lunes, 28 de enero de 2013

Continúan el Ejército y las policías estatal y federal vigilando Tecoanapa, Las Mesas y el Pericón: Manuel Quiñones




***En Ayutla, se mantiene la vigilancia por los tres órdenes de gobierno: Severo Castro

Tecoanapa, Guerrero, a 28 de enero de 2013 / ANG.- El alcalde de Tecoanapa, Manuel Quiñones Cortés, aclaró que los tres órdenes de gobierno, El Ejército, la Policía Federal y la Estatal- están a cargo del resguardo de la seguridad de la población y de los puntos de revisión instalados en distintos lugares de esa zona de la Costa Chica.

El edil afirmó que personalmente ha constatado la presencia de las corporaciones arriba citadas, por lo que negó que estas hayan abandonado el resguardo que ofrecen a la población.

Refirió que algunos integrantes de la Policía Comunitaria están coadyuvando con recorridos al interior de sus localidades, como se acordó con ellos originalmente, pero no están al frente de los retenes.

Sostuvo que se mantienen El Ejército, la Policía Federal y la Estatal en los tres retenes instalados en Las Mesas, Las Cruces y las Ánimas, donde llegan a acercarse ciudadanos, pero no haciendo tareas de revisión.

De igual forma, el alcalde de Ayutla de los Libres, Severo Castro Godínez aseguró que la presencia del Ejercito Mexicano y la policía estatal se mantiene en comunidades y la cabecera municipal y que hasta el momento no se ha registrado ningún incidente.

"No debemos generar zozobra ni miedo, mucho menos mal informar a la población de que la inseguridad en estos municipios de la Costa Chica amenace la tranquilidad, sí pedimos mayor presencia y permanencia del Ejercito Mexicano y de la policía Federal y Estatal" (ANG). 

EN ÚLTIMO MINUTO, CALDERÓN EXTENDIÓ BENEFICIOS EXPRESIDENCIALES A TODA SU FAMILIA: VILLANUEVA




Un ex presidente percibe por su salario más gastos de ayudantía y seguridad la cifra de 5 millones 005, 121 pesos mensuales

                           

                        
  México. D. F.,  enero de 2013. En una reedición más del uso y abuso del poder en México, de último minuto Felipe Calderón extendió los Beneficios Expresidenciales a toda su familia, en el uso extendido de la palabra y no como jurídicamente se le entiende a la familia monoparental, por lo que existe la posibilidad de incrementar aún más la exorbitante cifra de 5 millones 005, 121 pesos mensuales que actualmente perciben nuestros ex primeros mandatarios.

“El caso de Felipe Calderón es verdaderamente sorprendente. Cuando se terminó el libro y lo presentamos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, jamás pensamos que el libro iba a tener la fuerza para que el propio presidente el último día de su mandato publicara una reforma al reglamento del Estado Mayor para autoprotegerse y autootorgarse más cosas”, expresó recientemente Ernesto Villanueva Villanueva, coautor junto con Hilda Nucci González del libro “Beneficios Expresidenciales” (Editorial Themis, 2012), durante la presentación realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El investigador expresó que debido al anuncio previo de la existencia del libro, donde se dieron a conocer avances del mismo, permitió al ex presidente realizar los agregados: “La primera, aiga sido como aiga sido, lo que ya se tuvo aquí se queda, y lo puso en transitorio; segundo, él entiende familia en un concepto coloquial de la expresión, es decir, la abuelita, la tía, los sobrinos… para otorgarles servicios de salud en el hospital militar, no en el ISSSTE como correspondería a un ex servidor público” y tercero, además de los 425 elementos que ya tenía, poder incrementar la seguridad, según las circunstancias lo ameriten, es decir, ya no tenemos límites, pueden ser los que la imaginación alcance”.

