jueves, 23 de agosto de 2012

Preparan a estudiantes en Guerrero con simulacros por ola de inseguridad



Rosario García/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., agosto de 2012 (NOTYMAS). Con la llegada del nuevo año escolar se distribuyen en todas las escuelas de la entidad la Guía de Protocolos de Seguridad Escolar, en la que se prevén simulacros en caso de que se registren balaceras en los planteles educativos, informó Mirna González Rojas, coordinadora estatal del programa Escuela Segura.

Explicó que ese documento se está entregando a los directores de las escuelas del estado para que estén preparados y sepan cómo actuar antes, durante y después de un enfrentamiento con armas de fuego.

Como se dio a conocer en su momento, y luego de la frecuencia en que se registraban enfrentamientos a balazos cerca de escuelas o dentro de ellas, padres de familia y directivos de diversos planteles solicitaron a las autoridades cursos de capacitación para que maestros y alumnos sepan cómo actuar en caso de presentarse una eventualidad de ese tipo; sobre todo en ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Ciudad Altamirano.

Al principio esta medida fue rechazada por algunos grupos religiosos, organizaciones sociales, sin embargo y ante las constantes balaceras que se viven en varios municipios y a plena luz del día, las autoridades educativas y de seguridad pública decidieron elaborar la Guía de Protocolo de Seguridad Escolar.

La guía en mención también explica cómo actuar antes, durante y después de un sismo, o huracán; y proporciona herramientas útiles para desalojar inmuebles y mantener la calma en lo que llega la ayuda especializada. (NOTYMAS)


Asegura PROFECO que no ha recibido quejas por aumento del huevo



Rosario García/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., agosto de 2012 (NOTYMAS). Pese a que el precio del huevo se incrementó en poco más de un 300 por ciento en las últimas 3 semanas, la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor no ha recibido ninguna queja al respecto por parte de los consumidores.

La delegada federal de la Profeco, Nidia Valdez Sánchez, informó que la oficina a su cargo no ha recibido ninguna queja al respecto; y ello aún cuando el precio de la tapa o casillero de huevo se encuentra actualmente a 80 pesos, cuando hasta hace 3 semanas el precio oscilaba entre los 17 y 22 pesos, dependiendo el tamaño.

Dijo que la entidad como todo México están en contingencia por el incremento arbitrario del costo de este producto considerado básico en la dieta de los mexicanos, por lo que pidió a los ciudadanos afectados con estos precios que acudan a la dependencia para ubicar las tiendas o locales comerciales en donde estén abusando con los costos del huevo y que podrían ser sancionados desde los apercibimientos administrativos hasta el cierre del negocio

Aún sin recibir denuncias de los consumidores, dijo la funcionaria federal que se realizan recorridos en todo el estado de Guerrero para verificar los precios y que se exhiba al público el costo del producto, en estos momentos, las sanciones que se han levantado por incrementos no justificados son a comerciantes de Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo e Iguala; aunque no dio cifras de la cantidad de personas o locales sancionados.

Los negocios que fueron detectados con abuso a los consumidores con altos precios todos fueron apercibidos y de reincidir podría llegarse al cierre de los comercios, aseguró la funcionaria; quien agregó que también se vigila que no se tenga monopolizado el producto y lo guarden en bodegas para especular y seguir afectando los bolsillos de los guerrerenses.

El problema de gripe aviar fue detectado en Estados Unidos y de ahí llegó hasta algunos estados del norte del país, pero no tendría porque estar afectando a nuestra entidad, dado que el huevo que consumimos los guerrerenses proviene principalmente de granjas del estado de Puebla, por lo que de ninguna manera se justifica el incremento de su precio y menos a esos niveles. (NOTYMAS)

Acatará IEEG resolución del TEEG respecto a las diputaciones plurinominales


Jaime García/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., agosto de 2012 (NOTYMAS). Pese a las impugnaciones e inconformidades que existe sobre la repartición de las diputaciones de representación proporcional que el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), otorgó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien acusan de tener una sobre representación para la siguiente sesenta legislatura, al respecto el presidente del órgano César Gustavo Ramos Castro, sostuvo que actuaron apegados a la legalidad.

Fuerte discusión se armó en la octava sesión ordinaria, realizada este jueves en el IEEG, ello tras la impugnación que interpuso el PRI, por la supuesta sobre representación que tendrá el PRD en la siguiente sesenta legislatura que entrará en vigor a partir del próximo 12 de septiembre.

Por su parte, el representante del PRD en el órgano electoral Ramiro Alonso de Jesús, recordó que el PRI en su momento siempre se llevaba más de la mitad de los diputados y nadie decía nada.

Por su parte Roberto Torres Aguirre representante del PRI, acusó al representante del sol azteca, de desconocer la ley, y solo leer el documento que le entregaron, para que lo hiciera público durante la sesión.

Dijo que la ley de sistemas de impugnación da la libertad y el derecho a los partidos políticos de recurrir a resoluciones emitidas por el TEEG.

Al término de la sesión el consejero presidente del órgano electoral César Gustavo Ramos Castro, sostuvo que en su momento el IEEG, dio a conocer su decisión sobre la repartición de las diputaciones plurinominales.

