El atentado
José Antonio
Rivera Rosales
El infame atentado
contra la familia de Pioquinto Damián Huato, en el que por desgracia falleció
la joven Laura Rosas Brito, ofrece lecturas que se han visto opacadas por el
ruido mediático.
Como es del dominio público, la noche del
martes 28 de enero un comando armado abrió fuego de fusiles contra el vehículo
en el que presuntamente se transportaba Damián Huato procedente de El Ocotito,
donde horas antes se escenificó una reunión de la base social de la
autodefensa, que días atrás se había acantonado en ese poblado ante un
desesperado llamado de auxilio de parte de la población que ya no soportaba el
acoso de bandas criminales.
Durante la reunión -a la que asistió la
dirigencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
(UPOEG) encabezada por Bruno Plácido, el presidente interino de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CODEHUM), Ramón Navarrete Magdaleno, el alcalde
Mario Moreno Arcos, y el dirigente del comercio irregular de Chilpancingo,
Pioquinto Damián Huato- este último injurió públicamente al edil que, en un
ejercicio de tolerancia y prudencia extremas, aguantó la andanada.
Es digna de encomio la postura asumida por
Navarrete Magdaleno quien, inmediatamente después de las ofensas vertidas por Damián Huato,
corrigió la situación que amenazaba con desbordarse pues los habitantes de esa
comunidad, dolidos por los graves y profundos agravios de la delincuencia,
parecían querer descargar su ira y frustraciones contra el munícipe.
Más tarde sucedió lo que todos sabemos: en
el acceso a Chilpancingo, cuando transitaba por el paso elevado a la altura del
hotel Parador del Marqués, el vehículo de Damián Huato fue blanco de unos 70
impactos de fusil con las consecuencias ya conocidas.
Desde luego que la reacción era previsible:
de inmediato el empresario culpó al alcalde del atentado en el que murió la
joven Rosas Brito y resultó herido su hijo Walter Damián Bautista, lo que
desató un clima de linchamiento mediático en contra de Moreno Arcos, quien
desde el principio, debemos decirlo, ha reaccionado con serenidad.
Sin embargo, a la distancia bien valen
algunas observaciones que se han mantenido invisibles ante la furiosa embestida
mediática que el lamentable incidente provocó en los medios locales así como
entre las propias comunidades, especialmente en la ciudad capital,
Chilpancingo.
En principio, habrá que dejar en claro que
en realidad nunca hubo uno sino dos vehículos en los que se transportaban los
Damián: en el primero viajaba su hijo Walter Damián en compañía de Laura Rosas,
quien viajaba en el asiento del copiloto. En el segundo, inmediatamente atrás,
viajaba Damián Huato acompañado de su esposa.
Cuando el primer vehículo es atacado, el
empresario emprende la huida sin verificar si su hijo sobrevivió al atentado. Escapó
en dirección a las instalaciones de la 35 Zona Militar, previsiblemente para
tratar de prevenir alguna persecución. Aunque se entiende que el instinto de
sobrevivencia lo impulsó a actuar de esa manera, muchos no le perdonan que haya
dejado a su hijo a merced de los sicarios.
En segundo término, no ha quedado del todo
claro con qué tipo de arma fue atacado el vehículo, lo cual parecería un
detalle menor pero no lo es: la cadencia de fuego de los fusiles AK-47 y AR-15
es totalmente distinta. En el primer caso, el fuego producido por un fusil
Kaláshnikov es más espaciado, menos certero por cierto, pero con un traqueteo
más violento, lo que induce un abanico de fuego más indiscriminado. En tanto
que el segundo es la versión civil del fusil de guerra M-16, es decir, es un
modelo fabricado para las corporaciones policiacas de Estados Unidos que, desde
su concepción, fue diseñado como un arma de fuego rápido, de mucha precisión.
Si los impactos corresponden a un fusil
AR-15, entonces los sicarios sabían bien a quien ultimarían -que en este caso
resultó ser la joven Rosas Brito, contra quien centraron la dirección de
fuego-, lo que induce a pensar que todo esto es un montaje con una víctima
inocente ya seleccionada de antemano.
