México. D. F., enero de 2013. En una reedición más
del uso y abuso del poder en México, de último minuto Felipe Calderón extendió
los Beneficios Expresidenciales a toda su familia, en el uso extendido de la
palabra y no como jurídicamente se le entiende a la familia monoparental, por
lo que existe la posibilidad de incrementar aún más la exorbitante cifra de 5
millones 005, 121 pesos mensuales que actualmente perciben nuestros ex primeros
mandatarios.
“El caso de Felipe Calderón es verdaderamente sorprendente. Cuando se terminó el libro y lo presentamos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, jamás pensamos que el libro iba a tener la fuerza para que el propio presidente el último día de su mandato publicara una reforma al reglamento del Estado Mayor para autoprotegerse y autootorgarse más cosas”, expresó recientemente Ernesto Villanueva Villanueva, coautor junto con Hilda Nucci González del libro “Beneficios Expresidenciales” (Editorial Themis, 2012), durante la presentación realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El investigador expresó que debido al anuncio previo de la existencia del libro, donde se dieron a conocer avances del mismo, permitió al ex presidente realizar los agregados: “La primera, aiga sido como aiga sido, lo que ya se tuvo aquí se queda, y lo puso en transitorio; segundo, él entiende familia en un concepto coloquial de la expresión, es decir, la abuelita, la tía, los sobrinos… para otorgarles servicios de salud en el hospital militar, no en el ISSSTE como correspondería a un ex servidor público” y tercero, además de los 425 elementos que ya tenía, poder incrementar la seguridad, según las circunstancias lo ameriten, es decir, ya no tenemos límites, pueden ser los que la imaginación alcance”.
Villanueva comentó que en una interpretación muy personal el incremento desmedido de personal para seguridad podría ser debido a las molestias que dejó en la gente que perdió a sus familiares durante la guerra iniciada contra el narcotráfico, la cual, insistió el autor, quizá no lo fue tanto porque no existen pruebas documentales de la muerte de Nazario Moreno, líder de la Familia Michoacana, que puso en su Informe de Gobierno, por ejemplo.
Además, el responsable del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reveló lo que supone un engaño más a todos los mexicanos, éste por parte del ex presidente Ernesto Zedillo, quien en su momento dio a conocer a la opinión pública una presunta renuncia al beneficio económico, pero al realizar las solicitudes de información a la Secretaría de Hacienda y la Presidencia de la República, la respuesta fue la inexistencia de la renuncia así como de la respuesta a dicha renuncia, lo cual constituye una simulación más del poder.
Villanueva fue acompañado en la presentación, además de su coautora Hilda Nucci González por los investigadores Jorge Fernández Ruiz, Daniel Márquez Gómez y Edgar Corzo Sosa, quienes argumentaron a favor de la obra que se encuentra por el momento en las librerías de la UNAM.
En su momento, Hilda Nucci dio a conocer lo siguiente: “De conformidad con el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2011-2012, la pensión que recibe un ex Presidente es de $ 205 mil 122.06 pesos (equivalente al salario mensual de un Secretario de Estado). Empero, a esa pensión habría que agregar la cantidad de $ 4 millones 799,999.00 pesos por gastos de ayudantía y seguridad. Así, un ex Presidente percibe ingresos mensuales que ascienden a $ 5 millones 005, 121 pesos”.
La coautora destacó que además de ser ilegales estos beneficios porque el Acuerdo Presidencial núm. 7637, registrado con fecha 25 de noviembre de 1976 ni en el Acuerdo Presidencial núm. 2763-BIS, del 31 de marzo de 1987, como tampoco el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, del 16 de enero de 2004 fueron firmados por los entonces presidentes de la República Luis Echeverría, Miguel de la Madrid y Vicente Fox y mucho menos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación; por tanto, son carentes de toda obligatoriedad para el Estado Mexicano. Es decir, se trata de ordenamientos discrecionales y, por tanto, su carácter es ilegal.
