ENFERMEDAD Y PODER

                                          Artículo Editorial (*)

                                                            

                                                                        México. D. F., agosto de 2012

(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

Ernesto Villanueva

El 7 de marzo de 2004, el editorial de The New York Times publicó un sugestivo texto cuyo título lo decía todo “La necesidad de candidatos sanos” al hacer una crítica a la información mínima de la salud de los gobernantes. La tensión entre el derecho a la vida privada de los gobernantes y el derecho a saber de la comunidad es un tema que en México sigue abierto. Veamos

Primero. La regla general dispone que los expedientes médicos formen parte del núcleo duro de la vida privada de los seres humanos. Este punto de partida forma parte de las distintas disposiciones en materia de protección de datos personales. Por supuesto, por definición los derechos no son absolutos. Deben ser armonizados con otros derechos y en, suma, con el interés público. El derecho a saber de la comunidad es una prerrogativa que ha ido creciendo en México.

Hace tan sólo 17 años constituía una postura políticamente incorrecta cuestionar el sueldo del presidente de la República. Sergio Aguayo hizo esa solicitud que le hizo mucho bien al país. Logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ensanchara el alcance del derecho a la información adicionado al artículo 6º constitucional a instancias de Luis Javier Solana en 1977. (Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal). Hoy en día, salvo contadas excepciones, los sueldos, bonos y prestaciones de los servidores públicos constituyen información que de oficio se pone a disposición de la comunidad.

Desde 1972 en los Estados Unidos se ha vuelto una práctica común hacer pública la información sobre la salud de los candidatos, gobernantes y políticos y se cuenta, mejor todavía, con una estadística con datos duros sobre la salud de los presidentes de la República. (Jonathan Davidson y otros “Mental Illness In U.S. Presidents Between 1776 and 1974: A Review of Biographical Sources” publicado por Journal of Nervous & Mental Disease: Enero del 2006. Volumen 194, Ejemplar 1 pp 47-51) Janlori Goldman y Elizabeth Ida Tossell formulan la siguiente pregunta:” ¿Usted votaría por un candidato presidencial que sufra una enfermedad que lo debilite y pueda afectar el desempeño de sus funciones o incluso comprometer que pueda cumplir su periodo?” (“Presidential Health: Do We Have a Right to Know?” enhttp://www.ihealthbeat.org/perspectives/2004/presidential-health-do-we-have-a-right-to-know.aspx#ixzz22LkdPhBb).

En Europa, los doctores Pierre Rentchnick y Pierre Accoce se dieron a la tarea de estudiar la salud de los gobernantes y su impacto en la sociedad. Por ejemplo, afirman que el presidente Franklin D. Roosevelt padecía de presión arterial alta lo que reducía su lucidez en las negociaciones territoriales en el marco de la segunda Guerra Mundial. (Ces malades qui nous gouvernent. Librairie Générale Française. 1978)

Segundo. En México, no hay mayor bibliografía sobre el tema. De manera intuitiva, empieza poco a poco a dejar de ser un tabú. Hace sólo año y medio, Carmen Aristegui fue sancionada por preguntar si el presidente Felipe Calderón es o no alcohólico. En Estados Unidos hubiera sido una interrogante que difícilmente hubiera sido ajena al periodismo. En México, en cambio, generó que fuera despedida de MVS por ese hecho. No se le perdonó, en principio, que rompiera los umbrales de tolerancia de los poderes formales e informales ante un asunto que hacía más de 40 años formaba parte de las culturas democráticas.

En Estados Unidos y en Europa se cuentan con datos para hacer un estudio comparativo de la salud presidencial. En México, no. Y ahora creo que no es porque se trate de información clasificada como confidencial, sino seguramente inexistente por nuestra subcultura política. En las elecciones presidenciales recientes el tema de la salud de los gobernantes ingresó a la agenda pública por un desfallecimiento momentáneo de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, que terminó por crear consenso entre los candidatos presidenciales para realizarse exámenes de salud y poligráficos.

