lunes, 19 de marzo de 2012

Se inscribe Mario Moreno como precandidato a la alcaldía de Chilpancingo


Juan José Romero/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., marzo de 2012 (NOTYMAS). Con las diferencias superadas, el diputado federal, Mario Moreno Arcos acudió a la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para inscribirse como precandidato a presidente municipal.

Moreno Arcos externó que existe unidad al interior del PRI, “que nos permite una fortaleza que seguramente nos va a llevar a la victoria en Chilpancingo y en México”.

Más adelante Moreno Arcos dijo que ya trabajan en un acuerdo con el resto de los aspirantes a la alcaldía chilpancingueña, por lo que prevén que no haya diferencias y destacó que una vez que termine el proceso interno del PRI para elegir a su candidato de manera oficial, no tendrán problema alguno con el resto de quienes desean ser también candidatos a presidente municipal de Chilpancingo abanderando al tricolor.

El diputado federal indicó que habrá de esperar que la Comisión de Procesos internos dictamine al resto de los candidatos a diputados locales para los distritos uno y dos con cabecera en la capital, “habremos de trabajar de manera conjunta.

A pregunta expresa, Morenos Arcos, se refirió a las encuestas en donde lo colocan a solo 5 puntos porcentuales de su más cercanos competidor, y en ese sentido dijo que cada quien las maneja como mejor les parezca, “cuando yo tomo la decisión de participar por la presidencia municipal, por la precandidatura en este momento a la alcaldía de Chilpancingo lo hago plenamente convencido de las posibilidades que tenemos aquí en esta capital”, comentó.

Agregó que aparte tienen encuestas que lo colocan en un “buen posicionamiento”, aunque no se confían con ese referente.

Luego se le cuestionó en torno a las acusaciones que pesan en contra del actual dirigente Víctor Valencia de los Santos en el sentido de hacer encuestas a modo para favorecer a algunos aspirantes a candidatos de representación popular, Moreno Arcos aseguró que, “estamos viviendo un proceso electoral interno donde te quiero decir que hay muchos intereses y eso hace que las pasiones de repente se desborden, yo tengo la plena confianza que hay a la madurez de todos, que podamos consolidar un proyecto nacional en el cual estamos todos inmersos”. (NOTYMAS)

Quintana Roo: el peor Estado en confiabilidad policíaca


Reportaje

 La falta de poligrafistas en todo México (operadores del famoso detector de mentiras) ha impedido que los cuerpos policíacos sean evaluados a fondo y determinar si están coludidos con el crimen. Este estado ocupa el último lugar a nivel nacional en exámenes de control y confiabilidad, lo que se traduce en la poca confianza de la ciudadanía que ya no se anima a denunciar los delitos


Por Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo (*)
México, D. F., marzo de 2012. Los mexicanos tendrán que esperar cerca de 12 años más para poder tener policías confiables. Ese es el tiempo que tardarán los gobiernos estatales y municipales en aplicar las pruebas de confianza a los 458 mil policías del país, con lo cual, se rebasa de forma abrumadora el Compromiso para Evaluaciones de Control de Confianza pactado en 2008, cuando fue decretado realizar exámenes al 100 por ciento de las policías del país en menos de cuatro años.

Los avances son lentos debido al elemento crucial en estas indagatorias, los especialistas que aplican, analizan y estudian a los mandos de procuración de justicia. En todo México existen alrededor de 200 poligrafistas certificados para evaluar a los policías, según Apolo Domínguez, ex director del C-4 en la Zona Norte de Quintana Roo. Con esto se infiere que cada profesional tendrá que realizar 2 mil 290 exámenes, los cuales, son de dos días de duración en promedio, y esta cifra sólo lograrían cumplir en un lapso de 12 años, trabajando sin descanso, claro.

Dos sexenios no es una estimación aventurada, pues a unos cuantos meses de que se cumpla el plazo establecido, sólo ha sido evaluado 9 por ciento de los 458 mil 816 policías, de los cuales 25 mil 916 resultaron reprobados, según datos de la Secretaría de Gobernación. A grandes rasgos, poco más del 80 por ciento de elementos de las policías estatales y municipales no han concretado la depuración en las corporaciones.

