Por Miguel Ángel Mata Mata
Acapulco, Gro., agosto del 2015 (Síntesis de
Guerrero).-
Entre el primer semestre del 2014 y el primero del 2015 en Guerrero hubo un
repunte en el número de homicidios dolosos de un 21% al pasar de 780 a 943 de
los que arriba de 400 corresponden a hechos registrados en el puerto de
Acapulco.
En reportajes
y artículos publicados en el diario del Distrito Federal, El Universal, se
revela que mientras a nivel nacional —entre el primer semestre de 2014 y el primero
de 2015— se registró una baja de 1% en el número de homicidios dolosos, de 9
mil 57 a 8 mil 963, en Guerrero hubo un repunte de 21%, de 780 a 943, según los
reportes mensuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
De esta
forma, si los asesinatos en el Estado representaban el 8.6% del total del país
el año pasado, ahora son ya 10.5%. Bastante más, considerando que la entidad no
supera el 3.5% de la población en el país.
Se trata de
un problema que trasciende un simple conteo de asesinatos porque, contrario a
lo que se dijo al inicio de la pugna contra el crimen organizado, los afectados
no son única ni principalmente padecidos por las bandas de delincuentes que se
pelean entre sí, deduce en su artículo editorial el rotativo.
Sin
mencionarlo, el artículo denota que, inclusive, supuestos miembros de policías
comunitarias o militantes de agrupaciones que se dicen líderes sociales,
participan en esta ola de barbarie que deja a la entidad como la mayormente
violenta del país y como uno de las más violentas del mundo entero.
Apenas el 11
de julio pasado, por ejemplo, familiares de tres médicos y un abogado,
desaparecidos el 19 de junio también en Xolapa, protestaron por la decisión de
la Fiscalía estatal de dejar de buscarlos, una vez que, con base en análisis del
ADN, las autoridades asumieron que se trata de cuatro cadáveres encontrados en
el poblado de Santa Bárbara.
Fuentes
confiables de la misma Fiscalía han revelado la posibilidad de que los
profesionistas hayan sido “levantados” por miembros de una agrupación llamada
FUSDEG, que integra a policías comunitarios en las comunidades de Xaltianguis y
El Ocotito, y a quienes se acusa de estar relacionados con el crimen
organizado. La version no ha sido desmentida ni confirmada por las autoridades.
Se asume que
para la fiscalía de Guerrero los asesinos son irrastreables y que las víctimas
tuvieron mala suerte o estuvieron involucradas con sus verdugos. Nunca lo dirá
de manera abierta la autoridad, pero en los hechos es así. Se manda una señal
de resignación.
Por otro
lado, señala en su reportaje extenso y en sus artículos de opinión El
Universal, empresas como Pepsi Cola Femsa cerraron en Arcelia, Iguala y
Chilpancingo; las automotrices Volkswagen y Seat, y Canteras de México, se
retiraron de Iguala.
En abril, el
dirigente nacional de Canacintra, Rodrigo Alpízar Vallejo, declaró que mil 300
compañías han cerrado en Guerrero desde 2014. La matrícula estudiantil de la
Universidad Autónoma de Guerrero ha disminuido.
Con todas
estas cifras, sostiene en su artículo editorial, se confirma que la atención
puesta por la Federación y el gobierno local sobre la seguridad, a partir de la
desaparición de los estudiantes de Iguala, tuvo sólo el objetivo de amainar el
escándalo, mas no de resolver un problema acumulado de tiempo atrás.
“Hay que
recordarlo, señala, en 2013 Guerrero era la zona con más homicidios en el
mundo, sólo por debajo de Honduras. La atención nacional sobre los hechos del
26 de septiembre de 2014 hicieron que mejoraran un poco los índices durante
algún tiempo. Ya no. Para muy poco alcanzó el supuesto impulso reformador”.
Finaliza en
su artículo editorial el influyente periódico que “Pronto habrá una transición
en el gobierno de Guerrero. Héctor Astudillo, ganador en las pasadas elecciones
del 7 de junio, entrará en lugar del interino Rogelio Ortega, quien asumió hace
menos de un año tras la petición de licencia de Ángel Aguirre, justamente por
el caso Iguala. El gobierno federal tiene que aprovechar la coyuntura para
relanzar la abandonada estrategia de seguridad en el Estado. Será más difícil
que en cualquier otra entidad porque hay un componente de resistencia social
inherente a la región, pero la tranquilidad de las familias guerrerenses, que
llevan años sin conocer la paz, vale ese o cualquier otro riesgo político.”
