Josefina Aguilar Pastor/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., febrero 28 de 2017 (NOTYMAS).- Los mexicanos, no
confían en ningún tipo de institución, con excepción de las Universidades y el
Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que no creen que sus instituciones
puedan ayudarlos a salir de sus condiciones en que viven ni contribuir en la
recuperación de su paz social con justicia y dignidad, expuso la primera
visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG),
Violeta Parra Reynada.
Al participar como
ponente en el “Foro Académico de Derechos Humanos y Acceso a los Derechos
Sociales”, realizado en el marco de la conmemoración del Centenario de la
Constitución de 1917, la también ex fiscal especializada para la atención de
los delitos electorales (Fepade), expuso, que en México se trabaja en una base
social altamente acostumbrada al asistencialismo.
Pero también con
algunos -afortunadamente cada vez menos-, funcionarios de gobierno que miran a
los ciudadanos desde un pedestal, los ciudadanos viven entre la angustia, la
irritación y la ira, porque apenas si sobreviven gracias a los programas que el
gobierno ofrece pero no hay alternativas concretas, sólidas y estructuradas que
paulatinamente les permita acceder a mejores condiciones de vida.
Hoy más que nunca
indicó la visitadora, se hace evidente que se requiere esfuerzo y voluntad para
construir una nueva forma de relacionarse con y entre los ciudadanos que
permita reconstruir el tejido social pero sobre todo, permita recuperar la
confianza en las instituciones, que a la vista de los resultados, sigue
perdiéndose.
Parra Reynada
refirió, que la empresa Mitofsky, en su encuesta nacional “México Opina”, en
2015, reveló que las universidades, la iglesia y el ejército, gozaban de un
nivel de confianza alto, para octubre de 2016, solamente las universidades; en
el nivel de confianza medio, se situaron la iglesia, el ejército, la CNDH, las
estaciones de radio, los medios de comunicación, los secretarios, el INE y los
bancos, en el rango más bajo de confianza, se ubicaron las cadenas de
televisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Senadores, la
Presidencia, la policía, los diputados, los sindicatos y los partidos políticos
en último lugar.
Aún aquellas
instituciones que se mantuvieron en sus posiciones en la tabla, todas excepto
el INE, mostraron una tendencia a la baja en su credibilidad ante los
ciudadanos, que va del 0.1 de los bancos, hasta el 0.6 de la presidencia, estos
números subrayó, revelan una grave tendencia, “los mexicanos no creen que sus
instituciones puedan ayudarlos a salir de sus condiciones en que viven ni
contribuir en la recuperación de su paz social con justicia y dignidad”.
Al relacionar los
derechos humanos que son inherentes a todos, sin distingo de nacionalidad, lugar de residencia, sexos,
color religión, lengua, y son necesarios para su supervivencia, desarrollo
físico e intelectual, y la convivencia con otros seres humanos, con el esquema
de descredito, refirió que en México no se enseña la materia de derechos humanos
desde la educación básica.
Si acaso, en aquellas
consideradas conexas, como derecho internacional, relaciones internacionales o
ciencias políticas, no se les enseña derechos
humanos a los abogados, a los médicos, a los arquitectos, a los
contadores. A pesar de que todas estas áreas están relacionadas porque tarde o
temprano, todas y cada una de ellas van a diseñar, operar o ejecutar programas
sociales.
Los derechos -económicos,
sociales, culturales y ambientales-, y que se refieren al lugar de trabajo, la
familia, número y esparciamiento de los hijos, la participación en la vida cultural, el acceso a la
vivienda, la alimentación, el agua, la
atención de la salud, la seguridad social y la educación, “aquí podemos ver que
tan importante es la materia de derechos humanos se imparta en las
universidades para que todos y todas estemos enterados que son los derechos
humanos, ahora que sirven, como los podemos emplear para mejorar las
condiciones de vida de nuestros conciudadanos”, subrayó.
Parra Reynada, juzgó
que las dependencias han postergado la adopción de políticas sociales con un
enfoque de derechos humanos, y siguen emprendiendo acciones que no consideran la
desigualdad, la discriminación o la exclusión como actores determinantes de
violaciones a los derechos humanos.
Agregó que
organizaciones sociales no gubernamentales de la sociedad civil organizadas,
han salido a las calles para obtener el acceso a los programas sociales,
exigiendo que dejen de usarse con fines
clientelares y se distribuyan con equidad y justicia, ya que con derechos que
constituyen el primer peldaño para acceder a un correcto nivel de vida, sin
lujos, pero indispensable para el desarrollo integral de las familias.
La visitadora de la
CDHG, afirmó que en este momento, las políticas publicas sustentadas en
derechos humanos, se desconectan de su propósito inicial, por sus trámites
lentos, complicados, o difíciles de entender para la mayoría de las personas y
se alejan de su razón de ser, lo que provoca un rápido deterioro de la relación
gobierno ciudadano. (NOTYMAS).
