala y nadie hizo caso.

En entrevista, el priista recordó que el pasado 20 de marzo en tribuna denunció lo que ocurría en Iguala, denunciando la relación del edil José Luis Abarca Velásquez con grupos de la delincuencia organizada.

“Todo el mundo lo sabía, lo que sorprende que ahora algunos funcionarios estatales digan que no estaban enterados, a lo que le preguntaron a él ¿Cómo se enteró?, a lo que contesto. “porque yo platico con la gente”, expresó.

Dijo que su denuncia fue en base a lo que la propia ciudadanía le decía que ocurría en Iguala, y lamento que en su oportunidad el fiscal, Iñaki Blanco le respondió que “no hacía investigaciones por encargo”, incluso señalo que le pidió aportara las pruebas correspondientes.

Comentó que pese a que se trató de una denuncia pública en tribuna, el fiscal no investigo lo que ocurría desde entonces en Iguala, “él tiene una responsabilidad cuando menos por omisión y negligencia en este caso de la matanza de Iguala”, apuntó.

Señaló que la ciudadanía igualteca le denunció que eran víctimas de extorción, y cobro de piso, incluso a través de la venta de propiedades en Iguala, les compraban la misma, pero a la semana les secuestraban a un familiar cobrando por el rescate la cantidad que habían pagado por el inmueble “entonces recuperaban el dinero y le quitaban el patrimonio”, expuso.

Indicó que pese a las denuncias que las propias víctimas interponían en la Agencia del Ministerio Público, no se hacía ninguna investigación al respecto, teniendo el alcalde de ese municipio responsabilidad por omisión.

Figueroa Smutny se dijo satisfecho que la Procuraduría General de la República (PGR) se esté haciendo cargo de las investigaciones “porque estoy seguro que si hay nexos de complicidad de  algunas autoridades actuales con la delincuencia la PGR los va a identificar y va a proceder como corresponde”, sostuvo.

Reconoció tener miedo de lo que hasta el momento ha declarado en este caso, sin embargo, se dijo convencido de que como diputado no sería correcto no hacer las denuncias por el riesgo que esto implica.

Señaló que toda esta situación abre la posibilidad de que las autoridades puedan investigar todo lo que pasa en la zona Norte y en la zona de Tierra Caliente, “que es otra región muy difícil”, indicó.

Insistió que es necesario romper el vínculo de los ediles con la delincuencia como una forma para que el Estado pueda avanzar.