Contracolumna
Por José Martínez M. (*)
México, D. F., abril de 2012. Hace unos días el
periódico The New York Times –uno de los medios más influyentes del mundo–
destapó por enésima vez la cloaca de la corrupción que corroe a México. Ahora
le tocó a la cadena de supermercados Wal-Mart, fundada en 1962 por Sam Walton y
cuyos herederos forman uno de los clanes más ricos de Estados Unidos y asiduos
en la lista de los multimillonarios de las revistas Forbes y Fortune.
En México proliferan este tipo de supermercados gracias a la corrupción. Muchos de estos establecimientos han sido construidos mediante permisos ilegales a cambio de sobornos a funcionarios. No son los únicos ni los primeros. El caso es que las revelaciones del poderoso The New York Times ha exhibido al gobierno mexicano como un país donde a cambio de “mordidas” se violan las leyes más elementales.
No está por demás señalar que la corrupción en México es el deporte nacional por excelencia. Lamentablemente México es un país enfermo. Donde quiera que ponga uno el dedo brota la pus de la corrupción.
De acuerdo al NYT la subsidiaria en México de Wal-Mart pagó sobornos hasta por 24 millones de dólares para ganar el dominio en el mercado mexicano. La investigación del rotativo identificó a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como “fuerza motora detrás de los años de soborno”, aunque apuntó que hubo cohechos ocasionales antes de su llegada a la compañía en 2002.
La denuncia fue presentada por Sergio Cícero Zapata, ex abogado de bienes raíces de Wal-Mart, quien indicó que la firma usó los sobornos para facilitar “cambios de zonas en los mapas, hicieron desvanecer objeciones ambientalistas, permisos que típicamente toman meses para su proceso, mágicamente se materializaron en días”.
Cícero denunció que las prácticas de cohecho estimuladas por Castro-Wright eran parte de una estrategia expansiva de negocios, para construir cientos de nuevas tiendas tan rápido que sus competidores no tuvieran tiempo de reaccionar.
“El ex ejecutivo dio nombres, fechas y montos de los sobornos, él sabía mucho, explicó que por años fue el abogado a cargo de obtener los permisos de construcción para Wal-Mart de México”, indicó el rotativo.
Incluso familiares de personajes como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; la primera dama del país, Margarita Zavala y el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano, salieron inmiscuidos en el escándalo, pues varios de ellos pertenecían a la plantilla laboral de dicha empresa.
El NYT mencionó que la compañía, con sede en Bentonville, Arkansas, inició una investigación interna luego que Cícero Zapata informara en septiembre de 2005 sobre la campaña de cohechos para obtener permisos en “virtualmente cada rincón del país”.
Un investigador nombrado por Wal-Mart, ex agente dela Oficina Federal de
investigaciones (FBI), reportó “sospechas razonables” para creer que hubo
violaciones tanto a las leyes mexicanas como a las estadounidenses.
No es ninguna novedad las revelaciones del NYT que han exhibido al gobierno mexicano, lo lamentable es el grado de impunidad. Es innegable que las acciones de Wal-Mart se han devaluado en las bolsas, pero en México no pasa nada, nadie ha sido sancionado. México es el paraíso de la impunidad.
Lo anterior revela que la corrupción ha invadido todos los sectores sociales y que muchas empresas privadas han florecido al amparo de este fenómeno que corroe al país en su conjunto.
México, que es campeón de los tratados internacionales, es de los firmantes dela Convención de la ONU contra la Corrupción , ¿y…?
El problema en nuestro país es que la corrupción ha alcanzado dimensiones impresionantes, tanto que uno de los principales centros de educación superior de más prestigio en el país, el Tecnológico de Monterrey, realizó un estudio que tituló La corrupción-gobierno-empresas en México. La investigación arrojó datos reveladores. Por ejemplo, estableció que 62 por ciento de las compañías que operan en México admiten que destinan una porción de sus ingresos a pagar sobornos a funcionarios públicos para obtener algún beneficio.
El estudio, que se basó en encuestas a 3 mil 985 compañías, tanto nacionales como extranjeras, demoró un año y costó 430 mil dólares. El coordinador de la investigación, el doctor René Zenteno, que pertenece al Centro de Estudios Estratégicos del TEC, en su análisis indica que la corrupción que existe en el sistema económico representa un serio problema para el entorno productivo del país, al grado de que todas empresas que admiten pagar sobornos, el 81 por ciento hace desembolsos ilegales para “agilizar permisos” y el 79 por ciento “corrompe a funcionarios” para facilitar la conexión de servicios públicos.