Esta realidad no la quiere aceptar el gobierno federal, quien se ha enfrascado en recriminaciones contra los gobiernos estatales. Basta recordar la XXI sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada a finales del año pasado, donde los gobernadores de los estados expusieron las razones por las cuales a muchos de sus territorios les resultaba casi imposible cumplir para enero de 2013 la certificación en los términos que establece el artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“México no puede esperar a que se limpien los cuerpos policiales al ritmo al que vamos ahora. La gente no puede esperar 12 años para tener una policía confiable”, repeló el presidente Felipe Calderón, quien estalló cuando los gobernantes le detallaron el problema de los poligrafistas en el país.

“Sabemos que se necesitan 600 poligrafistas. ¿No podremos encontrar 600 muchachos a los que les demos una capacitación de cuatro meses para hacer una poderosa fuerza de control de confianza del país que nos de las policías que necesitamos? Es frustrante para el país que se hagan compromisos que luego no se cumplen”, dijo a los gobernadores.

Lo que el presidente omitió fue que desde hace más de tres años, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está en una operación subrepticia para reclutar poligrafistas en la institución, que le permitan controlar las policías estatales y municipales con los controles de confianza.

De acuerdo con el cable de WikiLeaks que dio a conocer el periódico La Jornada en junio de 2011, Héctor Sánchez, un alto funcionario de la SSP, reportó en 2008 a los funcionarios de la embajada estadounidense las intenciones de García Luna de controlar las policías estatales y municipales, contratando a 300 poligrafistas para examinar, “tanto a los efectivos de la propia secretaría como a las policías estatales y municipales”.

La realidad es que la operación de este ejército de especialistas en el polígrafo, dependientes del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, no ha dado los resultados que el gobierno federal esperaba.

Basta con observar que de los 39 centros de evaluación en los estados, a febrero de 2012 apenas se han logrado acreditar 23, y una cifra mucho menor son los que están ya certificados. También, sólo siete estados han logrado avances del 50 al 100 por ciento en la evaluación de controles de confianza.

“Hablamos de tiempo, no de dinero”. Así lo resumió Isabel Arvide, asesora de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Quintana Roo, quien defendió la postura de la falta de personal capacitado para la labor.

Siendo Quintana Roo uno de los últimos en cuanto a la implementación de controles de confianza según el último informe federal, la asesora refiere que se tardarían cerca de 14 mil días, es decir, unos 38 años en analizar a los cerca de 7 mil cuerpos de justicia estatales.

Esto debido a la falta de presupuesto e infraestructura y, principalmente, la falta de gente especializada en polígrafos. “Ya existe el centro de control de confianza, pero no tenemos aún los polígrafos, no hay una escuela de polígrafos, ¿ustedes conocen uno?, díganme”, enfatiza Arvide.

Debido a esta intrincada lucha de visiones sobre la seguridad que existe entre el gobierno federal y los estados, se ha optado por una cifra más cómoda. Ahora, según anunciaron las autoridades, se someterán a controles de confianza sólo a los altos mandos en la procuración de justicia en el país. Entonces sí, de un universo de 377 mandos, se ha evaluado al 83 por ciento; reprobaron el examen 53 jefes.

Estados Unidos ha tenido que vincularse con nuestro país para ayudar al gobierno federal a cumplir sus metas en los controles de confianza. El Coordinador del Programa de Desarrollo de Instituciones confiables de la oficina de Narcotics Affairs Section (NAS, por sus siglas en inglés) de Iniciativa Mérida, David Wattley, asegura que hay cerca de 13 organizaciones norteamericanas interesadas en este tema, entre ellas, el FBI, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional.

El agente del FBI, quien se encargó también de la división antiterrorismo en Washington, refiere que en tres años de operación vinculado con México, se otorgaron 318 polígrafos y 9 millones de dólares fueron para adquirir equipo a los centros de confianza nacionales. Asimismo, para los estados se proyectaron cerca de 8 millones de pesos para equipar, capacitar y brindar hardware, software y conectividad a los centros de Control de Confianza de los estados de la República.