Indicó que por su parte serán respetuosos de las resoluciones de la argumentación que se está dando ante los tribunales, “y por ello el IEEG no discutirá y acatará la resolución que emita el TEE”.

Finalmente señaló que está convencido que el criterio que utilizó para la designación de las diputaciones plurinominales fue el más correcto. Porque está apegado a derecho y sin ningún sesgo político. (NOTYMAS)

Demandan penalmente a rechazados de la UAG por movilizaciones y bloqueos


Carlos Cabrera/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., agosto de 2012 (NOTYMAS).
Alumnos rechazados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) denunciaron la existencia de dos demandas penales en su contra, por las movilizaciones y protestas que han emprendido en Chilpancingo y Acapulco para exigir espacios en las diversas unidades académicas de la máxima casa de estudios. 

El líder de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG), Carlos Iván Ramírez, denunció que la administración central de la UAG sigue renuente ha abrir espacios para los cerca de tres mil alumnos rechazados en las diferentes licenciaturas y unidades académicas. 

Al sostener un encuentro con el Coordinador de Asesores de la UAG, Fernando Jiménez, y el Director Estatal de Gobernación del Gobierno del Estado Moisés Alcaraz Jiménez, el líder estudiantil advirtió que radicalizarán sus acciones de protesta en caso de no encontrar las garantías de ingreso para los alumnos rechazados.

La noche del pasado miércoles unos trescientos alumnos respaldados por sus padres de familia bloquearon por más de una hora la autopista del sol, para ejercer una mayor protesta al rector Asencio Villegas Arrizón  para que cumpla con el artículo tercero constitucional y ofrezcan educación gratuita para todos. 

Iván Ramírez dijo que una de las denuncias penales en su contra fue interpuesta por algunos funcionarios de rectoría, supuestamente por privación ilegal de la libertad a algunos trabajadores durante una protesta, y otra más por el gobierno del estado bajo el delito de bloqueos a vías de comunicación.

Consideró que estas respuestas no abonan en nada al conflicto generado entre la UAG y los alumnos rechazados, sino todo lo contrario, genera enconos y agudiza la problemática y las acciones de protesta que habrán de continuar en los próximos días.

Durante la inauguración de la Feria de la Educación Superior, rechazados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), corretearon e increparon al rector de la máxima casa de estudios, Ascencio Villegas Arrizón, para exigirle que abra espacios para que puedan ingresar a estudiar a varias facultades en la entidad.

Los rechazados protestaron porque el rector había manifestado que ya no hay espacios en la Universidad Guerrerense para que entren a estudiar y que falta presupuesto para ampliar la matrícula, por tal motivo le gritaron insultos como "burro", "corrupto" y "atiende a los estudiantes" y "cumple tu obligación". (NOTYMAS)

martes, 21 de agosto de 2012

GUERRA EN LAS ALTURAS


                                                                           México, D. F., agosto de 2012

Por Renato Consuegra / *
Las revelaciones realizadas el pasado sábado por el presidente Felipe Calderón abren paso a probables certezas sobre los ataques hacia funcionarios de su gobierno por parte de grupos del crimen organizado vinculados con la política o de la política, utilizando instrumentos del crimen organizado.

Y no puede ser de otra forma. Los grandes crímenes ocurridos a miembros prominentes y otros no tanto de la clase política, sólo pueden ser crímenes ordenados por la propia clase política, pero ejecutados por delincuentes.

Tal guerra por el poder entre la clase política es precisamente la que tiene al país en un estado de crispación, estancamiento, desasosiego e inmovilidad, que le impide avanzar con la velocidad que sus ciudadanos requieren para forjar un mejor México, porque la pirámide se encuentra dañada y los de abajo no han podido sacudirse el control de los de arriba.

Crímenes políticos siempre hubo en México. De hecho así fue como se trasladaron el poder los generales tras la revolución de 1910, hasta que el Partido Nacional Revolucionario creado por Plutarco Elías Calles tras el asesinato de Álvaro Obregón, propició la institucionalización de la política y se logró la alternancia acordada entre los grupos y caudillos dentro de un partido.

Pero desde que se acrecentó la lucha por el poder en los últimos 25 años y los vínculos de la política y el crimen organizado fueron más visibles, la matanza de personajes de la vida pública ha ido en aumento.

No quiere decir que no los hubiera, pero éstos se ubicaban preponderantemente a niveles regionales, donde son peleados los cacicazgos políticos y económicos que provocan luchas, incluso, entre familiares.

Desde 1988 hubo crímenes impunes, asesinatos destacados como accidentes o justicia aplicada a chivos expiatorios para saldar las muertes de Francisco Javier Ovando Hernández y Román Gil Heráldez, cercanos colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988; de Manuel de Jesús Clouthier, quien murió junto con el diputado Javier Calvo Manrique el 1 de octubre de 1989, prensados por trailers cerca de Culiacán. 

Del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993, acribillado por una pandilla en el aeropuerto de Guadalajara; del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, asesinado durante su gira proselitista en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994; del diputado José Francisco Ruiz Massieu, ultimado en el centro de la ciudad de México el 28 de septiembre de 1994.