Villanueva comentó que en una interpretación muy personal el incremento desmedido de personal para seguridad podría ser debido a las molestias que dejó en la gente que perdió a sus familiares durante la guerra iniciada contra el narcotráfico, la cual, insistió el autor, quizá no lo fue tanto porque no existen pruebas documentales de la muerte de Nazario Moreno, líder de la Familia Michoacana, que puso en su Informe de Gobierno, por ejemplo.

Además, el responsable del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reveló lo que supone un engaño más a todos los mexicanos, éste por parte del ex presidente Ernesto Zedillo, quien en su momento dio a conocer a la opinión pública una presunta renuncia al beneficio económico, pero al realizar las solicitudes de información a la Secretaría de Hacienda y la Presidencia de la República, la respuesta fue la inexistencia de la renuncia así como de la respuesta a dicha renuncia, lo cual constituye una simulación más del poder.

Villanueva fue acompañado en la presentación, además de su coautora Hilda Nucci González por los investigadores Jorge Fernández Ruiz, Daniel Márquez Gómez y Edgar Corzo Sosa, quienes argumentaron a favor de la obra que se encuentra por el momento en las librerías de la UNAM.

En su momento, Hilda Nucci dio a conocer lo siguiente: “De conformidad con el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2011-2012, la pensión que recibe un ex Presidente es de $ 205 mil 122.06 pesos (equivalente al salario mensual de un Secretario de Estado). Empero, a esa pensión habría que agregar la cantidad de $ 4 millones 799,999.00 pesos por gastos de ayudantía y seguridad. Así, un ex Presidente percibe ingresos mensuales que ascienden a $ 5 millones 005, 121 pesos”.

La coautora destacó que además de ser ilegales estos beneficios porque el Acuerdo Presidencial núm. 7637, registrado con fecha 25 de noviembre de 1976 ni en el Acuerdo Presidencial núm. 2763-BIS, del 31 de marzo de 1987, como tampoco el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, del 16 de enero de 2004 fueron firmados por los entonces presidentes de la República Luis Echeverría, Miguel de la Madrid y Vicente Fox y mucho menos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación; por tanto, son carentes de toda obligatoriedad para el Estado Mexicano. Es decir, se trata de ordenamientos discrecionales y, por tanto, su carácter es ilegal.

El resultado de estas cifras implica que los ex mandatarios mexicanos cobran mensualmente 500 por ciento más que el segundo país con estos salarios, como es Singapur, 600 por ciento más que Suiza y más que Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Italia, Francia, Perú y Dinamarca, entre otros, explicó Nucci González.

Jorge Fernández Ruiz, especialista en Derecho Administrativo, y coordinador del Área de Derecho Administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, agregó que los beneficios o privilegios desvelados por esta investigación sin precedente demuestran que “además del atraco a la igualdad se está creando una sociedad muy exclusiva, la de los ex mandatarios que se suma a las de los países que tienen gobierno monárquico, pues se convierten en Jefes de Estado vitalicios, con privilegios hereditarios desmedidos por encima del artículo 12 constitucional”.

Daniel Márquez Gómez coincidió que todos estos privilegios ocurridos en pleno Siglo XXI se deben a la escasa masa crítica y que la socialización del conocimiento en estos temas cumple tareas meramente testimoniales; es ahí donde radica el gran problema de la impunidad en este país. “Parece ser el referente básico de la acción pública en el país: se puede violar la ley, se puede documentar, podemos señalar a los responsables y todo se queda en el escándalo del noticiario matutino, en la primera plana de algún periódico y quizá en el recuerdo de algún académico que en algún momento tendrá que recordar esto para, posiblemente, escribir un libro como éste”.

Por su parte, Edgar Corzo dijo que si tuviera que escoger una frase del libro, “me quedaría con aquella que contrasta los beneficios vitalicios a favor de una persona con un cargo que no pasó más allá de seis años” porque con seis años “se asegura la vida no sólo de una familia, sino de varias generaciones; en cambio, una persona podrá haberse dedicado toda su vida a ser profesor e, incluso, pudo ser que haya corrido con suerte y fuera nombrado comisionado por la primera maestra, pero si no estuvo en el lugar correcto, no asegurará el resto de su vida ni el de varias generaciones y sólo tendrán para comer mendrugos”.