No sólo es cuestión de manzanas podridas

La policía no se puede medir sólo en cuestiones cuantitativas sobre su número de elementos desplegados en las ciudades, pues ante el poder de infiltración del crimen organizado y la radicalización de la violencia armada en el país se hace necesario un análisis cualitativo sobre sus aptitudes y preparación.

Para el doctor José Luis Calderón, del Centro de Estudios de Inteligencia Estratégica, el control de confianza es una parte pequeña de un sistema más ambicioso que es la profesionalización de las policías. Sin embargo, pese a la profesionalización y todos los filtros de seguridad, es muy difícil luchar contra la corrupción.

Luis Calderón pone el dedo en el renglón, pues para él se debe crear un círculo de colaboración entre muchos sectores para revisar la calidad de elementos judiciales. El primer paso es el institucional, pues de nada sirve tener policías certificados y que salgan de academias si al entrar al terreno laboral se van a ver inmiscuidos en una red de corrupción casi ineludible dentro de las corporaciones judiciales.

“Si el policía sale de la academia, llega a trabajar y el jefe le dice que tiene que llegar con una cuota de dinero de su acción policíaca, entonces se acabó el policía que la academia acababa de formar, el policía tiene de dos, o renuncia o se mete a la dinámica de corrupción que impera en las fuerzas judiciales”, detalla.

No sólo se tiene que lograr la acreditación de los elementos, se tiene que crear certidumbre sobre las instituciones rectoras de justicia en el país, según Juan Salgado, especialista del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas.

Es de vital importancia definir la forma de pasar del control de confianza a la acreditación institucional, es decir, ir de la acreditación de individuos a la formación de instituciones más confiables. Este es un momento clave, pues en México no existen experiencias previas de los centros de evaluación, y estamos viendo cómo pasar de la ley a la política pública, explica el especialista en ciencias jurídicas.

“El control de confianza nos permite identificar cuál es la manzana podrida en el barril y sacarla y que no pudra las manzanas. Pero tenemos que pensar en qué está pasando con la corrupción al interior de las fuerzas. No funcionan mal sólo porque ellos sean malos, sino porque existe una institución que se los permite”, declara.

Para lograr la acreditación institucional se tiene que dar seguimiento a las políticas públicas y de seguridad social al interior de las policías, como los incentivos. Tener en cuenta la colaboración entre todos los niveles de justicia penal que comienza con la prevención del delito.

Al final de su sexenio, Felipe Calderón no ha logrado realizar una batalla proactiva contra el crimen organizado, entendiendo esto como un gobierno que no cuenta con sistemas de inteligencia e información ciudadanos que lo oriente en los problemas sociales y le permita identificar la raíz de la violencia y la corrupción en el país.

Ante esta encrucijada, organizaciones civiles como Cacusa en Común se han metido de lleno a la construcción de mecanismos de evaluación de policías. Presidida por María Elena Morera, ha mantenido una lucha de varios meses para este objetivo y llama a los ciudadanos a que no dejen sólo en manos de las autoridades la impartición de justicia y la seguridad pública.

Qué se necesita para ser policía en este país

Existen más de 2 mil organizaciones policiales diferentes en el país, entre locales, federales y estatales, todas con sus realidades concretas y sus retos diferenciados. Según los especialistas consultados por Luces del Siglo, no se pueden hacer las evaluaciones de confianza de la misma forma a todos.

El doctor José Luis Calderón asegura que hay que tener en cuenta cuáles son los perfiles de puestos, saber qué tipo de policía se quiere, dependiendo de las aptitudes físicas de los pobladores en cada estado. “El examen que le hacen al policía se lo hacen también al jefe, no hay una diferenciación, se tienen que hacer perfiles por grupos, mandos superiores, mandos medios, policías operativos, personal administrativo, una cuestión general”, detalla.