Sobra decir que la información sobre la salud de candidatos y gobernantes tiene un impacto importante habida cuenta que estos deciden los asuntos de todos. Ellos sufren sus enfermedades, pero la sociedad las padece si se toman decisiones equivocadas. (Nelson Castro. Enfermos de poder. La salud de los presidentes y sus consecuencias. Vergara. 2009)

Tercero. Si bien el tema de la salud presidencial fue coyuntural, habría que aprovecharlo para generar estándares que permitan crear un equilibrio entre el legítimo derecho a la vida privada de quienes gobiernan y el derecho a saber de la comunidad. En el país donde la fuerza del Ejecutivo es mayúscula por el diseño constitucional se debería crear por ley un sistema que repose sobre las siguientes líneas mínimas: a) Los exámenes médicos deben hacerse por lo menos al Presidente de la República, Secretarios de Despacho y equivalentes, gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales de las capitales de los estados así como a los candidatos a cargos de elección en el ámbito del Poder Ejecutivo; b) La práctica de exámenes de salud se debe hacer de tal suerte que se haga pública sólo aquella porción informativa que pueda tener un impacto en el óptimo ejercicio de sus funciones. De esta suerte, se mantiene a salvo el derecho a la vida privada de candidatos y gobernantes del morbo o de la curiosidad pública; c) Los exámenes deben hacerse de manera anual como sucede en los estados democráticos y dar a conocer con detalle cuando candidatos o gobernantes sean sometidos a operaciones que impliquen anestesia general, habida cuenta que en ese momento pierden totalmente la conciencia; d) Los exámenes deben realizarse por expertos independientes.

AMLO y EPN coincidieron en que fuera la UNAM la encargada de esta tarea a efecto de evitar exámenes a modo que manipulen la información real. Este ejercicio sería un paso más en la abultada lista de pendientes en materia de transparencia y rendición de cuentas.

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Encarcélenme, reta Monreal a priistas

Ciudad de México. Agosto del 2012. (MILENIO). - El senador Ricardo Monreal retó a los priistas Eruviel Ávila, Luis Videgaray, y al secretario de Finanzas del gobierno mexiquense, Raúl Murrieta, a denunciarlo por sus afirmaciones de que la administración del Estado de México desvió recursos a favor de la campaña de Enrique Peña Nieto, al advertir que no tiene miedo ni respeto por ese grupo de “corruptores”.

El legislador hizo un pronunciamiento al llegar a la sesión de la Comisión Permanente, donde anunció que ante las amenazas de denuncia en su contra, acudirá el próximo martes a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a rendir su declaración y también buscará al gobernador de esa entidad para que rinda su declaración.

Anunció que alista, además, más denuncias en contra de quienes operaron recursos para financiar la campaña de Peña Nieto y ofreció que habrá más pruebas de ello.

“Voy la semana que entra con el gobernador para que me tomen la declaración, no les tengo miedo, son cínicos y corruptos. Voy lunes o martes a presentarme voluntariamente a la procuraduría para que ya no le piensen, que de los cientos de abogados que tienen en el Estado de México empiecen a construir la denuncia, que no se tienten, que no simulen ni tengan temor, que la presenten porque ahí voy a estar, con el procurador para que me denuncie y con el procurador para que me tome la declaración”.

--¿Irá directo al Palacio de Gobierno?

“Al Palacio de Gobierno y a la procuraduría, porque estamos a tiempo, me quedan unos días de fuero, para que procedan Peña Nieto y Eruviel a encarcelarme, si es que tienen valor”, retó Monreal Ávila.

Afirmó que las cuentas administradas por Luis Videgaray, de Scotia Bank número 03800806935 y de Bancomer cuenta 32540061 son reales “y nosotros presumimos que fueron usadas de manera ilícita para financiar la campaña de Peña Nieto y probablemente se cometieron delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y delincuencia organizada”.

Acusó que el PRI de manera sistemática niega siempre sus fechorías y conductas antijurídicas y así como hizo con el Pemexgate, el Monexgate y su relación con Soriana, ahora niega la vinculación con el Scotiabank.

Sin embargo, dijo, la explicación que dio el gobernador Ávila es infantil y grosera, porque de entrada reconoce que existe la cuenta, no obstante que en un principio se negó.

Además, acepta que es del gobierno del Estado de México y que hubo cuantiosos movimientos de dinero en los meses de la intensidad de la campaña y que en los meses previos y posteriores a la misma no tuvo movimientos ni inversiones o triangulaciones financieras, expuso.