Finalmente todos los participantes en la presentación coincidieron en que es urgente la movilización social que urja la creación de un marco normativo legal para otorgar beneficios de acuerdo con el estado del país, de sus finanzas y acorde con el servicio prestado, pero lejos de los privilegios exacerbados existentes hoy.




¿Y LA JUSTICIA, PA'?





                                                    
                                                           México, D. F.,  enero de 2013


Por Renato Consuegra / *
Que la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Florence Cassez está apegada a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos que México aprobó y firmó, no hay duda. Que se privilegió el derecho y en su caso el “debido proceso”, por sobre la justicia y este caso debe servir como parteaguas para el nuevo paradigma del sistema procesal penal mexicano, llamado acusatorio y adversarial, tampoco. Se otorgó la presunción de inocencia.

Sin embargo, debemos recordar cómo en nuestro país, desgraciadamente, las cosas cuando ocurren, pocas veces son circunstanciales. Fue una decisión donde no se repuso el caso como en algunas otras ocasiones, sino se otorgó el amparo directo para liberarla de inmediato, justo para que la francesa tuviera tiempo de llegar al aeropuerto y huir a su país. Esto permitió evitarle se le pudieran fincar responsabilidades por cualquiera otro probable delito.

De esta forma, nunca sabremos si en realidad era culpable o inocente. Es decir, que por un error de forma simplemente no se llegó al fondo. De esta forma, Cassez se convertirá en una mancha más del sistema judicial mexicano.

No será lo mismo para el resto de la presunta banda de secuestradores porque en México nada ha cambiado aunque haya cambios. Nada se ha movido. Todo sigue igual porque los presuntos cambios hasta ahora no son otra cosa que simulación. La justicia responde sólo a los intereses políticos y económicos. Los intereses de los ciudadanos y de la Nación como tal, pueden seguir esperando como ha sido durante décadas.

Durante el pasado sexenio hubo una colusión de grupos políticos e intereses empresariales, incluidos los de algunos medios de comunicación, con toda la intención de poner en ridículo y hacer ver mal al anterior gobierno y abonar el regreso del viejo PRI con el cual se hicieron y crecieron hasta alcanzar un poder casi absoluto. Poco batallaron para lograrlo. Genaro García Luna y los distintos procuradores nombrados por Felipe Calderón, les hicieron la tarea.

Ante este fracaso de quienes fueron autoridad en su momento e hicieron mal su trabajo, es preciso que haya una investigación a fondo, imparcial y expedita para deslindar responsabilidades, localizar a los responsables y castigarlos, sea porque indebidamente montaron un espectáculo y se olvidaron de seguir los pasos que las leyes y el derecho marcan o porque su incapacidad fue tal que los resultados están ahí, muy claros.

No hacerlo es mantener la impunidad. No hacerlo es alimentar la simulación. No hacerlo es continuar con un México lastimado por la corrupción. No hacerlo es simplemente burlarse una vez más de sus ciudadanos.

Mucho cuidado también con los juzgadores. Así como hay jueces de consigna, los puede haber entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia y no está por demás realizar una revisión de las posturas de los integrantes de la Primera Sala el 8 de marzo pasado y ayer 23 de enero, así como los casos que han dictaminado. Eso lo analizaremos más adelante.

Empero la forma de gobernar y procurar justicia del viejo PRI, que es el nuevo reciclado, no es mejor que la del anterior gobierno. Por fallas al “debido proceso” hubo casos que se les cayeron de las manos a los priistas de entonces, como ocurrió con el montaje de “La Paca”, ideado por Pablo Chapa Bezanilla en contra de Raúl Salinas de Gortari, otro presunto delincuente absuelto por las inconsistencias en las acusaciones pero, sobre todo, por el teatro de la osamenta que probablemente pertenecía a Manuel Muñoz Rocha.