Además de los perfiles, se tienen que tener criterios de evaluación institucionales, es decir, saber si se permitirán a personas tatuadas o rehabilitadas de alguna droga, todas aquellas pautas que diriman cuestiones de reclutamiento.

Para Juan Salgado, especialista del CIDE, se tiene que medir también el trabajo que realizan, pues en cada estado el nivel de intervención que tiene cada organización policiaca es diferente. Según datos de la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal del INEGI, en Yucatán y Quintana Roo existe un índice alto de intervención policial, y esto implica que responden a mayores llamados de delitos comunes.

El especialista jurídico señala que se necesita tener perspectiva de género al aplicar las pruebas de control de confianza, pues las estadísticas nacionales muestran que, del personal de primer nivel, el 3 por ciento son mujeres, en personal intermedio sólo el 4 por ciento. En personal operativo, la tendencia aumenta al 8 por ciento de mujeres contra el 92 por ciento de hombres.

“Este es un cambio que va significando, así que las pruebas toxicológicas, psicológicas y de polígrafo tienen que tener en cuenta estos cambios. Por tanto, tiene que haber un enfoque para ver en qué manera diferenciada están afectando a estas personas”, asegura el académico.
Un último aspecto a evaluar para hacer la diferenciación, es la desproporción en los salarios que reciben los diversos mandos policiacos, pues es el elemento que determina la proclividad que tienen a corromperse ante la falta de políticas de seguridad social en sus trabajos.

El especialista del CIDE asegura que en el norte del país existen salarios altos para los agentes de la ley, mientras que en el sur los salarios bajan de forma considerable, incluso Quintana Roo está en el fondo de la tabla de estados que peor pagan a sus cuerpos policiacos.

Isabel Arvide, asesora del secretario de Seguridad del General Carlos Bibiano Villa, da un ejemplo y detalla que en Quintana Roo los mil 160 policías estatales tienen un salario máximo de 5 mil pesos al mes. Los policías del municipio de Benito Juárez gozan de un sueldo que está por encima de los 15 mil pesos.

Los policías que más ganan son los de Cancún, seguidos por los de Chetumal. Isabel Arvide denuncia que existe una desproporción en los sueldos de las policías debido al apoyo federal que reciben los municipios por cuestiones del Subsidio para Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), beneficio que no tiene la Secretaría de Seguridad Pública para poder mejorar sus puestos.

La realidad de los sueldos para los policías en el estado es abrumadora para la funcionaria, quien afirma que en los hoteles, lo mínimo que pagan por ser guardia de seguridad son 9 mil pesos, sin filtros de confianza, ni traer un arma y con la seguridad de horarios. En el ámbito público, los policías no tienen un horario, el reglamento permite que un policía trabaje los 365 días del año sin descanso y el servicio es a necesidad.

  
Desconfianza en autoridades crece en Quintana Roo

El 81 por ciento de los ciudadanos de Cancún ha sido víctima de algún delito en los últimos seis meses, de los cuales, 43 por ciento no denunciaron por falta de confianza y credibilidad hacia las instituciones policíacas, según datos de la más reciente encuesta del Consejo Ciudadano de Quintana Roo.

Patricia Palma, directora de la organización civil Consejo Ciudadano de Quintana Roo, asegura que frente a la acción de las bandas criminales, las policías del estado son incapaces de transparentar su labor. Agrega que de los 6 mil 900 policías que se tiene en el estado, sólo 93 agentes han presentado los exámenes de control de confianza, y no se sabe si lo acreditaron positivamente.

Quintana Roo presenta un retraso en materia de certificación de confianza de sus cuerpos policiacos, sin embargo, el Consejo Ciudadano, que trabaja con 53 organizaciones en el estado y tiene colaboración con más de 300 a nivel nacional, ha instado al secretario estatal de Seguridad, Carlos Bibiano Villa, para mejorar a las policías de la entidad.