“Que sí aparecía o aparece Luis Videgaray como administrador de la cuenta, aunque al principio se negó. Y ahora con un oficio que probablemente lo redactaron la noche anterior a la declaración de prensa, pretenden engañarnos y deslindar al coordinador de la campaña del uso indebido de recursos económicos públicos usados para la campaña de Peña Nieto”.

Monreal hizo notar que según las explicaciones del gobierno mexiquense, por la noche ese banco les daba mejores rendimientos, por lo que dejaban ahí el dinero, y en el día lo cambiaban a otra cuenta para tenerlo disponible.

“Es una explicación absurda. No les tengo ningún temor ni respeto. Vamos a seguir presentando pruebas contra estos grandes corruptores subastadores de bienes públicos, no nos van a arrodillar ni a doblegar frente al poder corruptor y su poder económico y político. Se trata de una clase política mediocre e inmoral”, concluyó.

Realiza Tribunal recuento de votos en mil 125 casillas

 

Ciudad de México. Agosto del 2012. (MILENIO).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) inició desde las 10 de la mañana con el recuento de votos en mil 125 casillas correspondiente a 134 distritos electorales federales, ubicados en 28 entidades del país.

En presencia de los representantes de todos los partidos, los siete magistrados de la Sala Superior, así como de las cinco Salas Regionales encabezaron el recuento de votos con el apoyo de 109 jueces del Poder Judicial de la Federación.

En la sede del máximo órgano jurisdiccional, los siete integrantes de la Sala Superior supervisan el recuento en 208 casillas, que corresponden a 10 distritos electorales ubicados en el Distrito Federal.

Por lo que los 22 Magistrados Electorales, supervisarán el recuento de 647 casillas, cifra que representa el 57.5% del total, mientras que las 478 casillas restantes son recontadas en diligencias encabezadas por Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito.

Estos magistrados fueron comisionados por el Consejo de la Judicatura Federal para auxiliar al Tribunal Electoral en esta tarea. Dichos juzgadores federales están a cargo del escrutinio y cómputo en 109 distritos electorales, ubicados en 27 entidades federativas, en los que se recontarán 4.38 casillas en promedio.

Estas diligencias, que tuvieron que realizarse dentro de las 17:00 horas establecidas en la ley, se realizan en 21 mesas de trabajo que se dispusieron para ello, donde los representantes de partidos corroboran que el recuento.

En los estados de Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas, los Magistrados de las cinco Salas Regionales encabezan las diligencias de 15 distritos electorales a fin de recontar un total de 439 casillas.

El recuento se da luego de que el pasado 3 de agosto la Sala Superior del órgano jurisdiccional resolvieron 287 incidentes relacionados con solicitudes de recuento de los votos emitidos en la elección de Presidente, de los cuales sólo 137 se consideraron fundados.

Rechaza el PRI tener algún conflicto con AMLO

 

Ciudad de México, agosto del 2012. (EXCELSIOR). La secretaria general del PRI, Cristina Díaz, rechazó que haya algún tipo de resabios contra la izquierda mexicana que encabeza Andrés Manuel López Obrador y se declaró abierta al diálogo con todos los actores políticos, incluido el tabasqueño, para lograr los consensos que requiere México.

La dirigente sostuvo que el partido tricolor dará por cerrado el capítulo del conflicto postelectoral el 6 de septiembre, fecha límite para que concluya según la ley, "y a partir de la siguiente etapa tenemos que trabajar por México todos".

La también diputada federal y senadora electa ratificó que la actitud de su partido es abonar al diálogo; "no tenemos resabios nosotros, entendemos su lucha, pero todo tiene una etapa en este proceso”.

Respecto a las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Progresista, contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su abanderado Enrique Peña Nieto Cristina Díaz reiteró que seguirán demostrando e insistiendo que son mentiras absurdas para ensuciar la etapa postelectoral.

Subrayó que, no obstante, una vez que ésta concluya "se cierra ese capítulo y empezamos a construir lo que es el tema legislativo, los acuerdos nacionales para México".

La secretaria general priista rechazó que el tabasqueño sea una "piedra en el zapato" y reiteró que respetan su lucha siempre y cuando se dé dentro del ordenamiento legal.