Como también, por faltas al debido proceso, muy probablemente pronto veamos fuera de las rejas al presunto Mario Aburto, el que se encuentra recluido en Almoloya y que en nada se parece al que presuntamente asesinó a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas y que desapareció tras la calentadita que le habría dado Manlio Fabio Beltrones en Playas de Tijuana.

En fin, nuevamente en México no se hizo justicia y justicia es justificar con elementos probatorios la culpabilidad o en su caso la inocencia del o los indiciados, en un caso que fue, además de aplicación del derecho, de aplicación de la fuerza política.


E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx
Twitter: @renatoconsuegra
Facebook: renatoconsuegra



(*) Renato Consuegra es periodista, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet y Campus México. Esta columna es publicada en el sitio http://www.ricardoaleman.com.mx/index.php/plumas-invitadas/renato-consuegra

domingo, 27 de enero de 2013

Presenta problemas de salud sobrino de Comandante Ramiro



***Podría ser víctima de un paro cardiacoCarlos Navarrete, Chilpancingo, Gro. 27 de Enero del 2013 / ANG.- Tras ocho días de haber iniciado con una huelga de hambre, Antonio Díaz Bahena, a quién vinculan con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y acusado de haber participado en un secuestro en 1999, comenzó a presentar complicaciones en el corazón, que podrían derivar en un paro cardiaco.
Carolina Veda Ocampo Sotelo, esposa de Antonio Díaz, informó que la mañana de este domingo, el sobrino del “Comandante Ramiro” presentó taquicardias, por lo que fue atendido por personal médico del Centro de Readaptación Social de Chilpancingo (CERESO) en donde se encuentra recluido.
“Le dio taquicardia hoy, sintió que el corazón se le salía, mucha fuerza en el corazón, sintió que se le iba a salir, entonces ya estamos preocupados, ya queremos que se acabe esto, nosotros queremos que se resuelva esto bien para él, porque no han resuelto”.
Y es que luego de que el Juez Quinto de Distrito, con sede en la ciudad de Iguala le otorgara un amparo para que la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) le emitiera un nuevo auto de plazo constitucional a más tardar el pasado miércoles, el caso se mantiene sin ningún tipo de avance.
Por esta razón Antonio Díaz inició una huelga de hambre el pasado 20 de enero, consumiendo únicamente agua y miel, situación que hasta la fecha lo ha hecho perder más de tres kilos, además de que presenta mareos constantes, adormecimiento de sus piernas y taquicardia, pudiendo derivar en un paro cardiaco.
Carolina Veda indicó que durante la visita que realizaron integrantes de la Comisión de Defensa Derechos Humanos (Coddehum) del Estado a Antonio Díaz, no asistió ningún médico que pudiera revisar su estado de salud, siendo atendido únicamente por el personal del CERESO.
Por su parte, el abogado defensor de Antonio Díaz, Heguel Mariano Ramírez dio a conocer que sostuvieron un encuentro con el presidente del TSJE, Jesús Martínez Garnelo, quién les aseguró que respetará la autonomía de la Tercera Sala Penal, y se comprometió en hacerle llegar a los magistrados sus inquietudes.
Sin embargo, dijo, que Martínez Garnelo quedo convencido de que no hay elementos para procesar a Antonio Díaz, quien fue detenido en Agosto de 2011 acusado de haber participado en el secuestro del médico Rodrigo Borja García en el municipio de Coyuca de Catalán, en 1999.
Comentó que existe la preocupación en la familia de que este tiempo los magistrados de la Tercer Sala Penal lo estén usando para tratar de justificar un nuevo auto de formal prisión para impedirle a su defendido salir libre.
Sostuvo durante el proceso de defensa se han presentado las pruebas suficientes que demuestran la inocencia del sobrino del líder guerrillero, y confió en que los magistrados de la sala penal están atrasados en emitir el amparo que les otorgó Juez Quinto de Distrito porque se encuentran analizando detalladamente todos los elementos. (ANG)

Arranca Contraloría del Estado gira del Festival Regional Anticorrupción: Hernández Martínez



****El objetivo es  acercar a la ciudadanía información en torno a las medidas y programas anticorrupción desarrollados por el gobierno del estado

Chilpancingo, Guerrero a 27 de enero de 2012.- Con la finalidad de difundir  los avances de los programas anticorrupción desarrollados por la actual administración, iniciará esta semana el Festival Regional Anticorrupción, que será replicado en ciudades de las siete regiones del estado; informó el  contralor General, Julio César Hernández Martínez.

