Quiérase o no, el estado
vive actualmente un proceso de descomposición social y política, que de no
atenderse a tiempo, resultaría de pronósticos reservados si se toman en cuenta
los cambios institucionales que se avecinan para el 2015, como serían la
elección para nuevo gobernador, los diputados en el Congreso Local y la
renovación de los 81 ayuntamientos, incluyendo a los regidores y a los síndicos
que también cuentan.
La formación de grupos de
autodefensa ciudadana sin ningún control legal, se está convirtiendo en un dolor de cabeza en la
entidad y hasta para el presidente Peña Nieto, a tal grado que los integrantes
de estas fuerzas que se dicen de seguridad, se han dado a la tarea de desafiar
a nuestros dos únicos cuerpos confiables
de seguridad nacional como el Ejército y la Marina, por años
considerados como instituciones de respeto y de gran apoyo para la población.
Nadie puede dudar que la
situación del país y en particular la de nuestro estado, está bastante minada por la tolerancia de nuestras
autoridades y el agandalle de algunos grupos políticos que buscan el
exhibicionismo para ver que agarran en la próxima contienda electoral, solo que
a cambio de la tranquilidad de muchas familias que nada tienen que ver con las
ambiciones personales de unos cuantos, que sin tomar en cuenta el daño que se
le hace a la población, tratan de medir fuerzas, cuando lo menos que pudiera
hacer la autoridad, sería meterlos a la cárcel por quebrantar la paz pública e incitar a la rebelión, que
tampoco se necesita averiguar, porque todo ello está la vista.
Inicialmente se adjudicaban
esos brotes de violencia a grupos dedicados a la venta de las drogas que aunque
sin control, tenían más respeto a las fuerzas del gobierno, porque las escenas
más sangrientas se cometían entre bandos contrarios, después salieron los
insurrectos maestros siempre pidiendo prebendas personales, y en la actualidad
los mal llamados policías comunitarios y de autodefensa, que no son ni una cosa
ni la otra, salvo contados casos, porque reciben el visto bueno de los cabecillas,
nunca de la población civil, como lo tratan de aparentar.
La autoridad del nivel que
sea, debería comenzar investigando de manera concienzuda los antecedentes de
cada grupo llamado de auto-defensa , de donde previenen, el modus vivendis de
cada uno y hasta de los mismos que tienen enrolados, porque se da el caso, que
estos señores tratan de aplicar la ley, violándola ellos, porque el solo hecho
de actuar en la ilegalidad ya se es delincuente y no es justo que a estos
señores en castigo, se les premia con dinero o con algún cargo público, Cuando la prisión debería ser el aposento
final por los atropellos que cometen.
El gobierno del estado debe
aplicar la ley antes que resulte imposible recomponer el tejido social, el
gobernador Ángel Aguirre llegó a ese importante cargo con el voto que le otorgó
la ciudadanía, y como tal debe actuar sin miramiento, la tolerancia y el
diálogo que siempre ha demostrado, muchos la han tomado como sumisión o
debilidad. Basta de contemplaciones, porque es mucho más la ciudadanía que pide
vivir en paz, que los pocos grupos que tratan de vivir en la irregularidad.
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