José Antonio Rivera Rosales
Aunque el título pareciera irónico, porque
más inestable Guerrero no puede estar, en realidad alude a una posible
profundización de la violencia que podría degenerar fácilmente en anarquía.
Los
hechos ocurridos en Iguala los días previos sólo nos confirman un proceso de
descomposición anunciado desde hace tiempo, al que no son ajenos los partidos
políticos: fueron las dirigencias cupulares las que abrieron la puerta a
candidatos delincuentes, carentes de trayectoria partidista y/o social, cuyo
mayor atractivo era el capital disponible para apuntalar las campañas. Claro
que ese capital provenía del narco.
Ocurrida la tragedia de Iguala, en la que
los jóvenes normalistas de Ayotzinapa así como otros civiles inocentes
sufrieron irracionales ataques de la más irracional aún Policía Preventiva de
ese municipio de la Zona Norte, es necesario hacer un balance obligado cuyas
conclusiones nos conducen a un estado lacerante de preocupación.
Los antecedentes nos remiten en principio,
como ya dijimos, a las dirigencias de los partidos políticos.
Primero habrá que dejar en claro que el
delincuente que despachaba como alcalde de Iguala (pidió licencia al cargo
hoy), fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el
padrinazgo del actual diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez, cabeza de
la corriente Nueva Izquierda en Guerrero. Por cierto, resulta inadmisible que,
pese a la gravedad de los acontecimientos, este individuo aún salga a ofrecer
su respaldo público al ahora ex alcalde José Luis Abarca Velázquez.
Un caso similar se produjo en las filas de
Acción Nacional (PAN), donde el dirigente estatal Andrés Bahena Montero
patrocinó a Elizabeth Paz Gutiérrez, una persona carente de trayectoria
política o social, quien terminó desplazando a Nelly Pastrana, la candidata
natural, en la postulación panista a Tierra Colorada. A posteriori este líder
panista terminó desconocido por sus propios compañeros debido a la desaparición
de algunos millones de pesos de los fondos partidistas. Sería lamentable que el
homicidio del secretario general Braulio Zaragoza Maganda, ocurrido en la
víspera, tuviera su origen en ese diferendo.
Un caso más es el del diputado priista
Ólaguer Hernández, cuyos vínculos con la delincuencia nunca preocuparon a la
dirigencia del Revolucionario Institucional (PRI), que desoyó las advertencias
con las consecuencias ya conocidas. Ahora es un diputado orgullosamente priista
secuestrado en fecha reciente por un grupo delictivo que le reclama favores
antes concedidos.
Pero en Iguala los acontecimientos se
abalanzaron vertiginosamente dejando al descubierto el rostro oscuro de los
intereses siempre sospechados por la ciudadanía.
El 30 de junio del año pasado dirigentes de
la Unidad Popular de Iguala, encabezados por Arturo Hernández Cardona, fueron
secuestrados por un comando armado que se los llevó con rumbo desconocido. Días
después tres de ellos aparecieron muertos y con rastros de tortura.
Un sobreviviente informaría públicamente
después, en testimonio notariado, que fue el mismísimo alcalde el que
personalmente disparó contra Hernández Cardona.
Es de mencionar, además, que ya desde
entonces habían ocurrido conflictos entre el ayuntamiento de Iguala y los
normalistas de Ayotzinapa que se aventuraban a esa ciudad a hacer de las suyas.
Después, el 2 de julio de este año, tres
militantes del PRD se trasladaron a esa jurisdicción a cumplir con un supuesto
contrato de trabajo. Se trataba de
Alberto Zaragoza Ocampo, Miguel Antonino Navarrete y Raúl Vázquez Zamora.
Trascendidos confiables indican que en
realidad esos jóvenes integrarían una célula del Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente (ERPI), que incursionaría en Iguala para hacer algún tipo de
trabajo de construcción política.
Pero
los jóvenes guerrilleros fueron interceptados por un grupo delictivo de esa
región que los secuestró y los asesinó. Se trataría del mismo grupo delictivo
al servicio del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez y de su esposa María de
los Ángeles Pineda.
La incursión de los normalistas en su territorio
el pasado viernes 26 pareció ser la gota que derramó el vaso del ex munícipe
que, pese a haber negado su responsabilidad, resulta obvio que fue quien dio
las órdenes a los policías municipales para actuar como perros rabiosos contra
los normalistas de Ayotzinapa.
Con el fin de evadir su responsabilidad, el
ex edil se escudó en el mecanismo del Mando Único para sugerir que los
uniformados acataron órdenes del Gobierno del Estado. Muy puntual, el
secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, se apresuró a dejar en claro
que en Iguala ni siquiera ha iniciado la transición hacia el Mando Único, lo
que significa lisa y llanamente que fueron el propio ex edil y su secretario de
Seguridad Pública, Felipe Flores Abarca, quienes giraron esas órdenes funestas,
en aparente actitud de venganza contra el movimiento social.
Es por ello que no sólo resultan estúpidas y
aberrantes, sino mal intencionadas, las versiones de prensa que imputan la
autoría de las órdenes al gobierno de Ángel Aguirre Rivero quien, con mayor
razón, está obligado a aplicar la ley sin cortapisas, caiga quien caiga. Porque
parece obvio que hay algunos núcleos empecinados en echarlo del poder
aprovechando la incidencia surgida en Iguala.
Los ataques del viernes 26 contra los normalistas
y los demás civiles -hubo disparos indiscriminados contra vehículos
particulares-, procedentes tanto de los uniformados como de civiles armados
vestidos de negro, ostentan todas las características de un acto de terrorismo.
Así las cosas, lo que tenemos enfrente es
una peligrosa mezcla de enemistades entre el narco, la guerrilla y el
movimiento social, que podrían dar la pauta para la intervención de otros
factores que, a partir de la fecha emblemática del 2 de octubre, nos
conducirían a una situación de ingobernabilidad.
De ser así, en la línea de esta
interpretación de las cosas, pronto tendremos enfrentamientos entre núcleos
armados, salpicados de actos de vandalismo y sabotaje que afectarán
principalmente a la ciudadanía. Por eso es urgente que el gobierno estatal, con
el auxilio del federal, promueva una aplicación de la justicia transparente y
expedita. De lo contrario…