Al inicio de la administración, el general retirado le presentó al Consejo una radiografía del estado de la policía, la cual mostraba el panorama desastroso de la institución de seguridad. “No se tenían patrullas, sin elementos capacitados y sin equipamiento. Esto se ha ido mejorando en la medida que las organizaciones han exigido las mejoras”, refiere Patricia Palma.

En la conferencia Para Qué Evaluar a los Policías, los Centros de Control de Confianza en la Estrategia de Seguridad, se nombraron como representantes de la organización Causa Común para Quintana Roo a la directora del Consejo Ciudadano, Patricia Palma, y en la Zona Sur a Rodrigo Tello.


Cuadrito

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Cancún, muchos policías están en la organización debido a que no cuentan con otro trabajo al que puedan acceder. No se emplean métodos curriculares adecuados a los contextos donde viven los policías, para poder reclutarlos de forma efectiva. Las convocatorias para pertenecer a las corporaciones, piden mínimos requisitos como la estatura con criterios que sólo se usan en el norte de más de 1 metro 70 centímetros, cuando la estatura promedio en el sur es de 1 metro con 55.


DATO

¿Qué es un polígrafo y cómo funciona?

• Mide cambios psicofisiológicos asociados con el estrés de mentir, como lo son la presión arterial, la respiración y la resistencia eléctrica de la piel.
• Estos cambios se registran al tiempo en que un sujeto, conectado al polígrafo, responde a preguntas específicas de “Sí o No”.
• Las reacciones son comparadas por un poligrafista contra patrones de veracidad registrados en el mismo sujeto, que le permiten reportar cuando el sujeto es veraz o no en sus respuestas.
• El polígrafo no es un “detector de mentiras”.
• Un poligrafista bien entrenado, utilizando un polígrafo y un riguroso procedimiento (la evaluación poligráfica) si puede ser un “detector de mentiras”.


¿Qué tipo de evaluaciones hay?
1) Evaluación poligráfica específica (o de investigación).
2) Evaluación poligráfica de Pre-empleo. Ayudan a determinar actos indeseables en el pasado de candidatos a empleos.
3) Evaluación poligráfica de control de confianza.
- Para evaluar si un empleado actual ha incumplido con leyes, reglas o procedimientos.
- Se usa en forma periódica para personal crítico, o antes de una promoción.


Componentes del polígrafo computarizado

• Dos Neumógrafos: Miden la actividad respiratoria.
• Un Galvanómetro: Mide los cambios de conductividad eléctrica en la piel (el reflejo galvánico)
(sudoración).
• Un Baumanómetro: Mide los cambios en la presión arterial.
• Cardiógrafo: Registra la actividad cardiaca (pulsaciones).
• Una caja sensora o interfase.
• Software graficador.- Tiene un módulo que emite el juicio de verdad o mentira. Dicho módulo no debe de substituir el análisis de las gráficas de parte del poligrafista.

El polígrafo digital está casi desplazando al polígrafo mecánico de agujas por su conveniencia, aunque los dos son igual de precisos.

Fuente: http://www.asismexiconorte.com.mx/archivos/File/0804%20Poligrafo.pdf


¿En qué países se utiliza?

En la actualidad el polígrafo es utilizado por agencias de inteligencia, policías y sectores privados de más de 90 países.

El diputado federal Mario Moreno Arcos se registrò como pre candidato a la presidencia municipal del Chilpancingo lo acompañaron Manuel Añorve Baños y Héctor Astudillo Flores entre otros reconocidos priístas. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


En los pasillos del PRI estatal en Guerrero se encuentra información y fotografías del Partido Revolucionario Institucional. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


El ex procurador de Justicia del estado Guerrero y pre candidato a la alcaldía de Acapulco, Alberto López Rosas en el zócalo de Chilpancingo. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


Ricardo Iván Galíndez anunció que participará para contender por la regiduría de Chilpancingo en su anuncio lo acompañan sus compañeros perredistas. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


El precandidato a la presidencia municipal de Chilpancingo por el PRD, Alejandro Mendoza Pastrana ofreció una conferencia de prensa para anunciar que va arriba en las encuestas. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


domingo, 18 de marzo de 2012

HOMUS VERDUS. Otro sinsentido


Foto: Internet
Por: Carmen Contreras Téllez
Han tenido que pasar tres muertos, 36 heridos y 62 detenidos en una protesta en Madre de Dios para que la minería ilegal (porque fuera de cualquier discusión eso es lo que es: Ilegal) sea considerada un delito punible con una pena de cárcel de hasta 10 años.

