Carlos
Navarrete, Chilpancingo, Gro. 16 de mayo / ANG.- 400 familias de municipios de la región
Norte de Guerrero fueron víctimas de un fraude millonario por parte de la casa
de cambios Orlando Baluta, en complicidad con la ex procuradora de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) Martha Elva Garzón Bernal.
En
conferencia de prensa, los denunciantes originarios de los municipios de
Copalillo, Atenango del Río y Huitzuco dieron a conocer que el monto del fraude
es superior a los 20 millones de pesos, y en su mayoría, las víctimas son de
origen indígena y de escasos recursos.
A nombre de
todos los afectados, Cesar Asunción Cruz dijo que el apoderado legal de la casa
de cambio, Oscar Nájera Navín se dio a la fuga luego de que, a base de engaños,
se hiciera del dinero que los familiares de las víctimas les envían de los
Estados Unidos.
Indicó que
esta casa de cambios, localizada en diferentes puntos del estado,
principalmente en lugares con población indígena, operaba en esos tres
municipios desde hace 10 años, y fue en el 2009 cuando el propietario del
establecimiento simplemente desapareció.
Indicó que
Nájera Navín les prometió que les duplicaría y en algunos casos
triplicaría los intereses que ofrecían los bancos, por lo que los indígenas
confiaron y le entregaban cada semana diferentes sumas de dinero que cobraban
de los envíos que les hacían llegar sus familiares del extranjero.
Asunción
Cruz recordó que en el 2008 los defraudados le solicitaron el pago de los
intereses que les correspondía por haber invertido su dinero en la casa de
cambios, recibiendo cada uno de ellos una parte del pago, sin embargo, para el
2009 que fueron a solicitar el resto del recurso, que son más de 20 millones de
pesos, se percataron de que los establecimientos estaban vacíos.
Por esta
razón presentaron la denuncia formal de las que se desprendieron seis órdenes
de aprehensión en contra del apoderado legal de la casa de cambios y sus
asociados, sin embargo dos de ellos tramitaron amparos, razón por la que no
fueron detenidos y actualmente viven en el puerto de Acapulco realizando las
mismas actividades.
Señaló que
la PGJE está encubriendo a los defraudadores, pues les han hecho de su
conocimiento que en reiteradas ocasiones los acusados se reunieron con la ex
titular de esa dependencia, Garzón Bernal, con quien suponen
llegaron a un acuerdo para no ser detenidos.
Los
afectados exigieron la intervención del gobernador, Ángel Aguirre Rivero en este
caso, pues todos los defraudados necesitan del recurso que les fue robado,
producto de los ahorros y el esfuerzo de sus familiares que se fueron a los
Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida (ANG).