El resultado de estas cifras implica que los ex mandatarios mexicanos cobran mensualmente 500 por ciento más que el segundo país con estos salarios, como es Singapur, 600 por ciento más que Suiza y más que Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Italia, Francia, Perú y Dinamarca, entre otros, explicó Nucci González.
Jorge Fernández Ruiz, especialista en Derecho Administrativo, y coordinador del Área de Derecho Administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, agregó que los beneficios o privilegios desvelados por esta investigación sin precedente demuestran que “además del atraco a la igualdad se está creando una sociedad muy exclusiva, la de los ex mandatarios que se suma a las de los países que tienen gobierno monárquico, pues se convierten en Jefes de Estado vitalicios, con privilegios hereditarios desmedidos por encima del artículo 12 constitucional”.
Daniel Márquez Gómez coincidió que todos estos privilegios ocurridos en pleno Siglo XXI se deben a la escasa masa crítica y que la socialización del conocimiento en estos temas cumple tareas meramente testimoniales; es ahí donde radica el gran problema de la impunidad en este país. “Parece ser el referente básico de la acción pública en el país: se puede violar la ley, se puede documentar, podemos señalar a los responsables y todo se queda en el escándalo del noticiario matutino, en la primera plana de algún periódico y quizá en el recuerdo de algún académico que en algún momento tendrá que recordar esto para, posiblemente, escribir un libro como éste”.
Por su parte, Edgar Corzo dijo que si tuviera que escoger una frase del libro, “me quedaría con aquella que contrasta los beneficios vitalicios a favor de una persona con un cargo que no pasó más allá de seis años” porque con seis años “se asegura la vida no sólo de una familia, sino de varias generaciones; en cambio, una persona podrá haberse dedicado toda su vida a ser profesor e, incluso, pudo ser que haya corrido con suerte y fuera nombrado comisionado por la primera maestra, pero si no estuvo en el lugar correcto, no asegurará el resto de su vida ni el de varias generaciones y sólo tendrán para comer mendrugos”.
Finalmente todos los participantes en la presentación coincidieron en que es urgente la movilización social que urja la creación de un marco normativo legal para otorgar beneficios de acuerdo con el estado del país, de sus finanzas y acorde con el servicio prestado, pero lejos de los privilegios exacerbados existentes hoy.
“El caso de Felipe Calderón es verdaderamente sorprendente. Cuando se terminó el libro y lo presentamos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, jamás pensamos que el libro iba a tener la fuerza para que el propio presidente el último día de su mandato publicara una reforma al reglamento del Estado Mayor para autoprotegerse y autootorgarse más cosas”, expresó recientemente Ernesto Villanueva Villanueva, coautor junto con Hilda Nucci González del libro “Beneficios Expresidenciales” (Editorial Themis, 2012), durante la presentación realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El investigador expresó que debido al anuncio previo de la existencia del libro, donde se dieron a conocer avances del mismo, permitió al ex presidente realizar los agregados: “La primera, aiga sido como aiga sido, lo que ya se tuvo aquí se queda, y lo puso en transitorio; segundo, él entiende familia en un concepto coloquial de la expresión, es decir, la abuelita, la tía, los sobrinos… para otorgarles servicios de salud en el hospital militar, no en el ISSSTE como correspondería a un ex servidor público” y tercero, además de los 425 elementos que ya tenía, poder incrementar la seguridad, según las circunstancias lo ameriten, es decir, ya no tenemos límites, pueden ser los que la imaginación alcance”.
Villanueva comentó que en una interpretación muy personal el incremento desmedido de personal para seguridad podría ser debido a las molestias que dejó en la gente que perdió a sus familiares durante la guerra iniciada contra el narcotráfico, la cual, insistió el autor, quizá no lo fue tanto porque no existen pruebas documentales de la muerte de Nazario Moreno, líder de la Familia Michoacana, que puso en su Informe de Gobierno, por ejemplo.