¿Por qué decimos esto? Porque, por regla
general, los sicarios jamás se equivocan. Si fueron profesionales los que
atentaron contra la familia Damián Huato, entonces habrían interceptado al
empresario, a quien habrían bajado del vehículo y ejecutado en el acto sobre la
carretera. Un profesional jamás lo hubiera dejado ir.
No lo hicieron así, pero los tiros fueron
centrados sobre el asiento del copiloto, lo que habla de tiradores de
precisión. Es decir, por lo menos uno o dos de los tiradores eran expertos,
pero en cuanto dieron por terminado el ataque abandonaron el escenario.
El escenario ofrece un cuadro de sospecha
desde el momento mismo en que dejaron el trabajo a medias y se dispersaron por
Chilpancingo al abrigo de la noche.
Entonces, como trasfondo de lo aparente,
subyace otra posible intencionalidad: que se trate de un atentado con clara
motivación política en el que se mezclen intereses del crimen organizado y un
móvil político para quitar del camino a un personaje con clara proyección
favorable para la sucesión gubernamental, como es el caso de Moreno Arcos.
Esto es, el trasfondo sería la puja por la
gubernatura.
Pareciera que el atentado habría tenido el
objetivo de causar un daño considerable a la familia del empresario, quien
horas antes había cuestionado públicamente al alcalde Moreno Arcos, para que
las sospechas de enderezaran de una manera cuasi natural en contra del edil
chilpancingueño (a nadie escapa que se trata de uno de los aspirantes más
fuertes a la candidatura por su partido).
Así las cosas, convendría que fueran las
autoridades federales las que atraigan por completo la investigación, dado el
uso de armas prohibidas, para que tanto el proceso de investigación policial
-especialmente en lo que se refiere al área de balística, que permitiría
discernir las trayectorias de los proyectiles- como las operaciones de
inteligencia y la propia investigación de campo permitan esclarecer lo que
realmente pasó en ese infortunado episodio.
Tal como han evolucionado los primeros
indicios de la investigación que desahoga la procuraduría local, pareciera que
estamos ante un mosaico de enigmas que, insistimos, debieran resolver, sin el
hálito de la sospecha, las corporaciones federales, en este caso la
Procuraduría General de la República (PGR).
Por ejemplo, lo primero que hicieron los
efectivos de la Policía Ministerial del Estado (PME) fue irrumpir en un
autolavado de donde se llevó detenidos a seis jóvenes empleados, pero dejó
escapar al propietario del negocio que, con bastante probabilidad, conocía la
identidad de quienes llevaron a servicio dos vehículos presuntamente utilizados
en el atentado. Según la versión del procurador local, difundida el lunes 3 de
febrero, en uno de esos vehículos encontraron un casquillo que “mostraba
concordancia” con los utilizados en el atentado.
Cuando
el procurador local dio a conocer la versión de los seis detenidos en el
autolavado, de inmediato Damián Huato advirtió que podrían ser “chivos
expiatorios” dado que sus atacantes eran de entre 30 y 40 años, no de 18 o 20
años como la mayoría de los trabajadores detenidos por los policías
ministeriales.
Sin embargo, en el último reporte
relacionado con este tema, el gobernador Ángel Aguirre Rivero informó, en la
víspera, que dos de los detenidos en el autolavado ya fueron reconocidos por el
empresario como sus atacantes. ¿Entonces, de qué se trata?.
En este punto habrá que acotar que la
conducta ambivalente y falta de escrúpulos de Damián Huato lo ha colocado en el
filo de la sospecha en anteriores trances político-mediáticos en los que ha
utilizado, como modus operandi, la intriga mediática, el chantaje y el
escándalo para conseguir sus fines.
Este episodio de violencia que enrareció el
clima social en todo Guerrero debe quedar plenamente esclarecido y los
responsables ser presentados ante la justicia. Es un imperativo social que
tanto el gobernador como las autoridades federales deben de acatar.
La impunidad es un mal que nos agobia a
todos y, a estas alturas, un agravio contra toda la comunidad guerrerense.
