Fernando
Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro., septiembre 22 de 2014
(IRZA).- En los próximos días la Comisión Instructora del Congreso Local dará a conocer el predictamen del juicio político que solicitó la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa y en el
cual se establece que “sí hubo responsabilidades” de funcionarios públicos en
el desalojo violento de normalistas.
Aunque el diputado Omar
Jalil Flores Majul, presidente de la citada comisión, se negó a adelantar el
sentido del documento por respeto a sus compañeros, dijo que en esos hechos
hubo “acciones y omisiones” que redundaron en perjuicio del interés público.
En entrevista con Agencia
IRZA, el legislador priista confió que derivado del antecedente se actúe
responsablemente para que no se repitan episodios similares que “vuelvan a
enlutar al Estado de Guerrero”.
Explicó que el predictamen
contempla varios puntos y recomendaciones a la CNDH, a la Policía Federal y a
las instituciones del gobierno estatal. “Vale la pena analizarlo, no es
sencillo establecer una sola postura. Es el contenido de toda la investigación
que pudo hacer esta Comisión Instructora”.
Cabe mencionar que en el
desalojo ocurridos la tarde del 12 de diciembre del 2011 cayeron abatidos los
estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Unos 20
normalistas más fueron detenidos y golpeados en los separos de la Procuraduría
General de Justicia (PGJE).
En entrevista Flores Majul
advirtió que el tema “se puede politizar”, pero confió que en sus compañeros de
comisión prevalecerá la disposición por establecer una respuesta congruente a
la ciudadanía por encima de los intereses políticos que pueda haber.
“Esperemos que mis
compañeros diputados tengan ese voto de confianza y la disposición de que se
llegue a la verdad de los hechos y acontecimientos tan lamentables”, acotó, y
adelantó que en su caso defenderá el sentido del predictamen porque “ha costado
mucho trabajo elaborarlo”.
“Creo que es importante
conocer la verdad de estos lamentables acontecimientos para que no se vuelvan a
repetir en Guerrero”, insistió el legislador priista.
Informó que desde hace un
mes tiene listo el predictamen en 250 fojas como resultado de las
comparecencias que llevó a cabo con los implicados en esos hechos, entre ellos,
el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, y el ex procurador,
Alberto López Rosas.
Expuso que “tratamos de
hacer un trabajo pulcro y transparente” para conocer la verdad de los hechos en
apego a la recomendación que emitió la CNDH y que entre otras cosas solicita
juicio político contra Almonte Borja y López Rosas por “su probable
responsabilidad en los hechos”.
Precisó que la Comisión
Instructora no recurrió al expediente judicial que integró la PGJE en relación
a los hechos y que está basado en las pruebas y elementos que proporcionaron
las partes involucradas durante la etapa de comparecencias, porque además no
son una instancia investigadora.
Algunos diputados
consultados por separado coincidieron que el predictamen de este caso se dé a
conocer públicamente y con la presencia de los medios de comunicación como se
ha hecho en otros ejercicios y trámites legislativos para darle mayor
transparencia, confianza y credibilidad al trabajo de la Comisión Instructora.
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