Además, el responsable del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reveló lo que supone un engaño más a todos los mexicanos, éste por parte del ex presidente Ernesto Zedillo, quien en su momento dio a conocer a la opinión pública una presunta renuncia al beneficio económico, pero al realizar las solicitudes de información a la Secretaría de Hacienda y la Presidencia de la República, la respuesta fue la inexistencia de la renuncia así como de la respuesta a dicha renuncia, lo cual constituye una simulación más del poder.
Villanueva fue acompañado en la presentación, además de su coautora Hilda Nucci González por los investigadores Jorge Fernández Ruiz, Daniel Márquez Gómez y Edgar Corzo Sosa, quienes argumentaron a favor de la obra que se encuentra por el momento en las librerías de la UNAM.
En su momento, Hilda Nucci dio a conocer lo siguiente: “De conformidad con el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2011-2012, la pensión que recibe un ex Presidente es de $ 205 mil 122.06 pesos (equivalente al salario mensual de un Secretario de Estado). Empero, a esa pensión habría que agregar la cantidad de $ 4 millones 799,999.00 pesos por gastos de ayudantía y seguridad. Así, un ex Presidente percibe ingresos mensuales que ascienden a $ 5 millones 005, 121 pesos”.
La coautora destacó que además de ser ilegales estos beneficios porque el Acuerdo Presidencial núm. 7637, registrado con fecha 25 de noviembre de 1976 ni en el Acuerdo Presidencial núm. 2763-BIS, del 31 de marzo de 1987, como tampoco el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, del 16 de enero de 2004 fueron firmados por los entonces presidentes de la República Luis Echeverría, Miguel de la Madrid y Vicente Fox y mucho menos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación; por tanto, son carentes de toda obligatoriedad para el Estado Mexicano. Es decir, se trata de ordenamientos discrecionales y, por tanto, su carácter es ilegal.
El resultado de estas cifras implica que los ex mandatarios mexicanos cobran mensualmente 500 por ciento más que el segundo país con estos salarios, como es Singapur, 600 por ciento más que Suiza y más que Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Italia, Francia, Perú y Dinamarca, entre otros, explicó Nucci González.
Jorge Fernández Ruiz, especialista en Derecho Administrativo, y coordinador del Área de Derecho Administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, agregó que los beneficios o privilegios desvelados por esta investigación sin precedente demuestran que “además del atraco a la igualdad se está creando una sociedad muy exclusiva, la de los ex mandatarios que se suma a las de los países que tienen gobierno monárquico, pues se convierten en Jefes de Estado vitalicios, con privilegios hereditarios desmedidos por encima del artículo 12 constitucional”.
Daniel Márquez Gómez coincidió que todos estos privilegios ocurridos en pleno Siglo XXI se deben a la escasa masa crítica y que la socialización del conocimiento en estos temas cumple tareas meramente testimoniales; es ahí donde radica el gran problema de la impunidad en este país. “Parece ser el referente básico de la acción pública en el país: se puede violar la ley, se puede documentar, podemos señalar a los responsables y todo se queda en el escándalo del noticiario matutino, en la primera plana de algún periódico y quizá en el recuerdo de algún académico que en algún momento tendrá que recordar esto para, posiblemente, escribir un libro como éste”.
Por su parte, Edgar Corzo dijo que si tuviera que escoger una frase del libro, “me quedaría con aquella que contrasta los beneficios vitalicios a favor de una persona con un cargo que no pasó más allá de seis años” porque con seis años “se asegura la vida no sólo de una familia, sino de varias generaciones; en cambio, una persona podrá haberse dedicado toda su vida a ser profesor e, incluso, pudo ser que haya corrido con suerte y fuera nombrado comisionado por la primera maestra, pero si no estuvo en el lugar correcto, no asegurará el resto de su vida ni el de varias generaciones y sólo tendrán para comer mendrugos”.
Finalmente todos los participantes en la presentación coincidieron en que es urgente la movilización social que urja la creación de un marco normativo legal para otorgar beneficios de acuerdo con el estado del país, de sus finanzas y acorde con el servicio prestado, pero lejos de los privilegios exacerbados existentes hoy.
