Josefina Aguilar Pastor/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., octubre 08 de 2018 (NOTYMAS). Hasta el 30 de este mes de octubre, se cumple el plazo para que las nuevas administraciones municipales, denuncien alguna anomalía o irregularidad que hayan detectado, las autoridades salientes, tienen la obligación de aclarar cualquier situación, de lo contrario, podrían ser sancionadas informó el titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Gerardo Loria Casanova.
El funcionario estatal, dio a conocer que al concluir las administraciones del periodo 2015-2018, firmaron 80 actas de entrega-recepción excepto en el municipio de Cochoapa, donde todavía no se declara quien se hará cargo, el resto se firmaron, dos de ellas, Tecoanapa y Ayutla de los Libres, fueron circunstanciadas al no acudir las autoridades salientes.
Precisó que en el caso de Ayutla, tuvieron que orientar a las nuevas autoridades representantes, tres de distintas etnias, quienes se negaban a recibir la administración en tanto no hubiese una auditoría de por medio, “pero es su obligación recibir”, recalcó el contralor, quien refirió que todas las nuevas administraciones, a partir del primero de este mes de octubre, tienen hasta 30 días hábiles, para que en la medida que revisen por área la información que les entregaron, soliciten la información requerida.
Para ello explicó Loria Casanova, la Contraloría convoca a una junta de aclaración, a la que citan tanto al que entregó como al que recibió, levantan un acta y observan los puntos que requieren información, en caso de no ser satisfactoria, les dan un plazo dependiendo del caso que sea para entregar la documentación, de no ser así, iniciarían un procedimiento, administrativo en su contra.
La ley anticorrupción, establece tres etapas, investigación, sustanciación y solventación, en caso de no solventar, inician un proceso de carácter administrativo, pueden sancionar con inhabilitaciones, si presumen que hay un daño económico al erario, dan parte a la fiscalía especializada contra la corrupción. Hay hechos graves que tiene una tiene prescripción de 5 a 10 años como obras reportadas comprobando recurso federal y que no existan; es considerada muy grave porque hay un desvío de recurso federal y tanto la auditoría superior de la federación y la función pública las observan como obra pagadas no ejecutadas, y son observaciones muy delicadas, subrayó Loria Casanova.
Respecto a los vídeos distribuidos en redes sociales de distintos municipios donde se muestran los ayuntamientos saqueados, que de alguna forma constituyen una denuncia antes de que se cumplan estos 30 días, el contralor comentó que de manera oficial no han recibido ninguna queja, sin embargo justificó que el hecho de que se hayan firmado las 80 actas de entrega recepción, habla de una conciencia importante de este proceso que indicó, es nuevo, luego de que años atrás, los nuevos presidentes municipales no encontraban absolutamente nada, ni un clip.
Loria Casanova destacó que a quien más le conviene, es a quien entrega porque se deslinda de responsabilidad, “que diga esta obra no la termine, pero aquí están las causas, aclarar las cosas para que no lleguemos a lo que era antes, que cada tres años se reinventaban los municipios”. (www.notymas.com)
