martes, 5 de febrero de 2013

Por irregularidades administrativas en la SSPYPC policías no han podido cobrar su salario por casi tres meses



Carlos Cabrera/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., 05 de Febrero de 2013 (NOTYMAS).- Integrantes de la policía estatal acreditable, denunciaron que por irregularidades administrativas de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Civil (SSPYPC), poco más de cien elementos no han podido cobrar su salario correspondiente a más de tres meses de trabajo.

Los uniformados que por temor a represalias solicitaron omitir sus nombres, denunciaron que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado no les ha emitido ningún pago a su favor desde el pasado mes de octubre, fecha cuando el gobernador Ángel Aguirre Rivero puso en funciones esta corporación policíaca

Señalaron que ayer martes se reunieron con funcionarios de la SSPYPC, con quienes acordaron el pago de su primer quincena el próximo 15 de febrero, de lo contrario los uniformados advirtieron con parar labores en todo el estado, hasta que el gobierno del estado cumpla con su responsabilidad. 

Para cumplir con los lineamientos del  Consejo Nacional de Seguridad Publica, dentro del proceso de homologación y certificación de las corporaciones policiacas del país, el gobierno del estado puso en funcionamiento el primer grupo de la Policía Acreditable a finales del año pasado, la cual se aseguró era el modelo a seguir. 

Los elementos refirieron que la única explicación que recibieron de sus altos mandos, fue que no pudieron pagarles por que las áreas administrativas de la Secretaría de Seguridad Publica no realizó las altas correspondientes ante la nomina del gobierno del estado.

Los inconformes se quejaron de que ya no pueden sostener el sustento de sus familias por la falta de pago, inclusive en su mayoría refirieron que se encuentran endeudados en muchos lugares por la falta de solvencia económica  a raíz de la falta de pago de la administración pública estatal.

Una de los policías, dijo que en su caso fue enviada a reforzar la seguridad pública de la región de la Costa Grande, donde no tenía aseguró ni para pagar sus alimentación y la vivienda que rentaba. (NOTYMAS)

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