Destaco que el festival recorrerá gran parte del estado, con una agenda que inicia en Chilapa de Álvarez el 29 de enero, Taxco de Alarcón  06 de febrero, Zihuatanejo de Azutea, 11 de febrero,  Ometepec 19 de febrero, Tlapa 26 de febrero, Tecpan 04 de marzo, Iguala  20 de marzo, Acapulco 27 de marzo  y Coyuca de catalán el 03 de abril.

Hernández Martínez, expuso que el proyecto de nueva creación, busca acercar a la ciudadanía al ejercicio gubernamental a través de pláticas, conferencias, actividades recreativas, información, música y danza folklórica, además, recalcó la importancia de trabajar por la construcción de una sociedad informada e involucrada con la labor gubernamental, “a través de un esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno será factible erradicar de raíz la corrupción”

Para llevar a cabo las actividades propuestas  se cuenta con la participación de dependencias del Gobierno del Estado y  gobiernos municipales, así como de asociaciones civiles que se suman a esta innovadora iniciativa y que a partir del próximo 29 de enero participarán en los eventos coordinados por la Contraloría General.

La gira anticorrupción continuará por el resto de las regiones del estado hasta el mes de abril, esperando contar con una participación activa por parte de la comunidad guerrerense.

Compatibilidad de funciones sólo para regidores: Luisa Ayala



Carlos Cabrera/ NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., 27 de Enero de 2013 (NOTYMAS).- Para establecer que el juicio favorable para la compatibilidad de funciones sea solamente para los regidores y no para los síndicos,  la diputada Luisa Ayala Mondragón, plantea reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre.

La diputada dijo que dicha Ley precisa que los síndicos y regidores, durante su encargo, podrán ser autorizados por el cabildo para desempeñarse como servidores públicos federales, estatales o municipales, siempre que lo hagan en las áreas docentes, de la salud o de beneficencia, y no afecten sus responsabilidades edilicias, a juicio del Congreso del Estado.

Sin embargo, Ayala Mondragón considera que no es conveniente otorgar dicho juicio a los síndicos en virtud de que, además, de ser el representante legal del Ayuntamiento es también el que procura la justicia en su municipio, por lo que no debe tener otro función.

En ese sentido dijo que es indispensable contar con lineamientos normativos concretos que permitan que los ediles de primera instancia cumplan con sus obligaciones de representantes populares, ya que “las responsabilidades edilicias emanan de la voluntad popular y cumplir  con éstas es algo ineludible por sobre todas las cosas”.

Explicó que en los últimos días el Congreso ha emitido juicio favorable para otorgar compatibilidad de cargos principalmente  para desempeñar la función de regidor y profesor, con poca certeza, por eso señala que es necesario normar este asunto y considere como sujetos de gozar el derecho de compatibilidad de cargos a los regidores, siempre y cuando no afecten sus responsabilidades edilicias.

Finalmente aseguró que  con esta reforma se pretende que “la voluntad del pueblo se cumpla, y que los cargos de elección sean considerados como lo que son espacios que garantizan el fortalecimiento de la democracia y eso constituye una responsabilidad suprema y obligatoria”.

Reiniciar congreso proceso de juicio político por caso Ayotzinapa



Carlos Cabrera/ NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., 27 de Enero de 2013 (NOTYMAS).- El Congreso del Estado citara a comparecer a funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Policía Federal, para continuar con el desahogo del proceso de juicio político en contra del ex procurador, Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja por el el caso Ayotzinapa. 

