Jaime García/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., octubre 02 del 2013 (NOTYMAS).- Con el objetivo de evitar la corrupción de
servidores públicos, el Congreso del Estado esta buscando la manera de
modificar la ley, e inhabilitar a servidores públicos que hasta por 20 años.
Detallaron
que los servidores públicos estatales o municipales que incurran en alguna
irregularidad grave en el manejo de recursos o patrimonio de la institución de
gobierno en la que laboren, podrán ser inhabilitados hasta por 20 años para
ocupar un cargo público.
En la
iniciativa presentada este martes, la sanción mínima es de un año y la máxima
es de 20 años, en comparación de la Ley vigente que considera, además de
sanciones económicas, que en los casos de daños y perjuicios a la
administración pública estatal o municipal una inhabilitación de seis meses
hasta 10 años, dependiendo de la gravedad de la irregularidad.
Así lo
establece la iniciativa de Ley de Responsabilidades de Servidores del Estado y
Municipios de Guerrero que presentaron los diputados Bernardo Ortega Jiménez y
Amador Campos Aburto ante el pleno del Congreso local, y que pretende sustituir
a la normatividad vigente desde 1984.
Además, se
establece que los funcionarios públicos que incurran en una irregularidad grave
podrán ser sujetos del aseguramiento de sus bienes, además de que deberán
reparar o indemnizar a dicha institución por los daños y perjuicios que hayan
provocado.
La iniciativa
de ley incluye como sujetos de responsabilidad pública a los funcionarios de
los ayuntamientos y de diversos órganos gubernamentales que no aparecen en la
ley vigente, de tribunales Contencioso Administrativo y de Conciliación y
Arbitraje, así como de órganos autónomos como la Comisión Estatal para la
Defensa de los Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información.
A diferencia
de la ley vigente, la iniciativa presentada por los diputados Ortega y Campos
amplia la tipificación de conductas irregulares sujetas a sanción, entre las
que destacan el uso de información privilegiada para obtener beneficios
económicos personales.
Además
prohíbe que cualquier servidor público intimide o inhiba evite la formulación
de quejas y denuncias por parte de los ciudadanos, o bien, que las desestime,
rezague o deseche cuando ya hayan sido presentadas.
La
iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y
dictaminación, establece con mayor precisión las sanciones administrativas y
económicas, así como el ámbito de competencia de cada una de las instancias
responsables de aplicarlas.
También se
considera la obligación de la Contraloría General del Estado para sancionar a
los presidentes del Tribunal y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como
de los titulares de dependencias, de los comisarios y titulares de órganos
internos de control. (NOTYMAS)
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