Josefina
Aguilar Pastor/NOTYMAS
Chilpancingo,
Gro., septiembre 06 del 2015 (NOTYMAS).– El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a
petición del gobierno mexicano para analizar el caso, cuestionó públicamente, y
puso en tela de juicio, en un informe de más de 500 páginas, la investigación
realizada por el Procuraduría General de la República (PGR), sobre la
desaparición de los 43 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, en septiembre
del año pasado en Iguala.
En un informe rendido en la ciudad de
México y transmitido vía internet, el GIEI, puso en entre dicho, la versión
del gobierno federal, de que los 43, habrían sido incinerados en un
tiradero del municipio de Cocula, ello, de acuerdo a supuestas declaraciones
hechas por integrantes de la banda “Guerrero Unidos”, detenidos como
presuntos responsables de estas desapariciones y el asesinato de otras seis
personas más durante los hechos.
De acuerdo a sus investigaciones, el GIEI,
sostiene que no hay evidencias de que un fuego de esa magnitud haya
ocurrido ni que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero. Además
de que no hicieron todo lo posible para localizar a los estudiantes y de que
hubo hechos no investigados, evidencias destruidas y se cometieron errores.
Esto se deriva, del peritaje independiente
realizado por el experto peruano José Torero, de la Universidad de
Queensland (Australia) y miembro de la Academia Australiana de Tecnología e
Ingeniería, solicitado por el GIEI, quien concluyó que "no existe
ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que los 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula".
De acuerdo con el experto, en los
alrededores del basurero no había combustibles suficientes para cremar cuerpos,
ni siquiera uno. Solo había evidencias de que sólo hubo "fuegos de
pequeñas dimensiones" pero que no se puede saber la fecha en que
ocurrieron.
De las conclusiones el grupo de expertos
destaca que la investigación debe retomarse con nuevas líneas de trabajo, luego
de que esta revisión que realizaron, arrojó nuevas visiones tanto sobre lo
sucedido en la agresión directa sufrida por los normalistas como en su posible
destino posterior.
Sin embargo, el GIEI "lamenta no poder
ofrecer un diagnóstico definitivo de lo sucedido" y espera que el informe
"sea una oportunidad de retomar el rumbo de la investigación". Al
mismo tiempo que reconoce que el destino de los normalistas "es aún
incierto".
Los expertos han pedido seis meses más para
continuar con la investigación.
El Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes está integrado por: Carlos Beristáin, experto
español en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos;
Ángela Buitrago, colombiana, abogada, ex fiscal ante la Corte Suprema de
Justicia y experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos; el abogado chileno Francisco Cox Vial, quien trabajó en apoyo de la
extradición del dictador Augusto Pinochet a España, Claudia Paz y Paz, abogada
guatemalteca, especializada en derecho penal, jueza durante 18 años,
responsable del primer juicio al expresidente Efraín Ríos Montt, y Alejandro
Valencia Villa, experto en derechos humanos, consultor de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (NOTYMAS)