"No queremos para México la crispación, queremos que México se conduzca con la unidad de todos y cuando hablamos con la unidad de todos los mexicanos no hablamos sólo de un partido político, sino del trabajo que tenemos que hacer por México todos", remarcó.

En cuanto a si ese llamado se lo hacen a López Obrador, dijo que la voluntad del PRI siempre ha sido la de construir consensos, "es una vocación que tenemos en el PRI, incluso siendo oposición".

Sobre si se buscara negociar con la izquierda, planteó que se debe trabajar por los acuerdos nacionales pues "los mexicanos están deseando ver actuar a favor de México y esperamos que ellos entiendan ese momento”.

Cristina Díaz aseveró en ese sentido que “aun cuando haya discrepancias se puede tener una discrepancia ordenada y respetuosa, donde se puedan construir los acuerdos que requiere la nación".

La líder del partido priista dejó claro que en política se entiende que nada es para siempre "y se termina la parte postelectoral y empieza el otro tema, que es la agenda legislativa, y que seguramente será muy intensa a partir del 1 de septiembre a diciembre".

Planteó que el 1 de diciembre próximo iniciará en el país una nueva etapa en la que se construirán cambios para fortalecer la democracia.

También celebró la disposición del Partido Acción Nacional (PAN) de trabajar por las reformas que requiere el país. "Celebramos esa posición y su actitud y nos da gusto que estemos trabajando todos por México".

Decreta Felipe Calderón reforma política

 

Ciudad de México. Agosto del 2012. (MILENIO).- El presidente Felipe Calderón presentó hoy el decreto de una reforma política “profunda e integral”. Con ella, entre otras cosas, se da facultad a los ciudadanos para proponer iniciativas de ley, además de que se permiten las candidaturas independientes a puestos de elección popular, según explicó el jefe del Ejecutivo.

Para la aplicación de estos derechos, el Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), dictarán los términos para que el ciudadano pueda ejercerlos, agregó Calderón en Palacio Nacional.

El Presidente explicó que también se evitará “la indebida parálisis legislativa”, toda vez que el titular del Ejecutivo podrá presentar al inicio de cada periodo ordinario dos nuevas iniciativas, las cuales deberán ser votadas en un plazo máximo de 30 días naturales.

“Con esto concretamos una nueva reforma política (…) nos pone en el camino correcto para fortalecer las instituciones”, dijo Calderón.

En el evento estuvo acompañado por el titular de la Segob, Alejandro Poiré, quien destacó que con este decreto se abonará a la transformación y construcción de la democracia en el país.

El funcionario federal indicó que con la reforma política se abre el camino a las candidaturas independientes, además de que brindará herramientas más eficaces para el ejercicio del poder público, así como al fortalecimiento del sistema de justicia electoral.

Poiré también dijo que hará de “nuestras instituciones más representativas para servir de mejor manera a la sociedad”.

“La democracia es la base de la convivencia y su consolidación es indispensable para el proceso de transformación nacional del país”, expresó el titular de Segob, quien agregó que ello es posible al diálogo abierto y al trabajo estrecho y de responsabilidad compartida.

Culpan a priístas de estar atrás de estudiantes rechazados inconformes

Juan José Romero/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., agosto  de 2012 (NOTYMAS). Tras la gresca que protagonizaron estudiantes universitarios aglutinados en una fracción de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG), el rector Asencio Villegas Arrizón, reveló que detrás de estas movilizaciones se encuentra una corriente política que hace vida en la universidad y que es respaldada por una parte de simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Entrevistado luego de inaugurar una muestra artesanal en el zócalo capitalino, Villegas Arrizón, aseguró que los señalamientos de los jóvenes que protestan para ingresar a las aulas universitarias no tienen razón de ser, “muchos utilizan los señalamientos para justificar las acciones que realizan, y atrás de esas acciones hay un movimiento político, ahí atrás del cual esta una organización política de la universidad que es Acción Revolucionaria (AR) y que pertenece al PRI”.

El rector enfatizó que quienes han cometido como quienes están atrás de estas movilizaciones pueden ser sujetos de sanciones penales, debido a que están dañando el patrimonio de la universidad así como los derechos de los estudiantes “cuando impiden la inscripción de los jóvenes que con el esfuerzo que hicieron piden su inscripción, están dañando a terceros”.