Este acto, esta protesta que reunió a miles de mineros informales, es un abuso del poder, del mismo que nos quejamos cuando sentimos que se aprovechan de algo de manera arbitraria, es el abuso que proviene del poder del pueblo.

No se trata de si ‘afecta su trabajo’ o de que el gobierno ‘criminaliza’ sus actividades. Se trata de que el solo hecho de explorar las tierras ya es una contaminación y alteración directa de diferentes ecosistemas. Dudo mucho que la formalización de la minería en la zona, que no solo es Madre de Dios, sino Piura, La Libertad, Puno y Apurímac (donde también se unieron a la protesta), sea reconfortante para todos; aún si existe una intención sincera, estoy segura que los Estudios de Impacto Ambiental detendrán muchos proyectos en la zona por ser inviables, y eso porque todo este tiempo en el que Madre de Dios ha sido punto de miles de mineros ha hecho que la calidad de los ecosistemas y el medio ambiente en sí, baje su calidad y enfrente erosiones de los suelos, contaminación de ríos, entre otros.

Por otro lado, más del 50% de la actividad económica en esta región proviene de la minería informal, más que el turismo y la producción. ¿A dónde irán cuando todo acabe? ¿Está preparada Madre de Dios para reemplazar la minería con alguna otra actividad? Desde el 5 de marzo, fecha en la que se inició el paro, se registraron pérdidas por S/. 4.3 millones en los sectores de turismo y servicios; aproximadamente S/. 10 667 millones junto con las otras regiones que apoyaron este fin.

Recordemos y tengamos en cuenta que los últimos conflictos han sido de carácter socio-ambiental, y sí, estamos viviendo una bomba de tiempo en el que muchos otros más saldrán a la luz (¿Ayer Conga, hoy Madre de Dios, mañana Inambari?). En cuanto al tema de la minería informal, estamos hablando de no sólo contaminación, sino de la esclavitud de personas para que trabajen sin leyes laborales, seguro social o atención médica; podríamos resaltar aquí el trabajo y la explotación infantil. Además de tráfico de armas, explosivos y contrabando.

Ahora que el paro se suspendió, se espera un diálogo pacífico, sin presiones y con transparencia. Se espera un fin democrático y justo, uno muy concienzudo que proteja al ambiente y en el lugar en el que vivimos y también la salud de aquellos que viven en los alrededores y que en un futuro podrían sufrir las consecuencias de paros sin sentido como este.

La historia siempre regresa: ¿genocidio armenio? (II)


Por: César Puerta Villagaray
¿Cuáles son los hechos del presente? Como en todo problema, no todo es historia. Los sucesos en torno a la masacre de los armenios datan de inicios del siglo XX; sin embargo sus implicancias se evidencian hasta la actualidad. Así, en el plano legal, el reconocimiento del genocidio puede traer como consecuencia exigencias de compensaciones, como ya así lo ha declarado un sector de la clase política armenia (Partido Dashnaksutyun).

En el plano académico, la adjetivación de un hecho del pasado, con uno u otro término, forma parte de los intentos de apropiación de la memoria histórica y corresponde a la fase final de toda forma de conflicto o guerra. Asimismo, los académicos como el propio Mann, saben hoy mucho mejor que antes que en el origen de estas tragedias siempre parecen estar, en la mente de los perpetradores, dos ideas: la psiquis de la desaparición del pueblo enemigo y la inexistencia de límites morales contra el prójimo.

Y, por último, en el plano de la política, este tema no es solo historia, es política nacional y es realismo político en las relaciones internacionales. Solo estas consideraciones políticas ayudan a entender la postura de varios países sobre la masacre de los armenios.

