Juan
José Romero/NOTYMAS
Chilpancingo,
octubre 18 del 2013 (NOTYMAS).- La
dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, consideró que la
investigación sobre los permisos concedidos a constructoras en zonas inundables
por anteriores administraciones municipales debe ser atraída por la
Procuraduría General de la República, ya que están involucradas al menos tres
dependencias del gobierno federal.
Al darse a conocer hoy en los medios de
comunicación que a petición del gobernador Ángel Aguirre Rivero, el presidente
municipal de Acapulco Luis Walton Aburto presentó una denuncia formal ante la
Procuraduría General de Justicia del estado, el coordinador estatal de
Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco indicó que es muestra de que
existe voluntad para que se investigue el caso.
“Esperamos que así como el alcalde entregó
rápidamente la documentación que le pidieron, las indagatorias sean rápidas y
expeditas para que se haga justicia a la gente que sufrió la pérdida de su
patrimonio”, dijo.
La investigación abarca los periodos de los
ex presidentes municipales Zeferino Toreblanca Galindo, Alberto López Rosas,
Félix Salgado Macedonio y Manuel Añorve Baños.
“Ellos son las cabezas visibles, pero habrá
seguramente funcionarios menores que resulten también involucrados, no sólo en
el municipio, sino en los respectivos gobiernos estatales, porque de acuerdo
con la Ley de Protección Civil del estado, hay un subsecretario de Protección
Civil que también debe expedir constancia de factibilidad para que los
ayuntamientos otorguen licencias de construcción”.
Lo cual involucraría nuevamente a Zeferino
Torreblanca como ex gobernador y a su antecesor René Juárez Cisneros.
“Pero no son los únicos, hay por lo menos
tres dependencias del gobierno federal involucradas, Comisión Nacional del
Agua, la Semarnat y la Profepa, por lo que consideramos que la Procuraduría
General de la República debe también hacer su propia investigación y deslindar
responsabilidades contra las áreas que resulten involucradas”, señaló.
Agregó que debe contemplarse además la
posible participación de los ex delegados federales de esas tres dependencias
durante los periodos en que se otorgaron los permisos, así como a las
constructoras involucradas.
“Si hablamos de un deslinde de
responsabilidades, no podemos ser selectivos, la investigación debe ser amplia
y que sirva como parteaguas para que en un futuro se evite a las autoridades la
tentación de caer en los mismos errores”, dijo finalmente. (NOTYMAS)
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