Chilpancingo, Gro., enero del 2015. Recientemente supuestos estudiantes
normalistas y maestros de la Ceteg irrumpieron en un evento de la Coparmex
Chilpancingo, organizado con el objetivo de capacitar jóvenes universitarios y
emprendedores para detonar proyectos productivos que fortalezcan la economía
regional. El evento tuvo que ser cancelado frente a la irracionalidad de los
violentos, que prendieron fuego a una patrulla, amenazaron y hasta golpearon a
algunos de los asistentes.
Se perdió así la oportunidad de generar
nuevas fuentes de empleo y crecimiento a través de los 200 proyectos que iban a
ser evaluados durante el encuentro, y una derrama que se estimaba en 3 millones
de pesos, para beneficio de toda la sociedad guerrerense.
En otros Estados, como Oaxaca, Chiapas y
Michoacán, pequeños grupos que utilizan la violencia como herramienta política
y de beneficio particular, también están dañando profundamente la convivencia
pacífica, el derecho de las personas a transitar sin obstáculos y sin miedo por
las calles, las carreteras y los aeropuertos; el derecho de las personas que
cada día salen a trabajar y a buscar el sustento de sus familias, a manejar un
camión de mercancías, realizar un trámite municipal, obtener su credencial de
elector o participar en un evento público sin temor a ser agredidos.
En el 2014, los socios de Coparmex reportaron
el robo de 188 unidades de pasajeros; 217 tripulaciones y vehículos afectados;
4 mil 337 ilícitos en contra de la industria de alimentos, de los cuales 65
fueron robos de vehículos y los demás robo a camiones repartidores; 37 robos en
la cadena de proveeduría y 44 manifestaciones violentas y dos saqueos en
tiendas de autoservicios.
Frente a una autoridad tolerante, los
empresarios y los ciudadanos vemos con gran preocupación la impunidad con la
que se manejan quienes quieren imponer sus agendas por la fuerza. En un país
democrático, jamás la violencia puede aceptarse ni naturalizarse como
herramienta de presión. La inacción de las autoridades, que consienten así la
prerrogativa de unos pocos de aterrorizar a toda una sociedad, es inaceptable y
profundiza la crisis de confianza en las instituciones.
Los empresarios de todo el país reunidos en
Coparmex plantearon esta preocupación y exigencia al Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, en una reunión mantenida en días pasados. El
Secretario se comprometió a reestablecer el Estado de Derecho, y mantener
reuniones personales de seguimiento con el sector empresarial de los Estados
más afectados por la violencia y la inseguridad, como Guerrero, Oaxaca y
Tamaulipas.
La responsabilidad es compartida entre los
tres órdenes de Gobierno, y los presidentes municipales y gobernadores deben
también dar una respuesta clara y contundente de cara a la sociedad que exige
¡ya basta de violencia!
Debemos evitar que la violencia impida
comicios limpios y transparentes, y contamine el proceso electoral que ya está
en marcha en todo el país. Realizarlo bajo condiciones de seguridad y respeto a
la legalidad será fundamental para preservar la democracia participativa, el
ambiente propicio para la inversión, la generación de empleos y el crecimiento
que benefician a todos los mexicanos.
