Juan
López
Ateridos, desde que los jóvenes provenientes
de la Normal de Ayotzinapa fueron masacrados en Iguala, en Guerrero se vive el
terror de estas circunstancias. No ha bajado el rigor de la violencia. La
vorágine nos envuelve en su turbulencia como si hubiésemos perdido la
orientación en una sociedad que no quiere reencontrar los cauces de la
legalidad.
El incendio provocado ex profeso en el
Palacio de Gobierno en Chilpancingo se equipara a los perversos actos de la
represión de los policías en Iguala. Aquellos cometidos por polizontes
uniformados. Éstos a manos de “estudiantes” que fingen desquite y se hacen
justicia por mano propia.
El remolino de venganza a todos nos arrasa.
No existe en ninguna ordenanza civil, violencia mala o violencia buena. Todo evento
que cancele las posibilidades humanitarias de convivencia de una comunidad
regida por las Instituciones y el Derecho, no puede sobrevivir en condiciones
tan hostiles.
¿Es tan alto el precio de la paz? ¡que no
podamos sostener un equilibrio permanente entre las divergencias de los actores
sociales de la Entidad!. El incendio de un edificio público nos ofrece la
magnitud del odio que prevalece en sus protagonistas. De este tamaño son
rencor, impotencia y resentimiento de quienes agreden, queman y saquean las
oficinas públicas sin detenerse a salvaguardar la integridad física de
empleados, trabajadores burócratas que ninguna culpa tienen en los asuntos que
reclaman los “Ayotzinapos”.
La naturaleza de esta violencia es mucho
más amplia que el simple significado de molestar y dañar. Obedece a signos
sicológicos disparejos. Subyace en el intento, en el alarde de la
conflagración, la incapacidad de los
provocadores de incitar a una sublevación. El Estado -todos sus organismos, sus
recursos, sus facultades-, deben transformar las condiciones “académicas” que
prevalecen en Ayotzinapa y ofrecernos a los guerrerenses la aurora de una
educación profesional en esa escuela, tan digna como la de cualquier otra
universidad en el Estado de Guerrero.
Ayotzinapa no debe
desaparecer como Institución de enseñanza pública, debe ser adaptada a la edad
moderna. Si un decreto presidencial es necesario, puede integrarse como una
Facultad más a la Universidad Autónoma de Guerrero, a fin de dejar de ser una
ínsula de muchachos que en su juvenil desorientación cometen toda clase de
delitos amparados en el falso “fuero” de que son estudiantes de Ayotzinapa.
PD: “Una chispa, puede incendiar la
pradera”: Mao.
