Chilpancingo, Gro., 18 de septiembre de 2014.- Los servidores
públicos que incurran en algún delito haciendo mal uso de recursos económicos,
serán sancionados con la destitución e inhabilitados por diez años para
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier cargo público.
Así lo señala la Constitución Política
del Estado, después de ser reformada por la 60 Legislatura con el propósito de
fincar responsabilidades a las personas que están en la administración pública
y que cometan actos u omisiones que afecten el patrimonio del estado
o de los municipios.
En la nueva Constitución se señala que
los servidores públicos en materia de responsabilidad política, penal,
administrativa y civil, serán sancionados cuando incurran en una violación grave
a los planes, programas y presupuesto de la administración pública federal,
estatal o municipal.
También serán sancionados cuando ataquen
o alteren a las instituciones democráticas, a la libertad, usurpación de
atribuciones o abandono del cargo que se encuentre desempeñando en las
instituciones públicas.
Se destaca que además de los diputados
del Congreso local, también serán sujeto de responsabilidad política el
Gobernador del Estado, secretarios de despacho, el Contralor del Estado, los
presidentes, síndicos y regidores de los ayuntamientos, así como los titulares
de las dependencias, entidades u organismos de la administración pública
estatal o municipal.
Cabe mencionar que la responsabilidad
política se continúa mediante el juicio político ante la Comisión Instructora
del Congreso del Estado y en caso de que la resolución sea absolutoria a favor
del acusado este continuará en funciones de su cargo público.
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