Este 1 de
diciembre se cumplieron 2 años desde que Enrique Peña Nieto asumió la
Presidencia de la República y, tal como lo fuera durante su administración como
gobernador del Estado de México, la corrupción y la violencia se han agudizado
en el país.
Son
graves los casos de corrupción en los que se ha visto involucrada la pareja
presidencial, así como las desapariciones forzadas de 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; la ejecución extrajudicial de 22 personas
en Tlatlaya, Estado de México, así como los crecientes índices de feminicidios,
homicidios, ataques contra migrantes y múltiples violaciones a los derechos
humanos en diversos incidentes a lo largo del territorio nacional.
En un
país verdaderamente democrático, los descubrimientos de hechos como la Casa
Blanca de las Lomas de Chapultepec, o la residencia que se usó en su campaña y
en el periodo de transición, ambas del grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa;
habrían generado una revisión profunda de las cuentas y de la corrupción o conflictos
de interés del presidente, así como los de su pareja, e incluso habrían
generado la dimisión del mandatario. En México no sucede así, no obstante que
un importante sector pide la renuncia del actual presidente.
La caída
de la imagen de Enrique Peña Nieto en la percepción de los ciudadanos está
vinculada directamente a estos hechos. Según la encuesta del periódico Reforma, a dos años del arranque de su
gobierno,casi el 80% de los líderes lo reprueban, y el 59% de los ciudadanos
desaprueban su gestión. Llama la atención que el mayor rechazo está en el
centro, occidente y norte del país, no obstante que las movilizaciones de
repudio son más intensas en el sur. Un saldo dramático de rechazo, no obstante
los miles de millones de pesos que gasta en propaganda.
Desde el
arranque del sexenio de Ernesto Zedillo no se habían presentado índices tan
marcados de rechazo de la ciudadanía en contra de la figura presidencial, y no
se había evidenciado un caso de corrupción que involucrará de manera tan
descarada y directísima al presidente, como el de la casa en Las Lomas, desde
el sexenio de José López Portillo.
La
entrega de contratos a compadres y amigos, por medio de licitaciones
inexistentes o mal hechas, es un caso claro de conflicto de interés, además de
implicar una cuantiosa suma de dinero entregada como compensación (sin que
hasta hoy se tengan claros los pormenores de ese pago, si es que ya se hizo) al
conjunto de empresas en las que participa el favorito presidencial, Juan
Armando Hinojosa.
Y, en
este sentido, no podemos olvidar también que una de las empresas de medios
masivos de comunicación se encuentra involucrada en el mismo hecho. ¿Qué ha
dicho o aclarado Televisa respecto a la cantidad de dinero que Angélica Rivera
asegura le fue entregado por dicha empresa? ¿Cuándo veremos los recibos,
cheques o comprobantes de la adquisición del inmueble adyacente, o cualquier
documento que avale estos dichos?
De
acuerdo con el diario The Wall Street Journal,
el empresario que construyó la “Casa Blanca” ha obtenido importantes contratos
públicos desde que éste asumió el poder hace dos años, los cuales ahora
enfrentan un creciente escrutinio de legisladores de la oposición e
inversionistas extranjeros.
Antes del
2012, indica el diario, Hinojosa obtuvo contratos cuando Peña era gobernador
del Estado de México. Su vínculo más reciente con el gobierno federal es que
Grupo Higa formó parte del consorcio ganador que construiría el tren de alta
velocidad México-Querétaro; sin embargo, el presidente Peña canceló el contrato
el mes pasado, luego de que fuera severamente cuestionado el proceso de
licitación.
Pero eso
no es todo. Grupo Higa consiguió un contrato por más de 50 mil millones de
pesos para construir el acueducto más extenso de América Latina, llamado Monterrey
VI y también se encargará de un proyecto de 460 millones de dólares para un
nuevo museo en la ciudad colonial de Puebla.
Otros
contratos poco conocidos que ganaron filiales de Grupo Higa incluyen
varios proyectos de autopistas, un plan sin licitación para remodelar
el hangar presidencial en el aeropuerto de ciudad de México y acuerdos
para trasladar funcionarios del gobierno en aviones privados.
Cuando
Peña Nieto era gobernador del Estado de México, entre 2005 y 2010, unidades de
Grupo Higa participaron en la construcción de hospitales, autopistas y una
prisión.
No han
existido acciones de parte de la Presidencia que indiquen que existen intenciones
por corregir estos hechos. Hay silencio, medias verdades y los mismos miembros
de gabinete. Antes, cuando un escándalo así surgía, alguien pagaba los platos
rotos, algún integrante del equipo presidencial dimitía voluntariamente o era
forzosamente reemplazado. Hoy no existe cambio alguno, hoy Enrique Peña Nieto
sigue diciendo “no te preocupes” a cada uno de sus funcionarios.
La
Presidencia de la República vive en un país diferente al que vive la gente,Peñalandia no tiene pobreza ni desempleo, en ese lugar
no existe agresión por parte de las fuerzas policiales en contra de gente
inocente ni existen presos políticos. En ese lugar no hay personas
desaparecidas forzadas ni mujeres asesinadas por el simple hecho de ser
mujeres.
Ese país
no es visto como un foco rojo la violencia contra periodistas y personas
defensoras de derechos humanos. En Peñalandia todo está bien, tan reluciente como un
avión presidencial multimillonario y como una Casa Blanca producto de la
corrupción.
La
corrupción presidencial acreditada con la casa de sierra gorda 150 es un tema
que ha dejado sin autoridad moral al presidente Enrique Peña Nieto. Señalado
por la prensa internacional y nacional por su corrupción esta situación
repercute ya en el prestigio del país, frena las inversiones foráneas, afecta
la estabilidad y la economía del país. La renuncia presidencial, en esta hora
crítica del país, no sólo es una propuesta opositora, puede ser el camino para
recuperar la concordia nacional y el rumbo perdido.
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