Carlos Navarrete, Chilpancingo, Gro. 15 de agosto del 2013/ANG.-Representantes de los diferentes
sectores sociales en Chilpancingo solicitaron la intervención pronta del
gobierno federal para restablecer el estado de derecho en la capital
guerrerense, esto ante la incompetencia de las autoridades de la capital para
brindarles garantías de seguridad, de lo contrario harán valer su derecho a la
autodefensa.
En conferencia de prensa que ofrecieron en la Ciudad de México, al menos 30
organizaciones sociales denunciaron ser víctimas de extorciones, además 14
empresarios han sido secuestrados en fechas recientes.
En este pronunciamiento estuvieron presentes líderes empresariales de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación
Chilpancingo, la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) de la región centro del
estado, que dirige Pioquinto Damián Huato, recientemente amenazado de muerte
por las denuncias realizadas hace algunos días.
También asistieron integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y la Justicia Penal, la delegación estatal de la Cruz Roja, Club de
Leones, así como maquiladores, hoteleros y otros sectores de la sociedad
originarios de Chilpancingo que han sido víctimas de las presiones del crimen
organizado.
"La paciencia de los habitantes de Chilpancingo ha rebasado el límite,
estamos a punto de que los habitantes del municipio sigan el camino de sus
vecinos de otros municipios de Guerrero y Michoacán, si no se nos atiende, no
tendremos más alternativa que tomar la justicia en nuestras manos ejerciendo
nuestro derecho a la autodefensa"
A través de un comunicado, dieron a conocer en la Ciudad de México que los
comerciantes y empresarios capitalinos se ven obligados a pagar el famoso
“derecho de piso”, de lo contrario podrían sufrir represalias por parte de
grupos delictivos que mantienen el control de esta ciudad.
"La mayoría de los sectores están obligados a entregar cierta cuota
periódicamente dependiendo de la actividad que sea o en un porcentaje, en el
caso de las constructoras, quienes pagan hasta el 15 por ciento del valor del
contrato".
Además recordaron que de manera impune se encuentran circulando por lo
menos 200 taxis piratas, que según transportistas de esta ciudad, operan al
servicio de la delincuencia organizada haciendo funciones de “halcón”,
situación que han permitido las autoridades de esta ciudad.
Por esta razón exigieron el despliegue de una fuerza federal que erradique
a grupos criminales; que la PGR atraiga casos de secuestro y extorsión ya
denunciados; que se ejerza acción penal contra funcionarios que brinden
protección a criminales; y rotación inmediata de mandos militares asentados en
Guerrero así como de corporaciones federales de seguridad en el estado. ANG
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