Podemos ver en Francia, por ejemplo, que la ley que establecía penas y multas para la negación del genocidio, tuvo su origen en un intento de ganarse la simpatía de los miles de votantes, pertenecientes a la comunidad armenia en ese país. Y en Israel, la evasión del gobierno a catalogar de genocidio lo ocurrido en 1915, es sobre todo una manera de seguir manteniendo armoniosas relaciones con el gobierno turco, puente geográfico y militar con sus aliados europeos. Ambos casos, como muchos otros que se podrían mencionar, demuestran como la política no es ajena a las implicancias de la historia. El pasado no explica totalmente el presente, sin embargo ayuda mucho a entenderlo.

Esta historia, como muchas otras, también tiene sus paradojas. ¿Cuáles? Hay que recordar que en 1909, los denominados Jóvenes Turcos (organización nacionalista y reformista) habían tomado el poder en el Imperio Otomano. El cual había estado gobernado -según la óptica de Europa Occidental- por una especie de satrapía oriental, razón por la cual, el nuevo gobierno fue percibido como una fuerza modernizadora. No obstante, y aquí una de las grandes paradojas, la masacre de los armenios fue perpetrada, precisamente, por un gobierno que se presentaba como portador de la tan ansiada modernidad.

Madre de Dios: la lucha por la vida o el oro


Foto: RPP
 Por : Cynthia   Sánchez / @CynthiaVST 
Lima, Perú. Marzo del 2012. (Spacio Libre).-Mientras unos reclaman por vida, por un lugar libre de contaminación otros reclaman por  un  derecho que solo consiste en acabar con todo lo que los rodea, no importa si están en pie más de miles de años o si proveen de alimentación o que extienda la vida de los que la habitan. Pues es lo que hace la minería informal e ilegal y eso lo vemos reflejado en Madre de Dios afectada por la contaminación de mercurio en el agua, planta y aire producida por aquella minería informal que reclama derechos cuando son los primeros en atentar contra un derecho fundamental: la vida.

En el último artículo de la periodista Jackeline Fowks para El País de España señala que la extracción irregular de oro –la cual se da en 21 de las 25 regiones- comprende una tercera parte de la producción en nuestro país y que el intento del gobierno por frenar dicha actividad ilegal ha elevado el malestar social que ha dejado un saldo de tres personadas fallecidas y más de 60 detenidos en el enfrentamiento entre policías y manifestantes en Madre de Dios desde el pasado miércoles. Los mineros informales exigen que se elimine la norma que castiga la minería ilegal o informal, con penas que van de los cuatro hasta los doce años y que hoy entro en vigencia.

Además se estima que más de 100 000 personas laborar directamente en la minería informal según el cálculo oficial realizado a fines del 2010 por una Comisión Técnica Multisectorial del Estado quienes propusieron un plan de regularización. La coordinadora de la comisión, Juana Kuramoto consultada por El País señaló que se debería seguir a los verdaderos responsables, quienes están detrás de la minería informal: las empresas mineras formales que compran lo producido informalmente y luego lo exportan.

“De nuevo están teniendo la visión de que es más fácil perseguir a 20.000 o miles de mineros que seguir a quienes controlan este negocio: empresas formales mineras que compran informalmente”, dijo Kuramoto. También enfatizó que el Estado debería tener inteligencia tributaria, hacer una revisión minuciosa sobre a quién se exporta o se vende, los permisos para importar maquinarias, además son más de 50 grandes entidades que financia la minería informal.

 “El Estado no tiene recursos ni personal para ir tras miles de mineros. En las recomendaciones dijimos que había que tener inteligencia tributaria, revisar a quién se exporta o se vende, evaluar los permisos para importar maquinaria: son de 30 a 50 grandes entidades que financian la minería informal”, manifestó.

En el estudio presentado por Kuramoto en 2010 indica que las principales zonas  donde están establecidos los productores informales e ilegales son: Madre de Dios, Piura, Ica, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Puno, La Libertad y Cajamarca, siendo las más afectadas por la deforestación y contaminación Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.

