Josefina Aguilar
Pastor/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro.,
abril de 2015. Lambertina Galeana Marín, Magistrada
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), avaló el uso de la fuerza
pública para “restablecer el orden”, al interior del ámbito judicial, afirmó
que los paristas rechazaron el dialogo y la negociación pacifica, lo que los
llevo a ser desalojados violentamente.
Tras el violento desalojo de que fueron objeto,
trabajadores del poder judicial, que desde hace un mes mantenían tomadas las
distintas sedes en respuesta a diferentes demandas, al medio día del pasado
miércoles, la Magistrada Presidenta del TSJ, ofreció una conferencia de prensa,
en la que justificó esta acción.
De manera atropellada, como ella lee, Galeana Marín, dio
lectura a un posicionamiento sobre los hechos, en el que hizo una reseña del
movimiento parista, iniciado desde el 11 de marzo pasado, con el que la base
trabajadora pedía un 35 por ciento de incremento salarial, además de
obstaculizar la impartición de la justicia, impedir que jueces, magistrados y
demás personal ingresara a las oficinas a realizar sus labores.
Aseguro que desde el primer momento trató de dialogar con
los inconformes, quienes siempre se negaron a ceder, a pesar de que ella como
titular del TSJ, buscó recursos adicionales con el gobierno del Estado para
ofrecer un incremento del 10 por ciento que no fue aceptado.
Debido a esta cerrazón de parte de los paristas, es que
este miércoles con el apoyo del gobierno del Estado, “se recuperaron las
instalaciones y algunos de los Palacios de Justicia”, informó la Magistrada, entre
ellos, los de Caleta en Acapulco, Zihuatanejo, Iguala y Chilpancingo.
Cuestionada sobre la justificación para el uso de la
fuerza pública en contra de los paristas, la Presidente del TSJ subrayó “lo que
pasa es que se tiene que restablecer el orden, se tiene que restablecer”,
reconoció que la vía idónea sería el dialogo pero justificó “estas gentes no
han querido hablar con nosotros, desgraciadamente nos han dejado plantados”.
En cuanto a las acusaciones de nepotismo, Galeana Marín,
dijo que la ley del poder judicial ni siquiera contempla esa figura, reconoció
que su hija si colabora con ella como su secretaria particular, “pero el líder
Adalberto tiene a su esposa a su hermana a su sobrino”, además de
que si la gente está calificada y pasa los filtros de los exámenes
correspondientes no importa que sean familiares, justificó.
En cuanto a los señalamientos de salarios estratosféricos
de magistrados y jueces, la presidenta del TSJ, reveló que ella percibe un
salario de 38 mil pesos mensuales, negó que los secretarios de acuerdo perciban
2 mil pesos de sueldo, sino, 24 mil pesos, los proyectistas ganan más de 22 mil
pesos, los proyectistas de sala, más de 35 mil pesos mensuales “no es cierto
que sus sueldos son de 2 mil pesos y todos tienen bono en el poder judicial y
bonos jurisdiccionales. Ellos saben que tienen bonos” comentó.
Su hija no gana 34 mil pesos, obtiene un salario administrativo de poco más
de 3 mil pesos, aseguró.
Version oficial del Gobierno del Estado
Por su parte
el Gobierno del Estado informó con
relación a los hechos ocurridos la mañana de este miércoles 8 de abril, en
donde elementos de la Policía Estatal ingresaron a los inmuebles del Poder
Judicial, pues se aclara en un boletín de prensa que solo se actuó a petición
de los encargados del Poder Judicial que desde hace mas de un mes se
encontraban suspendidas las actividades en algunas oficinas dispersadas en
varias partes de la entidad.
Esta acción
se registró de manera coordinada entre el gobierno del Estado y el propio
Tribunal Superior de Justicia, quien solicitó la intervención de la Fuerza
Estatal para resguardar los inmuebles y el ingreso de la Policía Estatal se
hizo por accesos alternos, acompañados por trabajadores del Tribunal Superior
de Justicia y sin confrontarse con los paristas.
Reconocemos
que éste es un conflicto laboral entre el Poder Judicial y sus trabajadores de
confianza, sin embargo, con el ánimo de contribuir a darle solución el
gobernador Rogelio Ortega Martínez unicamente sirvió como intermediario y negociador
y se hicieron diversas ofertas a los inconformes, quienes no aceptaron llegar a
acuerdos, agotándose la posibilidad del diálogo.
El gobierno
del Estado reconoce el derecho que tienen los trabajadores de manifestarse
libremente y se ha insistido en que las inconformidades deben canalizarse por
la vía y mecanismos legales. La impartición de la justicia es un derecho
constitucional de los guerrerenses que debe garantizarse como vía para la
convivencia social.