El presidente de la Comisión Instructora del  Congreso Local, Omar Jalil Flores Majul, informó que en los próximos días iniciara la segunda etapa del proceso de juicio político, continuando con las comparecencias del ex secretario de Seguridad Publica del Estado, Ramón Almonte Borja, Funcionarios de la CNDH y altos mandos de la Policía Federal.

A petición de la CNDH, el congreso del estado dio entrada al proceso de juicio político en contra de los ex funcionarios involucrados en el desalojo policiaco de la autopista del sol, el 12 de diciembre del 2011, donde perdieron la vida los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como un trabajador de la gosolinera Eva II.

El legislador priísta explicó que aun no hay fechas para estos encuentros, sin embargo adelantó que estas tres comparecencias son fundamentales para continuar con las investigaciones del caso Ayotzinapa, y en consecuencia se determine si procede o no el juicio político en contra de los perredistas, Alberto López Rosas y Ramón Almonte Borja. 

En una primera etapa, a finales del año pasado, comparecieron ante la comisión instructora el ex procurador Alberto López Rosas, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, familiares de los alumnos asesinados y diversas organizaciones sociales que respaldan el proceso de juicio político. 

Majul Flores aseguró que los diputados que integran esta comisión están trabajando para concluir en tiempo forma el dictamen final de juicio político, antes dijo están recabando todos los documentos necesarios y los expedientes del caso que maneja la Procuraduría de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia. (NOTYMAS)

Por escrito pide regidora priista a alcalde Abarca la nómina del ayuntamiento.



***Adelanta la posibilidad de pedir esta información al alcalde a través de los legisladores en la instalación del Congreso en esta ciudad.

Iguala, Gro., 27 de enero de 2013 / ANG.-  Luego de informar que por escrito le solicitó al secretario de gobierno y al alcalde José Luis Abarca Velázquez, la entrega de la nómina, lista de raya y tabulador del ayuntamiento, la regidora priista, Marina Hernández de la Garza adelantó que de no tener respuesta positiva solicitarán la intervención de los diputados locales durante la sesión solemne de la instalación del Primer Congreso que se realizará el próximo 30 de este mes.

En entrevista, Hernández de la Garza manifestó la posibilidad de que en la sesión solemne de la instalación del Primer Congreso que se llevará a cabo el próximo miércoles en esta ciudad, pidan la intervención de los diputados locales para que se haga un llamado al presidente municipal, José Luis Abarca a entregar una copia certificada de la nómina, lista de raya y del tabulador de sueldos.

“Por este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitarle copia certificada de la nómina, lista de raya y tabulador de este ayuntamiento, así como copia certificada de cada una de las actas de sesión de cabildo que se han celebrado de octubre a la fecha del año en curso”, cita el oficio de petición con fecha 21 de diciembre dirigido y sellado de recibido por el secretario de gobierno, Humberto Villalobos Domínguez.

La edil del PRI reiteró que la petición es para conocer los sueldos de cada uno de los funcionarios cercanos al presidente municipal y de los cuales se ha difundido que tienen “jugosos” sueldos. Así como para conocer las nuevas altas y despidos que se han hecho de trabajadores.

“No debe de haber temor del presidente municipal de entregar una copia de la nómina y del tabulador de sueldos, debido a que si está haciendo las cosas bien como dice, al igual de que supuestamente hay transparencia en la ejecución de obras, también debe haberlo ahí y así evitaremos malas interpretaciones de la ciudadanía”, externó.

Finalmente y tras evidenciar que durante más de un mes no se han realizado sesiones de cabildo, violentando con esto el reglamento, Hernández de la Garza adelantó que en cuánto haya sesión de cabildo, pedirá una respuesta a su petición de la copia de la nómina y del tabulador de sueldos, “porque nosotros como ediles también somos autoridad y se nos debe respetar como tal” (ANG).