Asimismo, el 82 por ciento otorga dinero para “evitar molestias” de inspectores, mientras que el 52 por ciento lo hace para obtener contratos gubernamentales. La investigación del TEC contó con la asesoría del Banco Mundial y de varias instituciones académicas de Estados Unidos, como las universidades de Yale y de California.
Hay que destacar que esta es la primera vez que se hace un estudio tan amplio sobre la corrupción en México. María Reyes, que también pertenece al Centro de Estudios Estratégicos del TEC y que participó en el trabajo de investigación al comentar algunos pormenores de la investigación, refirió que se habló con los directivos o los dueños de las compañías y, cuando eso no era posible, con algún representante designado.
Para el Centro de Estudios Estratégicos del TEC, uno de los propósitos que animaron el estudio en cuestión fue que los mexicanos tuvieran una fotografía del problema de la corrupción, como si fuera el diagnóstico de una enfermedad. Fue así que la investigación reveló que las grandes compañías reconocen que destinan hasta el 8.5 por ciento de sus ingresos para influir en la modificación de leyes, regulaciones o trámites que las beneficien.
Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, gastan un promedio de 5.2 por ciento en pagos ilegales a funcionarios.
Con base a esta investigación que abarcó a empresas de los 32 estados del país, se pudo cotejar que lo que se refiere a licitaciones públicas y corrupción el 22 por ciento del gasto público se destina a contrataciones gubernamentales. Del total de recursos públicos destinados a realizar contrataciones gubernamentales, 30 por ciento se destina a la corrupción.
Algunos expertos estiman que los actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales (no sólo en compras y obras públicas), lo que representa entre 3 y 4 por ciento del Producto Interno Bruto, algo así como el 10 por ciento de los impuestos recaudados.
Los sectores empresariales han salido al paso para cuestionar el lastre de la corrupción. La más representativa de estas organizaciones, Coparmex, en un diagnóstico sobre este fenómeno sociocultural cuestiona que en México se le apostó a la creación y acumulación de controles, informes y reportes para evitar las posibilidades de que hubiera corrupción. Sin embargo, esta estrategia ha mostrado sus limitaciones.
Allí está el caso de Wal-Mart, que apenas en el año 2009 emprendió un proceso de renovación tanto de su imagen que incluyó el cambió de logo y el nuevo lema de la marca: “Ahorra Dinero. Vive Mejor”. Pero en el fondo el código de ética de Wal-Mart sigue siendo el de la corrupción, como la demostrado The New York Times.
En México proliferan este tipo de supermercados gracias a la corrupción. Muchos de estos establecimientos han sido construidos mediante permisos ilegales a cambio de sobornos a funcionarios. No son los únicos ni los primeros. El caso es que las revelaciones del poderoso The New York Times ha exhibido al gobierno mexicano como un país donde a cambio de “mordidas” se violan las leyes más elementales.
No está por demás señalar que la corrupción en México es el deporte nacional por excelencia. Lamentablemente México es un país enfermo. Donde quiera que ponga uno el dedo brota la pus de la corrupción.
De acuerdo al NYT la subsidiaria en México de Wal-Mart pagó sobornos hasta por 24 millones de dólares para ganar el dominio en el mercado mexicano. La investigación del rotativo identificó a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como “fuerza motora detrás de los años de soborno”, aunque apuntó que hubo cohechos ocasionales antes de su llegada a la compañía en 2002.
La denuncia fue presentada por Sergio Cícero Zapata, ex abogado de bienes raíces de Wal-Mart, quien indicó que la firma usó los sobornos para facilitar “cambios de zonas en los mapas, hicieron desvanecer objeciones ambientalistas, permisos que típicamente toman meses para su proceso, mágicamente se materializaron en días”.
Cícero denunció que las prácticas de cohecho estimuladas por Castro-Wright eran parte de una estrategia expansiva de negocios, para construir cientos de nuevas tiendas tan rápido que sus competidores no tuvieran tiempo de reaccionar.
“El ex ejecutivo dio nombres, fechas y montos de los sobornos, él sabía mucho, explicó que por años fue el abogado a cargo de obtener los permisos de construcción para Wal-Mart de México”, indicó el rotativo.
Incluso familiares de personajes como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; la primera dama del país, Margarita Zavala y el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano, salieron inmiscuidos en el escándalo, pues varios de ellos pertenecían a la plantilla laboral de dicha empresa.
