martes, 30 de septiembre de 2014

Después de la investigación se determinara la inocencia o culpabilidad del edil de Iguala


Francisco Galaviz/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., septiembre de 2014. La probable culpabilidad a la que es señalado el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se determinará después de las investigaciones que se realicen sobre lo ocurrido el  fin de semana en dicho municipio, donde resultaron tres normalistas muertos, 16 heridos y 57 estudiantes desaparecidos, aunado a los lesionados del equipo de fútbol “Los Avispones”, a consecuencia de la brutalidad policíaca.
Lo anterior lo señaló Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso Local, quien reprobó los hechos vandálicos que ocasionaron los normalistas de Ayotzinapa, “aunque están en su derecho de manifestarse, pero esas no son las aptitudes adecuadas; porque los edificios no son propiedad de los diputados, son del pueblo y al final de cuentas quien paga es el pueblo con los impuestos”.
El legislador consideró como optimo la separación del cargo del alcalde de Iguala de la Independencia, José Luis Abarca, para dejar que las autoridades judiciales investiguen y esclarezcan los hechos ya conocidos por todos.
Toda vez que con la separación del cargo de edil de Iguala se permitirá agilizar las averiguaciones sobre los hechos violentos que ocurrieron en el municipio igualteco, donde se dejo ver la brutalidad policíaca de allá. 
Hechos que arrojaron un saldo de varias personas muertas, desaparecidos y heridos de gravedad por parte de los jugadores de Los Avispones, así como de civiles que transitaban por el lugar.  
El legislador comentó que si el edil solicita licencia “no quiere decir que sea él el culpable”, sino que por el contrario, dará una muestra de buena disposición de trabajar y coadyuvar en las investigaciones sobre el caso.
Dijo que el Congreso del Estado está en la mejor disposición de dialogar con los estudiantes de Ayotzinapa, siempre y cuando sea mediante un dialogo de altura, y no bajo una cerrazón ni con violencia hacia la sociedad ni a las instituciones, toda vez que están afectando a gente inocente e inmuebles que a final de cuentas, los daños son pagados con los impuestos de la ciudadanía.




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