Insistió que existen muchos intereses políticos derivado de estas inconformidades que se han dado luego de que muchos jóvenes se quedaron fuera por no acreditar los exámenes que se requieren para ingresar a estudiar una carrera universitaria.

Villegas Arrizón dio a conocer que ya se levantaron las actas correspondientes para determinar las acciones legales a tomar y solo falta el visto bueno del Consejo Universitario, específicamente la comisión de honor y justicia “porque ya lo agarraron como costumbre, tomaron la rectoría encabezados por Anselmo Sotelo, parte de esa organización, Acción Revolucionaria (AR) hicimos el consejo universitario nos tuvimos que ir al edificio docente y ahora nuevamente él es el que encabeza, aprovechando la necesidad que tienen estos jóvenes y casas de estudiantes”.

Enfatizó que se hará lo que sea necesario para evitar llegar a las agresiones físicas ya que a estas alturas se corre el riesgo de que puedan darse enfrentamiento entre jóvenes universitarios simpatizantes de una u otra corriente política que tienen vida al interior de la UAG, “lo que quieren es eso, son grupos de choque”.

Cabe mencionar que este martes, un grupo de estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG) se manifestaron en las calles, para exigir transparencia en la selección de los alumnos que si tendrán la oportunidad de estudiar en la UAG, y reiteraron las agresiones de que dicen fueron objeto por parte del personal de guardia privada que la universidad contrato para el resguardo de las instalaciones.

Luis del Moral Rodríguez, líder de esta organización estudiantil, reiteró que continúan las agresiones verbales de algunos funcionarios universitarios y aseguraron continuarán con sus movilizaciones hasta lograr su objetivo de que todos los rechazados puedan entrar a estudiar en la máxima casa de estudios en el próximo ciclo escolar que inicia en unos días más. (NOTYMAS)

Congreso ya está elaborando dictamen en caso Willy Reyes, asegura diputado

Juan José Romero/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., agosto de 2012 (NOTYMAS). El presidente de la Comisión Instructora de la actual legislatura local, Marco Antonio Leyva Mena informó que en el caso del alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos el procedimiento está en la etapa de elaboración de un dictamen.

Leyva Mena aseveró para esto se deben considerar varios factores, entre ellos el conocimiento que tengan los legisladores que integran la comisión Instructora, y la segunda que se tenga una opinión jurídica del cuerpo de abogados del poder legislativo, “y la tercera que tengamos también una opinión jurídica en este caso del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que de alguna manera nos oriente en la toma de decisiones del dictamen”.

El priista dijo además que la culpabilidad o inocencia del edil tlapaneco no le toca al Congreso, ya que solo están tratando el asunto de su desafuero, “la culpabilidad o inocencia es a partir de un juez”.

Enfatizó que pese al tiempo que ha transcurrido y tomando en cuenta que solo les faltan unos meses para dejar el cargo, “los diputados así falten 5 días podrán decir si va a proceder el desafuero, sino podemos caer en responsabilidades, el congreso por no resolver un caso de esta naturaleza”.

Cuestionado sobre la resolución que ya preparan al interior de la comisión que preside, Leyva Mena se negó a emitir una opinión al respecto, y tampoco adelantó nada sobre el caso, hasta en tanto no se cumplan los plazos y etapas que aún le falta por transitar al dictamen resolutivo que le quitaría el fuero constitucional al edil de Tlapa, Willy Reyes Ramos por su presunta autoría intelectual en el asesinato del diputado federal, Moisés Villanueva de la Luz perpetrado el año pasado, “la posibilidad puede caer en otra situación no puedo yo determinar cómo va a caer”, acotó. (NOTYMAS)

Denuncia PRI que grupos criminales exigen espacios en futuros gobiernos municipales

Carlos Cabrera/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., agos de 2012 (NOTYMAS). El presidente municipal electo de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, aseguró que en su caso ningún grupo de personas vinculadas con la delincuencia organizada le ha exigido espacios dentro de su próxima administración municipal, tal y como lo denunció el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cuauhtémoc Salgado Romero.

