Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro., enero de 2015. Al menos
40 trabajadores con más de 35 años de antigüedad de la Fiscalía General del
Estado fueron suspendidos “arbitrariamente” por el titular de la dependencia,
Miguel Ángel Godínez Muñoz.
Los
trabajadores, en su mayoría fiscales especiales y agentes del Ministerio
Público, solicitaron este martes la intervención del Congreso Local para
frenar “los abusos y arbitrariedades” del citado funcionario.
Entregaron
un oficio al diputado Jorge Camacho Peñaloza, presidente de la Comisión de
Justicia, para que acuda a una reunión que sostendrán esta semana para analizar
sus despidos injustificados de los afectados.
María
Guadalupe Rendón, fiscal especializada de la Fiscalía Estatal, denunció en
entrevista con Agencia IRZA una seria de “anomalías” desde la llegada de
Godínez, quien además ha ignorado su petición de diálogo.
Explicó
que el fiscal ordenó suspender el sueldo de al menos 40 funcionarios a partir
del 15 de este mes. Aunque no les notificaron oficialmente su baja, Godínez
Muñoz ya designó a sus sucesores.
Dijo que
las destituciones han sido en todas las áreas, principalmente en Servicio
Periciales, Policía Ministerial, Ministerio Público, directivos y jefes de
departamentos de la Fiscalía Estatal.
“Contratan
personal sin cubrir requisitos que establece el Sistema Nacional de Seguridad
Pública cuando la ley establece cubrir de cinco a seis exámenes; psicométrico,
médico, de conocimientos y todo eso no lo han hecho”.
Agregó
que algunos empleados y trabajadores destituidos en otras administraciones por
no aprobar los exámenes de control y confianza están siendo recontratados por
el fiscal estatal, principalmente en Acapulco.
“Hemos
entablado diálogo con el gobernador. Desde el primer momento en que nos
presentamos con él, ha habido atención, hay diálogo con él y por esa vía
queremos solucionar esto, no queremos ninguna otra represalia.
“De por
si el Estado está en una situación difícil y no se trata de confrontar aún
más”, dijo la funcionaria suspendida.
“Estamos
aquí porque el Congreso designó al fiscal y queremos su intervención para que
ya se pare esta situación, somos trabajadores con antigüedad. Si el fiscal no
nos quiere trabajando allí que nos liquide conforme a derecho y no queremos
ocasionarle a él ni al Estado ningún problema”, externó.
Guadalupe
Rendón no descartó presentar una demanda laboral colectiva contra la
institución por la irresponsabilidad del fiscal pese al quebranto financiero
que eso significaría por los más de 35 años de servicio.
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