El NYT mencionó que la compañía, con sede en Bentonville, Arkansas, inició una investigación interna luego que Cícero Zapata informara en septiembre de 2005 sobre la campaña de cohechos para obtener permisos en “virtualmente cada rincón del país”.
Un investigador nombrado por Wal-Mart, ex agente de
No es ninguna novedad las revelaciones del NYT que han exhibido al gobierno mexicano, lo lamentable es el grado de impunidad. Es innegable que las acciones de Wal-Mart se han devaluado en las bolsas, pero en México no pasa nada, nadie ha sido sancionado. México es el paraíso de la impunidad.
Lo anterior revela que la corrupción ha invadido todos los sectores sociales y que muchas empresas privadas han florecido al amparo de este fenómeno que corroe al país en su conjunto.
México, que es campeón de los tratados internacionales, es de los firmantes de
El problema en nuestro país es que la corrupción ha alcanzado dimensiones impresionantes, tanto que uno de los principales centros de educación superior de más prestigio en el país, el Tecnológico de Monterrey, realizó un estudio que tituló La corrupción-gobierno-empresas en México. La investigación arrojó datos reveladores. Por ejemplo, estableció que 62 por ciento de las compañías que operan en México admiten que destinan una porción de sus ingresos a pagar sobornos a funcionarios públicos para obtener algún beneficio.
El estudio, que se basó en encuestas a 3 mil 985 compañías, tanto nacionales como extranjeras, demoró un año y costó 430 mil dólares. El coordinador de la investigación, el doctor René Zenteno, que pertenece al Centro de Estudios Estratégicos del TEC, en su análisis indica que la corrupción que existe en el sistema económico representa un serio problema para el entorno productivo del país, al grado de que todas empresas que admiten pagar sobornos, el 81 por ciento hace desembolsos ilegales para “agilizar permisos” y el 79 por ciento “corrompe a funcionarios” para facilitar la conexión de servicios públicos.
Asimismo, el 82 por ciento otorga dinero para “evitar molestias” de inspectores, mientras que el 52 por ciento lo hace para obtener contratos gubernamentales. La investigación del TEC contó con la asesoría del Banco Mundial y de varias instituciones académicas de Estados Unidos, como las universidades de Yale y de California.
Hay que destacar que esta es la primera vez que se hace un estudio tan amplio sobre la corrupción en México. María Reyes, que también pertenece al Centro de Estudios Estratégicos del TEC y que participó en el trabajo de investigación al comentar algunos pormenores de la investigación, refirió que se habló con los directivos o los dueños de las compañías y, cuando eso no era posible, con algún representante designado.
Para el Centro de Estudios Estratégicos del TEC, uno de los propósitos que animaron el estudio en cuestión fue que los mexicanos tuvieran una fotografía del problema de la corrupción, como si fuera el diagnóstico de una enfermedad. Fue así que la investigación reveló que las grandes compañías reconocen que destinan hasta el 8.5 por ciento de sus ingresos para influir en la modificación de leyes, regulaciones o trámites que las beneficien.
Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, gastan un promedio de 5.2 por ciento en pagos ilegales a funcionarios.
Con base a esta investigación que abarcó a empresas de los 32 estados del país, se pudo cotejar que lo que se refiere a licitaciones públicas y corrupción el 22 por ciento del gasto público se destina a contrataciones gubernamentales. Del total de recursos públicos destinados a realizar contrataciones gubernamentales, 30 por ciento se destina a la corrupción.
Algunos expertos estiman que los actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales (no sólo en compras y obras públicas), lo que representa entre 3 y 4 por ciento del Producto Interno Bruto, algo así como el 10 por ciento de los impuestos recaudados.
Los sectores empresariales han salido al paso para cuestionar el lastre de la corrupción. La más representativa de estas organizaciones, Coparmex, en un diagnóstico sobre este fenómeno sociocultural cuestiona que en México se le apostó a la creación y acumulación de controles, informes y reportes para evitar las posibilidades de que hubiera corrupción. Sin embargo, esta estrategia ha mostrado sus limitaciones.
Allí está el caso de Wal-Mart, que apenas en el año 2009 emprendió un proceso de renovación tanto de su imagen que incluyó el cambió de logo y el nuevo lema de la marca: “Ahorra Dinero. Vive Mejor”. Pero en el fondo el código de ética de Wal-Mart sigue siendo el de la corrupción, como la demostrado The New York Times.
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*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de
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