En entrevista con representantes de diferentes medios de comunicación, el pasado lunes el líder del tricolor aseguró que los alcaldes electos en el pasado proceso electoral, le han manifestado que grupos criminales les han comenzado a exigir cargos públicos dentro de las futuras administraciones, con la intensión de mantener el control de los ayuntamientos sobre todo en materia de seguridad pública.

En consecuencia dijo que ha solicitado una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, para que en su conjunto analicen la problemática que aqueja a la mayoría de los presidentes municipales electos de todos los partidos políticos, principalmente de aquellas zonas con mayor incidencia delictiva como Tierra Caliente y Costa Grande.

Moreno Arcos consideró que si los presidentes municipales acceden a este tipo de peticiones y presiones de los grupos delincuenciales, se estaría hablando del surgimiento de gobierno municipales "acotados y limitados" en cuanto a sus acciones de trabajo.

"En el caso de que así fuera, serian ayuntamientos muy acotados, gobiernos que no tendrían razón de ser, no al menos de manera legal y jurídica, yo espero que en Chilpancingo no se de este caso, por que de ser así, seria muy lamentable para el funcionamiento de los gobiernos y la población", puntualizó.

El edil electo dijo que las únicas presiones que ha recibido es de algunos grupos políticos al interior de su partido político, el  PRI, las cuales calificó como normales después de cualquier proceso electoral y que se tiene que dar  para llegar a acuerdos con los diferentes sectores de la sociedad.

El dirigente estatal del tricolor comentó que entre los espacios que demandan, esta las direcciones o secretarías de seguridad pública, obras públicas y gobernación, entre otros espacios dentro de la administración de los ayuntamientos, porque de lo contrario crearán gobiernos paralelos a los ayuntamientos. (NOTYMAS)

Denuncian practicas electorales ilícitas de Bertha Ferrer

Bertha Ferrer Zuluaga, Secretaria de Deportes de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud fue denunciada por estar entregando dinero en las propias oficinas centrales de la Secretaría de Salud como una forma de comprar o inhibir la participación de los trabajadores en este proceso electoral, prácticas diseñadas por algunos partidos políticos e impulsadas por Beatriz Vélez quien busca la reelección. (Foto: Pedro Arzeta/NOTYMAS)

Sin esclarecerse, el ataque contra antorchistas en Copanatoyac

*A 13 días del supuesto atraco en el que golpearon a líder antorchista y abusaron sexualmente de tres mujeres, no hay avances en la investigación

Olivia Ortíz/NOTYMAS

Copanatoyac, Gro., agosto de 2012 (NOTYMAS). Continúa sin esclarecerse el ataque que sufrieron hace ya 13 días los integrantes de la organización Antorcha Campesina en el tramo carretero Cacahuatepec- Ayotzinapa del municipio de Copanatoyac, ubicado en la región de La Montaña Alta.

Como se recordará, el pasado 27 de julio poco después de las ocho de la noche, el dirigente regional del Movimiento Antorchista, Macario Moreno de la Cruz junto con tres mujeres de las que por obvias razones se omiten sus nombres, regresaban de una reunión que habían sostenido con comuneros y en el tramo Cacahuatepec- Ayotzinapa, el vehículo en el que viajaban fue interceptado por tres sujetos encapuchados y fuertemente armados, que tras someter a golpes a Moreno de la Cruz, quien conducía el auto, abusaron sexualmente de las tres mujeres que lo acompañaban.

Por los hechos, se integró la averiguación previa MOR/FC/0506/2012, sin que hasta el momento haya habido algún resultado concreto a este ataque, lamenta Moreno de la Cruz y agrega: Está claro que no fue un acto de la delincuencia común, sino de un mensaje bien orquestado para intentar frenar los trabajos que la organización viene realizando en La Montaña, con la intención de mejorar las precarias condiciones de vida de los habitantes de esta región, tristemente célebre por su pobreza ancestral.

El líder antorchista, quien desde hace más de cinco años trabaja en la región de La Montaña, asegura que la gente conoce su trabajo y “el supuesto atraco es un mensaje bien orquestado que tiene tintes políticos y busca intimidarnos para que abandonemos esa zona”.

Agregó que las mujeres indígenas ya declararon ante las instancias correspondientes pero no hay ningún avance en las investigaciones de este lamentable caso, por lo que exigen a la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), celeridad en el asunto y castigo a los delincuentes. (NOTYMAS)