Julio Ayala/NOTYMÁS
Chilpancingo, Gro., noviembre 22 de 2012
(NOTYMAS).
Y pese a la vehemencia del diputado Ángel Aguirre Herrera, de su señalamiento
de que el dictamen estaba apegado a Derecho y conforme a la ley, sus compañeros
de partido, el PRD, se impusieron y votaron en contra del dictamen por el que
el priísta Fermín Alvarado Arroyo se le ratificaba en el cargo de magistrado
del Tribunal Superior de Justicia y se le decretaba su inamovilidad en el
mismo.
Y fue
también pese a la advertencia del mismo diputado Ángel
Aguirre Rivero, de que votar en contra del dictamen, por fobias personales y
partidistas, “se estaría poniendo en duda la capacidad de esta soberanía para
deliberar en el caso”.
Con ello,
Aguirre Herrera, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación
de la LX Legislatura del Congreso local, se refería al mandato del Consejo
Político Estatal de su partido, de votar en contra el dictamen, porque Fermín
Alvarado, ex diputado local, ex diputado federal y ex candidato perdedor a la
alcaldía de Acapulco, es priísta.
La sesión
legislativa de este jueves, que inició casi tres horas después de lo programado, y que
comenzó con 27 diputados locales, y que dos más habían solicitado licencia,
entre ellos Ricardo Taja, del PRI, que al final llegó a la votación, el caso de
la ratificación de Fermín Alvarado al cargo de magistrado por el que en
automático adquiría la figura de inamovible fue el “platillo fuerte”, aunque el
resultado ya estaba cantado desde días antes por los diputados del PRD, e
incluso ratificado dos minutos después de iniciada por Bernardo Ortega Jiménez.
“La
resolución del juez que dicta la sentencia de amparo es muy clara”, puntualizó
Bernardo, coordinador de los 20 diputados perredistas y en consecuencia
presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, al leer parte de la misma,
y cuyos cinco renglones estaban subrayados en amarillo, que coincidía con el
mismo subrayado que traía la magistrada del Tribunal Superior de Justicia,
Adela Román Ocampo, quien ocupa la Sala Familiar, ahora con sede en Acapulco, y
que demanda Fermín Alvarado como suya.
Y añadió
Bernardo Ortega, casi a la entrada de la sala de plenos del Congreso: “el
amparo (concedido por un juez a favor de Fermín) es para que se le escuche,
para atender su garantía de audiencia, no para que se le reinstale en el cargo
de magistrado, y mucho menos para que se le paguen salarios caídos que
reclama”.
Y “así
fue”, diría Juan Gabriel, tras aprobarse la “orden del día”, que contenía seis
puntos, incluida la “clausura de la sesión”, empezando por los “comunicados”,
tras darle entrada a oficios diversos enviados al pleno por el Oficial Mayor,
Benjamín Gallegos, seguidos por la “correspondencia”, y luego “iniciativas”, se
llegó al punto de “iniciativas de leyes, decretos y acuerdos”, que en su inciso
“o” contenía el “caso Fermín”, o “enfermín”, como le dicen algunos.
“Inciso O:
Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual no se
aprueba el dictamen evaluatorio por el que se resuelve la no ratificación del
licenciado José Luis Bello Muñoz, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Miguel Maya
Manrique, Rufino Miranda Añorve y Héctor Román Bahena, al cargo de magistrados del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, suscrito por el
contador Público Zeferino Torreblanca Galindo, entonces gobernador del estado
libre y soberano de Guerrero, únicamente por lo que se refiere al ciudadano licenciado Fermín Gerardo
Alvarado Arroyo, mismo que se le tiene por ratificado en el cargo y se decreta
su inmovilidad consagrada en la Constitución local, con solicitud de dispensa
de trámite legislativo. Discusión y aprobación, en su caso”, así rezaba el
punto de referencia.
Es decir,
el caso solo era el de Fermín Alvarado, porque hay que decir que el de José
Luis Bello, Miguel Maya, Rufino Miranda y Héctor Román, en su momento fueron
resueltos, no así el del ex diputado local, por su condición de priísta, porque
“no es un hombre probo”, porque no tiene carrera en la procuración y
administración de la justicia, y porque tiene en su contra averiguaciones
previas por violencia intrafamiliar.
Eran las
15 horas, tres de la tarde, cuando se abordó el
punto. Y tras la dispensa de la lectura, Aguirre Herrera, “Angelito”
para los cuates, subió a tribuna para
“motivar y fundamentar el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual no
se aprueba el dictamen evaluatorio” hecho hace 7 años por el entonces
gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y en contraparte, de acuerdo a los
cinco integrantes de la Comisión, se le ratificaba en el cargo de magistrado y
se le decretaba su inamovilidad.
