Sólo justicia
José
Antonio Rivera Rosales
Con la
exposición conclusiva del procurador General de la República, Jesús Murillo
Karam, el gobierno de la república pretende cerrar este capítulo de la historia
por la vía de los hechos, con el fin aparente de que la población agraviada
inicie un proceso de duelo que permita aminorar la protesta social y, por consiguiente,
pasar a la siguiente etapa de la agenda pública que se centra en la preparación
de los comicios del 2015.
Sin embargo, quedan muchas dudas en el aire
respecto de la conclusión a la que llegó la PGR mediante la tan llevada y
traída investigación en la que participaron nada menos que diez mil efectivos
de las fuerzas federales, entre personal de tropa, peritos, agentes de
inteligencia y agentes del Ministerio Público Federal.
Tan sólo en las últimas horas mucha tinta se
ha vertido para analizar la factibilidad técnica de lo expuesto por Murillo
Karam, lo que permeó en primera instancia en las incisivas preguntas de los
reporteros presentes en la rueda de prensa del titular de la PGR celebrada el
pasado viernes en la Ciudad de México.
Algunas de esas dudas, mutadas en
interrogantes, podrían ser:
-¿Cuántas personas armadas se necesitaron en
esa fatídica noche para capturar a 43 estudiantes, oriundos en su gran mayoría
de zonas rurales, que después del tiroteo se dispersaron a tontas y a locas por
toda la ciudad de Iguala? ¿Cómo fue posible que los capturaran a todos, sin
faltar uno solo?
-¿Cómo es posible que ninguno de los
jóvenes, que en las zonas rurales se transportan usualmente en camionetas de
redilas, hayan podido saltar de un vehículo similar en el que eran
transportados al matadero?
-¿Cómo fue posible que ninguno haya escapado
en la zona del tiradero, que es un área agreste, cuando en sus lugares de
origen corren como venados en terrenos difíciles para cualquier habitante de
ciudad?
-¿Cuál es la temperatura que se necesita
para calcinar 43 cuerpos en una hoguera?
-¿Como planteó la colega Leticia Pineda, de
AFP, cómo fue posible que tamaño holocausto, en una zona montañosa y de noche,
no haya sido visto por los habitantes de Cocula?
Pareciera que el interés del gobierno
federal radica en cerrar este amargo capítulo en el que con seguridad saldrán
más que raspados muchos políticos tanto de la izquierda partidaria como de los
tres órdenes de gobierno.
Tienen razón los padres y familiares de
normalistas en mantener su demanda de búsqueda hasta que pruebas periciales
científicas, realizadas por agentes ajenos al Estado mexicano, confirmen que
efectivamente ahí murieron los muchachos, todos ellos de edades que fluctuaban
entre 18 y 21 años.
Tiene razón la sociedad civil que ha
protestado dentro y fuera de México para que aparezcan con vida los jóvenes
estudiantes, fenómeno masivo que ha catalizado el dolor, el horror y el miedo
silente que ha sufrido la sociedad mexicana en los últimos 15 años de guerra
contra la delincuencia organizada y de los cárteles entre sí, violencia que en
los últimos años se volvió en contra de las familias mexicanas.
Si damos por hecho el carácter conclusivo
del informe de Murillo Karam, entonces cabe preguntar qué es lo que va a pasar.
Es aquí donde se impone un solo
planteamiento, una sola demanda: Justicia.
Pero esa justicia debe aplicarse a secas,
sin adornos de ningún tipo.
En ese sentido, deben ser llevados ante la
justicia en primera instancia quienes incurrieron en omisión en la PGR del
gobierno de Felipe Calderón tanto como la PGR de Enrique Peña Nieto.
Sería ingenuo suponer que no fluyó dinero a
manos llenas entre los funcionarios federales para volver al rostro hacia otro
lado cuando se trataba de cazar a los criminales: si el infame José Luis Abarca
hubiera sido encausado antes, lo de Iguala no hubiera sucedido nunca.
Deben ser llevados ante la justicia quienes
estaban al mando de la Policía Federal acantonada esa noche en Iguala.
Deben ser llevados ante la justicia quienes
estaban al mando de los policías ministeriales del Estado y de los policías
estatales estacionados en esa ciudad, que se enteraron del zafarrancho y se
abstuvieron de actuar.
Deben ser llevados ante la justicia los
mandos del 27 Batallón de Infantería que también se abstuvieron de actuar esa
noche aciaga.
Pero, sobre todo, deben ser llevados ante la
justicia los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que
abrieron las puertas al matrimonio Abarca-Pineda, lo apadrinaron y lo
defendieron a capa y espada, ante las instancias de ese partido, para que
ocuparan la alcaldía de Iguala.
Esos dirigentes, repudiados hoy por la
sociedad, son: Lázaro Mazón Alonso, Jesús Zambrano Grijalba, Carlos Reyes
Torres, Víctor Aguirre Alcaide, Evodio Velázquez Aguirre, Bernardo Ortega
Jiménez y otros. (En reciente entrevista de prensa, David Jiménez Rumbo, otro
enfermo mental metido a político, se desmarcó de la decisión dado que, dijo, su
candidato era otro y fue mayoriteado por sus compañeros líderes de corrientes).
La indagatoria deberá incluir también al
senador Armando Ríos Piter, quien negó su relación con Abarca pero fue
desmentido tajantemente por un video donde se observa más que comprometido con
el ex alcalde.
Para responder cabalmente ante la sociedad
mexicana, la PGR está obligada -con auxilio de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda- a investigar la ruta del dinero. Es
decir, revisar en retrospectiva los recursos utilizados tanto en las campañas
de proselitismo de 2012 como en gastos personales y familiares de los aludidos,
lo que de ningún modo debe excluir a Andrés Manuel López Obrador, vinculado al
caso por vía de su operador político en Guerrero, Lázaro Mazón Alonso.
A todo esto hay que destacar que José Luis
Abarca no sólo fue postulado por el PRD, sino por una coalición de la que
formaron parte activa el Partido del Trabajo y otras expresiones politicas,
cuyos líderes estatales -que ahora fingen demencia- igualmente deben ser
investigados.
Para que en caso de que en la indagatoria se
compruebe responsabilidad en Ríos Piter y otros, todos deben ser desaforados y
presentados ante los tribunales.
Pero la investigación no sólo debiera
centrarse en los partidos de la falsa izquierda: Tienen lo suyo otros partidos
como el Revolucionario Institucional (PRI) que postuló como candidato a
diputado al delincuente Olaguer Hernández, así como Acción Nacional (PAN), que
convirtió en alcaldesa de Tierra Colorada a Elizabeth Paz Gutiérrez, otro
personaje ligado al crimen organizado.
La justicia no debe tardar, o encontrará un
país en llamas.
