Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro., diciembre 22 de 2014 (IRZA).- Este 2014 concluye en medio
de una severa crisis política y social derivado del ataque armado que sufrieron
alumnos de la Normal de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala con
saldo de seis personas asesinadas, entre ellos, tres normalistas, más de 20
heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
El 2014 quedó marcado por
este hecho, cuya noticia dio la vuelta al mundo. José Miguel Vivianco, director
ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, lo calificó como el “peor”
después de la masacre de Tlatelolco, en 1968.
Derivado de la presión de
justicia que ejerció la sociedad local, nacional e internacional, la tarde del pasado jueves 23 de octubre dimitió al cargo el gobernador constitucional Ángel
Aguirre Rivero.
Aguirre dejó el cargo
acusado de incurrir en omisión y complicidad en el caso Iguala y de no haber
activado los protocolos correctos para evitar los hechos sangrientos.
El 26 de octubre, tres días
después, el pleno del Congreso designó al académico universitario Rogelio
Ortega Martínez, como gobernador sustituto. Al rendir protesta ofreció “no
criminalizar la protesta social” y que su prioridad sería encontrar con vida a
los 43 desaparecidos.
Un imperio delictivo
Los hechos de Iguala
exhibieron el control del crimen organizado en Iguala y su complicidad con las
autoridades locales. El alcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de
los Ángeles Pineda Villa, fueron responsabilizados como autores intelectuales
del ataque y de la desaparición de los estudiantes.
Abarca pidió licencia el 30
de septiembre para separarse temporalmente del cargo. Ese mismo día se dio a la
fuga. El edil y su esposa fueron detenidos la mañana del 4 de noviembre por las
fuerzas federales.
De acuerdo con la
Procuraduría General de la República (PGR), los Abarca mantenían relación
directa con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, cuyo enlace entre ambos era
el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, también prófugo.
Los disturbios
Con la exigencia de justicia
y la presentación con vida de los normalistas desaparecidos, grupos radicales
incrustados en la Normal de Ayotzinapa y en la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) realizaron actos radicales de
protesta.
El 14 de octubre, entrantes
del magisterio disidente irrumpieron en la sede del Congreso Local, derribaron la reja
de acceso a la explanada y prendieron fuego a una caseta de vigilancia del
Poder Legislativo.
Esa misma tarde, normalistas
destrozaron e incendiaron el edificio Tierra Caliente del Palacio de Gobierno.
Fue el inicio de una serie de irrupciones violentas en oficinas del gobierno
estatal, entre ellas, la Fiscalía General del Estado.
Las sedes estatales del PRI
y PRD sufrieron la misma suerte, así como las instalaciones del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). A esas acciones se sumó la
retención del diputado local del PRD, Esteban González, en el municipio de
Tlapa.
Siguió la retención de
varios líderes políticos en Chilpancingo, entre ellos, ex presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del PRD, Carlos Reyes Torres. El viernes 19 fue retenido el
alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, a quien le destrozaron su camioneta y quien por cierto uso el dialogo abierto ese día con los cetegistas y normalistas de manera respetuosa y con mucho temple.
También dos protestas
seguidas contra el Ejército. La primera se registró el jueves 18 de diciembre
en el municipio de Ayutla de los Libres, región Costa Chica. El viernes
siguiente, padres de los desaparecidos, normalistas y docentes protestaron
frente a la sede del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.
El 7 de diciembre Felipe de
la Cruz, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, confirmó que
peritos argentinos les revelaron que algunos restos hallados en el basurero de
Cocula, Guerrero, pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los estudiantes
desaparecidos.
Para la PGR, siguen en calidad de
desconocidos los estudiantes normalistas desaparecidos. Pero Jesús Murillo Karam, titular de la fiscalía, exhibió un
video en el cual presuntos integrantes del grupo “Guerreros Unidos”
describieron la ejecución de los jóvenes.
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