Laura Sánchez
Granados/NOTYMAS
Acapulco, Gro., mayo
29 del 2013 (NOTYMAS).– Pide el ex secretario de seguridad en Guerrero Ramón
Almonte Borja se anule la denuncia de juicio político en su contra que
interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que lo responsabilizaron
por el asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre del
2011, el abogado dijo que la acusación está plagada de irregularidades, lo
anterior lo señaló durante su comparecencia ante la Comisión Instructora del
Congreso del Estado.
Durante
su comparecencia ante los legisladores Omar Jalil, Arturo Álvarez, Luisa Ayala,
Emilio Ortega, Bernardo Ortega y la diputada invitada Julieta Fernández, Ramón
Almonte les pidió que se tomen su tiempo para que sea revisado su caso que
consta de 789 fojas ya que la CNDH interpuso la denuncia y por ley una persona
moral como es el organismo no puede pedir un juicio político esto únicamente lo
puede realizar la ciudadanía.
Los
diputados locales e integrantes de la Comisión le dijeron que ellos no actuarán
bajo consigna ni prejuzgaran a nadie y lo único que pretenden es conocer los
hechos y la verdad sobre la muerte de 3 personas durante el desalojo violento
de normalistas en la Autopista del Sol.
Reconoció
el ex titular de seguridad que el 11 de diciembre envió elementos bajo su cargo
como lo manda el reglamento, fueron antimotines desarmados, sin embargo
reconoció que la seguridad del sub secretario si iban armados.
Dijo
que es inocente y que no puede comparecer ni como testigo porque no estuvo en
el lugar de los hechos y que cuando los policías del estado llegaron ya se
había dado el enfrentamiento de policías federales y manifestantes incluso
había iniciado el incendio en donde falleció el trabajador de una gasolinera.
Calificó
a la CNDH de autoritaria, mentirosa y provocar desconfianza de la sociedad y
que esta desde un principio pretende cubrir “a unos” en referencia a la PGR y
acusar a otros.
También
acuso a los integrantes de la anterior legislatura de Guerrero de actuar fuera
de la ley en los procedimientos desde haberle dado entrada a la denuncia de
juicio político interpuesta por personas no acreditadas legalmente.
Pidió
a esta legislatura que no se dejen sorprender de mala fe por parte del área
jurídica del Congreso, estudien su caso y desechar el juicio político.
Finalmente
Ramón Alomonte dijo que no pretende ser defensor de nadie pero que las balas
que tenían en el cuerpo los dos estudiantes asesinados eran de armas G-3 y que
son las de uso exclusivo de la PGR y que en Guerrero utilizan rifles R-15.
Aclaró
que no fue cesado que el 13 de diciembre del 2011 cuando le dijeron que tenía
que pedir licencia al cargo por el caso Ayotzinapa, decidió presentar su
renuncia con carácter de irrevocable y que ni en ese tiempo ni ahora pretende
regresar al gobierno de Guerrero porque su ciclo terminó precisamente el día
que dejo el cargo. (NOTYMAS)