Fija la
mirada en el dictamen, Aguirre Herrera dio cuenta en una apretada síntesis del
caso: que Fermín fue designado en el cargo el 22 de abril de 1999 por el
periodo comprendido del 1 de mayo de ese año al 30 de abril del 2005; que el
dictamen evaluatorio a su función por el
que no se le ratificaba fue hecho el 20 de abril del 2005 por Torreblanca Galindo
y ratificado por Armando Chavarría en su calidad de secretario general de
Gobierno, y presentado al Congreso el 21 de ese mes y año.
Que el
pleno del Congreso tomó conocimiento del caso el 28 de abril del 2005, siendo
ese mismo día turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación ese
mismo día, y que en esa misma fecha la Comisión referida emitió la ratificación
del dictamen evaluatorio de no ratificación, presentándolo el mismo 28, siendo
desahogado en dos sesiones extraordinarias.
En opinión
de los miembros de la Comisión, encabezada por Ángel Aguirre, y que integran
Mario Ramos del Carmen como secretario, del PMC, y los vocales Amador Campos,
Arturo Álvarez Angli y Alicia Zamora Villalva, del PRD, PVEM y PRI,
respectivamente, el dictamen de Zeferino Torreblanca fue extemporáneo, y más
aún se violó el principio de audiencia, por lo que fue una violación al
procedimiento y por consecuencia el no cumplimiento de la norma”.
Por eso,
puntualizó, tras analizar el caso, los cinco diputados concluyeron que era
factible la ratificación de Fermín Alvarado, tras siete años de ser separado
del cargo, y que en la elaboración del dictamen, no se incluyeron preferencias
políticas, personales o impresiones que su servidor tenga por dicho ciudadano”.
Dijo que
para la no ratificación, el entonces gobernador Zeferino Torreblanca expuso
motivos y versiones subjetivas, opiniones, dichos o aseveraciones “que no se
comprueban o no se relacionan de ninguna manera con su capacidad para ejercer
el cargo (de magistrado)”.
Ante un
escenario expectante, pues los diputados se mantenían atentos a los argumentos
del diputado, éste expuso que si bien el Congreso tiene la facultad de
ratificar el dictamen de Zeferino Torreblanca, Alvarado Arroyo acudió a la
justicia federal quien le otorgó un
amparo porque no se le otorgó la garantía de audiencia que tampoco le dio la
LVII Legislatura ni las dos subsecuentes.
Por eso,
enfatizó un Aguirre Herrera que pocas veces levantó la vista del documento, el
dictamen elaborado era favorable, e invitó a sus compañeros de partido,
principalmente, a apegarse estrictamente al mismo, más allá de simpatías o
preferencias políticas”, sino cumplir y velar porque la ley se cumpla.
Porque, en
caso contrario, “corremos el riesgo de que una instancia federal vuelva a
exhibir la debilidad del dictamen”. El argumento expuesto, agregó, “no es
timorato, sino un argumento que busca la consolidación de los trabajos del
Poder Legislativo, con la intención de cambiar la visión que la sociedad tiene
de los legisladores”.
“Bien,
diputado”, le gritó la priísta Alicia Zamora a Ángel Aguirre, e inmediatamente
encabezó los aplausos para éste, mientras el depuesto coordinador de los
diputados del PRI, Héctor Astudillo, se levantaba de su silla haciendo un
ademán de reto a los legisladores perredistas que estaban perplejos.
Hasta ahí
fue la exposición de motivos y fundamentación del dictamen, y luego el
presidente de la Mesa Directiva, Antonio Gaspar Beltrán, del PRD, abrió la
ronda de intervenciones, primero, y ningún diputado se anotó, por lo que se dio
por discutido, y por papeletas se inició la votación mediante pase de lista.
Pero poco
les duró el gusto a los priístas. El conteo de votos fue de 42, los que pidió
Astudillo que fueran cantados, siendo callado por Gaspar Beltrán de que sólo se
conocería el sentido de éstos: 26 en contra del dictamen que favorecía a Fermín
y 16 a favor. Las risas cambiaron; ahora fueron los perredistas quienes lo
hacían, y los del PRI callaban, mientras el presidente de la mesa directiva
daba instrucciones para que el caso regresara nuevamente a la Comisión de
Asuntos Políticos para que emitiera un nuevo dictamen.
“Yo no voy
hacer un dictamen a modo”, puntualizó Ángel Aguirre Herrera, cuestionado al
respecto, en el lobby del Congreso, cuando salió a éste unos reporteros
le preguntaron sobre el voto mayoritario de los diputados. “No sé si pesó más
lo político; cada diputado votó como quiso”, añadió cuando se le inquirió sobre
el mandato del Consejo Político del PRD sobre el caso de Fermín Alvarado
Arroyo.
EL PRD privilegia
lo político sobre lo legal, lo jurídico, dijo por su parte la priísta Alicia
Zamora, mientras que la perredista Abelina López, enfatizó que sus compañeros
de partido cumplieron con la ley.
Habían
pasado tan solo 20 minutos desde que el caso de Fermín, “enfermín”, había sido
abordado, es decir, las 13:20 horas de un jueves pozolero. (NOTYMÁS)
