Pide Coddehum al gobernador brindar medidas cautelares a familiares y miembros de la UPOEG

Chilpancingo, Gro., 12 de febrero de 2013 / ANG.-  La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) solicitó al gobernador Ángel Aguirre Rivero, su  intervención para brindar Medidas Cautelares a favor de familias,  dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones  del Estado de Guerrero (UPOEG), así como de los policías ciudadanos de Ayutla de los Libres.

Dichos dirigentes solicitaron se les proporcionen medidas cautelares para el resguardo de su integridad física y de sus familias, toda vez que aseguraron que sus vidas se encuentran en peligro, a partir de que se organizaron para resguardar sus bienes, su tranquilidad y  su estabilidad familiar de manera directa, ante la escaza presencia de la autoridad encargada de garantizar la seguridad tanto municipal, Estatal y Federal.

Por tal motivo la Coddehum, a través de su presidente Juan Alarcón Hernández,  solicitó al Ejecutivo estatal su intervención para que se les brinden medidas cautelares a los miembros de la UPOEG, ya que se corren el riesgo de que sean víctimas de algún atentado a su integridad física y/o psíquica, con motivo de su participación en el movimiento de autodefensa ciudadana originado por la inseguridad pública prevaleciente en Ayutla de los libres y comunidades aledañas.

Las medidas que solicitó la Coddehum son la implementación de medidas administrativas y legales necesarias para garantizar la protección del derecho a la vida e integridad física, moral, mental, patrimonial y social; así como a sus familiares y evitar algún daño de irreparables consecuencias.

Asimismo, derechos humanos pidió girar instrucciones a la Procuradora General de Justicia en el Estado, Marta Elba Garzón, para que se aboque a la investigación de los hechos que motivan la adopción de estas medidas cautelares, sobre todo en lo concerniente a las amenazas perpetradas  en agravio de los dirigentes de la (UPOEG), con el fin de identificar a los responsables y sean puestos a disposición del juez correspondiente.

Finalmente se solicitó que a través de las instituciones de Salud, Procuración de Justicia y DIF-Guerrero se brinde tratamiento médico y psicológico especializado que sea requerido por las víctimas directas e indirectas,  de los hechos presuntamente delictivos por las personas aseguradas o resguardadas por los integrantes del movimiento ciudadano (ANG).