El secretario general de Cáritas en Madre de Dios, César Ascorra reveló que un área de dos kilómetros de largo por medio de ancho en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata en solo tres meses ha sido deforestada y que el avance de los informales se debe al alto precio del oro. Asimismo, señaló los impactos sociales que genera la minería informal e ilegal pues además de ocasionar daños a la salud irreversibles a niños y gestantes, trae violencia y muerte en el sector.


LA TETERA CÓSMICA. Ese viejo tema de la ley de medios


 Foto: Internet
Por: Roberto Bustamante Vento
No sé si se acuerdan. Hace un año, había un candidato que tenía su plan de gobierno bajo el brazo (luego nos enteramos que no lo había leído, pero esa es otra historia). Entre las muchas cosas que se vio en ese plan de gobierno había un acápite que hablaba de los medios. Su breve diagnóstico decía:

“La transición democrática de 2001 no fue aprovechada por los gobiernos de Paniagua y Toledo para revisar las concesiones de frecuencias de transmisión a aquellos empresarios de la radio y televisión peruana que convirtieron un servicio público en un servicio particular. […]En la actualidad, los medios de comunicación están en propiedad de unas pocas manos (incluso la propiedad de varios tipos de medios), lo que ha configurado un cuasi oligopolio mediático que atenta contra el derecho de libertad de expresión y el de una información adecuada para la población.” (La Gran Transformación, Plan de gobierno 2011-2016, página 57)

El plan ponía el dedo en la llaga y planteaba la pronta revisión de las licencias. Muchas de ellas obtenidas bajo nada transparentes procesos (como fue el caso de América TV, Panamericana TV, el conglomerado ATV-Global y RBC). En varios de esos casos la concesión fue parando de mano en mano y de pueblo en pueblo; el pase de una concesión de una empresa a otra podía ocurrir sin que el estado intervenga en lo absoluto. Digo, no debemos olvidar que la señal televisiva usa el espectro radiomagnético que es de todos los peruanos.

Tampoco hay que señalar que si esto ocurre en Lima, fuera de la capital las cosas son mucho peores, donde proliferan las radios pirata que simplemente se montan sobre el espectro sin mayor supervisión ni acción del estado.

En fin. El partido que promovía una nueva ley de medios llegó al gobierno y no solamente se olvidó de la idea de discutir qué hacer con el espectro radiomagnético, sino que sacó al Instituto de Radio y Televisión Peruana del Ministerio de Cultura (a donde había llegado) y lo volvió un medio de difusión dirigido por la Presidencia del Consejo de Ministros. Cualquier posibilidad de tener una televisión pública y con un consejo directivo independiente y elegido por procesos como los del Banco Central de Reserva quedan en nada hasta nuevo aviso.

Es decir, todo más de lo mismo.

Más allá de la antipatía que puede provocar que en esa misma idea original estuviera dicho que había que tomar como referente el proceso argentino, lo cierto es que muchos medios radiales y televisivos, tanto de Lima como del interior, tienen licencias endebles, donde cualquier juez podría dictaminar hoy quién es el dueño. Es lo que le viene pasando en estos momentos al canal limeño 11 VHF, en manos del empresario Ricardo Belmont Casinelli. En los noventa, la señal fue alquilada primero a una iglesia evangelista y luego a una empresa arequipeña. Luego, es recuperado por Belmont quien ha ido alquilando horas dentro del canal para poder sobrevivir. Así hasta el día de hoy donde un juez arequipeño ha restituido el alquiler nuevamente a la empresa arequipeña Austral. Por supuesto, en medio, hay siempre periodistas que verán sus proyectos truncos. Lástima.

Y doble lástima porque seguimos en lo mismo desde hace mucho. Mala institucionalidad en los medios de comunicación equivale a ser presionados por el gobierno de turno. Eso también es igual a una prensa débil, fácilmente manipulable o intercambiable. El paso a la televisión digital en cierto modo va a significar un borrón y cuenta nueva, pero todo indica que se apunta a un modelo donde lo público queda nuevamente fuera.