- “El
gobierno demuestra “que no vale nada la vida de un ciudadano en este país”.
-Ya
concluyó con la etapa de aportación de pruebas en su solicitud de revocación de
mandato.
Iguala
Gro; 17 de agosto del 2013 /ANG.- La regidora perredista, Sofía Lorena
Mendoza Martínez repudio la postura del procurador general de la república,
Jesús Murillo Karam al declinar que la PGR atraiga el caso del triple homicidio
de los activistas de la Unidad Popular al considerar el hecho como un delito
del fuero común.
Recientemente en Acapulco el titular de la PGR determinó no atraer la investigación
del asesinato de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael
Banderas Román, “por ser un delito del fuero común”.
Cuestionada al respecto por los medios de comunicación, Mendoza Martínez expuso, “fue
un homicidio y hubo privación ilegal de la libertad y tortura, pero si el
procurador dice que es un delito del fuero Común, espero que el caso de
Raymundo Velázquez le den el mismo trato porque entonces se pondría en
evidencia el gobierno de que no le quiere entrar a la investigación de los
crímenes de los luchadores sociales”, sostuvo.
Urgió
la intervención de las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional
para que pongan sus ojos en México y puedan hacer un llamado al estado
mexicano.
Por
otra parte informó que ya concluyó la entrega de pruebas a la Comisión
Instructora del Congreso local, de las cuales dijo que la prueba más fehaciente
para la Revocación de Mandato en contra el alcalde José Luis Abarca Velázquez
por la presunta responsabilidad en el triple homicidio de los líderes de la UP,
“es la denuncia que interpusieron ante la Fiscalía regional del hostigamiento
que estaban sufriendo por parte del presidente municipal, su esposa y el
secretario de Seguridad Pública los mismos luchadores sociales un día antes de
su desaparición forzada”.
La edil
perredista puntualizó que ya hizo lo que le correspondía en la aportación de
pruebas “ya no está en nuestras manos y ya no tenemos más pruebas que aportar
por lo que debió haberse investigado por parte de las corporaciones
procuradoras de justicia y si no hay voluntad por parte de la autoridad no
podemos hacer nada más, ellos son las instancias y el estado debe garantizar la
justicia en los delitos que se cometen y más en este tipo de crímenes” (ANG)
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