Juan López
A
partir de 1824, cancelado el Imperio de Agustín de Iturbide, se instituye en México el Pacto Federal, que es
el compromiso signado por las existentes Entidades Federativas, para dar a la
Nación figura republicana. El centralismo era repudiado: habíamos padecido de
su autoritarismo desde los orígenes de la Gran Tenochtitlan, más los
trescientos años de arbitrariedades del coloniaje. Los pueblos de toda América
reclamaban autonomía, libertad, garantías civiles, soberanía, independencia,
por las que habían luchado en episodios
tan heroicos como sangrientos.
Sufrimos entonces amagos de separatismo en Yucatán, Tabasco y Chiapas,
precisamente porque las distancias aislaban tanto los territorios, que recorrer
a lomo de mula y en carretas de Mérida Yucatán a la Ciudad de México, resultaba
una proeza titánica. Era mejor viajar por la ruta marítima a Europa, Brasil o Argentina, que atravesar el país
despoblado y sin vías de comunicación terrestres.
El
Pacto Federal obligaba a establecer Estados democráticos, donde a los gobernantes se les eligiera por votación
popular legal y legítima. Se les dotara de instituciones como Congreso local,
Poder Ejecutivo y Poder Judicial, así como la facultad de promulgar sus propias
leyes y su Constitución Política Estatal. Inicia con el nacimiento de la nación
mexicana pero, las Constituciones que se han sucedido en nuestra historia,
hasta la de 1917, mantienen el espíritu de 1824. En el Artículo 40 de la actual
Carta Magna se mandata: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una
Federación establecida según los principios de esta Ley fundamental.
A la
Federación se le asignan prioridades y encargos esenciales: La salud pública,
la educación, las aduanas, las telecomunicaciones, las carreteras, correo y
telégrafo y, lo más importante: la seguridad pública: la integridad del
territorio y la vigilancia de la soberanía exterior e interior del país, para
lo cual cuenta con las fuerzas uniformadas: Ejército, Armada de México, Fuerza
Aérea, Policía Federal Preventiva y Gendarmería Nacional. Toca al gobierno ser
el único legitimado para hacer uso de la fuerza cuando lo ameriten disturbios y
desencuentros públicos que pongan en peligro la estabilidad y la paz social.
Si un
Estado como Guerrero carece de los instrumentos técnicos y humanos para
controlar las andanadas de rufianes que paran aeropuertos, desquician
carreteras, incendian congresos y palacios de gobierno, ahuyentan al turismo y
resquebrajan la economía de todo el pueblo, sin que la autoridad se yergue como
árbitro que pare esta cadena de sabotajes, es urgente entonces, apelar al Pacto
Federal que posee en la Constitución General de la República la autorización de
auxiliar al Estado de Guerrero, en esta coyuntura que nos aflige.
La
vorágine de la violencia tiene un hasta aquí en la Ley Suprema de la Nación.
Sólo hay que darle vigencia al Estado de Derecho.
PD: “El
valiente vive, hasta que el cobarde quiere”: Refrán.
