miércoles, 8 de abril de 2015

Presidenta del TSJ avaló el desalojo de los trabajadores para “restablecer” el orden en el Poder Judicial


Josefina Aguilar Pastor/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., abril de 2015. Lambertina Galeana Marín, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), avaló el uso de la fuerza pública para “restablecer el orden”, al interior del ámbito judicial, afirmó que los paristas rechazaron el dialogo y la negociación pacifica, lo que los llevo a ser desalojados violentamente.
Tras el violento desalojo de que fueron objeto, trabajadores del poder judicial, que desde hace un mes mantenían tomadas las distintas sedes en respuesta a diferentes demandas, al medio día del pasado miércoles, la Magistrada Presidenta del TSJ, ofreció una conferencia de prensa, en la que justificó esta acción.
De manera atropellada, como ella lee, Galeana Marín, dio lectura a un posicionamiento sobre los hechos, en el que hizo una reseña del movimiento parista, iniciado desde el 11 de marzo pasado, con el que la base trabajadora pedía un 35 por ciento de incremento salarial, además de obstaculizar la impartición de la justicia, impedir que jueces, magistrados y demás personal ingresara a las oficinas a realizar sus labores.
Aseguro que desde el primer momento trató de dialogar con los inconformes, quienes siempre se negaron a ceder, a pesar de que ella como titular del TSJ, buscó recursos adicionales con el gobierno del Estado para ofrecer un incremento del 10 por ciento que no fue aceptado.
Debido a esta cerrazón de parte de los paristas, es que este miércoles con el apoyo del gobierno del Estado, “se recuperaron las instalaciones y algunos de los Palacios de Justicia”, informó la Magistrada, entre ellos, los de Caleta en Acapulco, Zihuatanejo, Iguala y Chilpancingo.
Cuestionada sobre la justificación para el uso de la fuerza pública en contra de los paristas, la Presidente del TSJ subrayó “lo que pasa es que se tiene que restablecer el orden, se tiene que restablecer”, reconoció que la vía idónea sería el dialogo pero justificó “estas gentes no han querido hablar con nosotros, desgraciadamente nos han dejado plantados”.
En cuanto a las acusaciones de nepotismo, Galeana Marín, dijo que la ley del poder judicial ni siquiera contempla esa figura, reconoció que su hija si colabora con ella como su secretaria particular, “pero el líder Adalberto tiene a su esposa a su hermana a su sobrino”, además de que si la gente está calificada y pasa los filtros de los exámenes correspondientes no importa que sean familiares, justificó.
En cuanto a los señalamientos de salarios estratosféricos de magistrados y jueces, la presidenta del TSJ, reveló que ella percibe un salario de 38 mil pesos mensuales, negó que los secretarios de acuerdo perciban 2 mil pesos de sueldo, sino, 24 mil pesos, los proyectistas ganan más de 22 mil pesos, los proyectistas de sala, más de 35 mil pesos mensuales “no es cierto que sus sueldos son de 2 mil pesos y todos tienen bono en el poder judicial y bonos jurisdiccionales. Ellos saben que tienen bonos” comentó.
Su hija no gana 34 mil pesos, obtiene un salario administrativo de poco más de 3 mil pesos, aseguró.



Version oficial del Gobierno del Estado
Por su parte el Gobierno del Estado  informó con relación a los hechos ocurridos la mañana de este miércoles 8 de abril, en donde elementos de la Policía Estatal ingresaron a los inmuebles del Poder Judicial, pues se aclara en un boletín de prensa que solo se actuó a petición de los encargados del Poder Judicial que desde hace mas de un mes se encontraban suspendidas las actividades en algunas oficinas dispersadas en varias partes de la entidad.
Esta acción se registró de manera coordinada entre el gobierno del Estado y el propio Tribunal Superior de Justicia, quien solicitó la intervención de la Fuerza Estatal para resguardar los inmuebles y el ingreso de la Policía Estatal se hizo por accesos alternos, acompañados por trabajadores del Tribunal Superior de Justicia y sin confrontarse con los paristas.
Reconocemos que éste es un conflicto laboral entre el Poder Judicial y sus trabajadores de confianza, sin embargo, con el ánimo de contribuir a darle solución el gobernador Rogelio Ortega Martínez unicamente sirvió como intermediario y negociador y se hicieron diversas ofertas a los inconformes, quienes no aceptaron llegar a acuerdos, agotándose la posibilidad del diálogo.
El gobierno del Estado reconoce el derecho que tienen los trabajadores de manifestarse libremente y se ha insistido en que las inconformidades deben canalizarse por la vía y mecanismos legales. La impartición de la justicia es un derecho constitucional de los guerrerenses que debe garantizarse como vía para la convivencia social.




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