Fernando
Polanco Ochoa / IRZA Chilpancingo, Gro., agosto 08 de 2011 (IRZA).- El
secretario de Desarrollo Económico, José Enrique Castro Soto, admitió que el
gobierno federal ha generado conflictos sociales en Guerrero por la expedición
de concesiones mineras y evade su responsabilidad para solucionarlos.
Señaló que es urgente y necesaria
una coordinación entre las autoridades de los estados y el gobierno federal,
para la expedición de concesiones mineras debido a los conflictos sociales que
ha generado con los dueños de las tierras donde las empresas pretenden
explotar.
“Eso le hemos dicho al gobierno
federal, que el hecho de que otorgue una concesión no garantiza que esto se
lleve a cabo si no hay una labor antes de información a la población donde se
pretende explotar”, dijo.
Añadió que el gobernador, Ángel
Aguirre Rivero, les pidió mayor coordinación e información con el gobierno
federal para la expedición de concesiones para llegar a acuerdos previos con
los afectados.
El problema radica -dijo- en que
el gobierno federal se limita a otorgar la concesión a las empresas mineras que
la soliciten a través de la
Ley General del Minería, pero no participa en la solución de
conflictos consecuentes y eso genera “un riesgo para el éxito del proyecto”.
El gobierno federal, ha liberado
25 concesiones mineras en Guerrero de las cuales están operando correctamente
al menos 15 y el resto se encuentran proceso de estudios de tierra y en
negociación con los ejidatarios donde hay conflictos.
La llegada de empresas mineras a
Guerrero, además de los beneficios económicos, también ha traído como
consecuencia conflictos sociales con los dueños de las tierras donde pretenden
instalarse.
Ocurrió en la comunidad de
Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde explota la empresa minera Gold
Gorp, lo mismo que en la comunidad de Campo Morado, municipio de Arcelia,
región Tierra Caliente y en Cocula, región Norte, donde opera la empresa Grupo
Farrallón.
Al inicio de este año ejidatarios
del municipio de Malinaltepec, en la región Montaña, se unieron contra la
instalación de varias empresas mineras que obtuvieron del gobierno federal
concesiones para explotar en sus tierras.
Pidieron al gobierno del estado, intervenir para evitar que las empresas se
instalaran en sus propiedades pues amagaron con impedirles el paso, lo cual
puso en riesgo la instalación de empresas mineras en aquella región.
Castro Soto, informó que iniciaron
un proceso de diálogo con los comuneros y ejidatarios de Malinaltepec para
explicarles los beneficios que les dejarán esos proyectos, pero también la
responsabilidad del gobierno en la vigilancia en materia ecológica, social y
económica pero sobre todo en garantizar que esos proyectos sean sustentables.
También han entablado una serie
de mesas de trabajo con el gobierno federal, para garantizar una economía
alterna en los puntos donde se instalan las empresas mineras para impulsar
proyectos que no dependan directamente de ese giro.
Pues los proyectos mineros tienen
un periodo de vida de al menos 25 años y al termino las empresas se van por lo
que pretenden generar otros giros comerciales que garanticen la preservación de
la economía local.
El funcionario estatal, descartó
que por esa serie de conflictos algunas empresas tengan la intención de
retirarse de la entidad, por el contrario, afirmó que están operando de manera
regular.
“Están funcionando ya superada la
etapa del cabildeo, se llevó a cabo el diálogo con los ejidatarios, en algunos
casos el arrendamiento (de las tierras) en otros casos en compra, ya hay un
avance importante en estos 15 proyectos mineros”, comentó.