Del senador José Ángel Conchello Dávila, quien murió el 4 de agosto de 1998, cuando la camioneta en que viajaba fue embestida por un tráiler en la carretera México-Querétaro; del gobernador de Colima, Gustavo Alberto Vázquez Montes en un accidente de helicóptero el 25 de febrero de 2005; de Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox, muerto tras la caída del helicóptero donde viajaba el 21 de septiembre de 2005; de Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador de Tamaulipas asesinado el 28 de junio de 2010. 

El presidente Felipe Calderón sufrió la baja de tres de sus más cercanos colaboradores en accidentes aéreos: el Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y el secretario técnico para la implementación de las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal, José Luis Santiago Vasconcelos, en el avión que cayó en el poniente de la ciudad de México el 4 de noviembre de 2008 y tres años después, el 11 de noviembre de 2011, José Francisco Blake Mora, también Secretario de Gobernación, en otro accidente de helicóptero en Temamatla, estado de México.

El presidente Calderón reveló en marzo de 2007, pocos meses después de haber asumido el Poder Ejecutivo, haber sido víctima de amenazas por emprender la lucha contra el narcotráfico, versión que volvió a recordar durante su fiesta de cumpleaños y fue la nota principal de varios diarios este domingo.

Felipe Calderón le debe a México una explicación de lo que ocurrió durante su sexenio. Del por qué en los meses de la transición de gobierno en 2006, se olvidó de su principal apuesta durante la campaña que fue la promoción del empleo e inició una guerra contra el narcotráfico, una guerra que se libró en las alturas… de la política. 


E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx 
Twitter: @renatoconsuegra 
Facebook: renatoconsuegra 


(*) Renato Consuegra es periodista, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet y Campus México. Esta columna es publicada en el sitio http://www.ricardoaleman.com.mx/index.php/plumas-invitadas/renato-consuegra



NIEGAN PARQUE EÓLICO DE COZUMEL, ESPERAN ACTUACIÓN DE LA PROFEPA


                                                      Reportaje

El predio de 6 mil hectáreas donde se efectuaría el proyecto que fue negado por la Semarnat, deberá ser devuelto por México Power Group al Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) de Quintana Roo


                                                   Cancún, Qna. Roo.,  agosto de 2012

Por Isela Serrano / Luces del Siglo
Lor inconsistencias y violaciones al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización del Parque Eólico de Cozumel, proyecto que pretendía instalar 114 aerogeneradores en la isla. 

“Nadie presiona a la Semarnat. No tenemos ningún tipo de compromiso. Quizá desde el punto de vista de generación de energía, el proyecto haya sido buenísimo, pero desde el ambiental no lo era, o no se acreditó que pudiera serlo; en ese sentido no podía ser autorizado”, advirtió la delegada Gabriela Lima Laurents. 

La funcionaria explicó que durante la evaluación realizada por la dirección de Impacto y Riesgo Ambiental, desconcentrada de la Semarnat, se detectó que la zona a impactar está regulada por el POEL que prohíbe la instalación de infraestructura para generar y conducir energía eléctrica, además de que el programa restringe el corte, tala, quema y remoción de vegetación natural, y hubiera afectado un sitio Ramsar, denominado 1921, de manglares y humedales. 

A esto se suma que la compañía promovente no presentó la vinculación de la Norma 022 con el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, ni sustentó que los aerogenerados no propiciarían que una o más especies, algunas incluidas en la NOM-059, fueran declaradas en peligros de extinción. 

También presentó impresiones e inconsistencias en la descripción que impidió a la autoridad ambiental conocer las dimensiones, ubicación y alcance del Parque Eólico. 

La delegada aclaró a Luces del Siglo que la firma México Power Group está en su legítimo derecho de presentar nuevamente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); sin embargo, la firma deberá considerarse que las prohibiciones de los ordenamientos no son posibles de compensar. 

“Cuando hay una prohibición ¿cómo le vas a hacer? Tendrías que decir ‘no vamos a retirar o vamos a hacer de tal ó cual manera las estructuras’. Si hay una prohibición expresa en ese sentido, se tendría que volver a negar (la autorización)”, sostuvo. 

Mencionó que es muy importante que la ciudadanía de Quintana Roo sepa si se presenta un proyecto no significa que la Semarnat lo autorice; sino que está sujeto a evaluación, precisó. 

“Hubo muchos comunicados, manifestaciones, solicitudes y cartas. Parecía que se daba por hecho que el Parque Eólico de Cozumel se iba a autorizar. Precisamente el trabajo de la dependencia es determinar si es ó no viable dentro de los ordenamientos aprobados por el municipio”, dijo. Mencionó que la ciudadanía puede sentirse confiada de que la autoridad ambiental actuará. 

Inicia tiempo de rescisión del contrato… 

Luces del Siglo reveló, en su edición 465, un contrato de Usufructo celebrado entre Claudia Romanillos Villanueva, en carácter de directora general del IPAE y los señores John Douglas Prock Barron y Adolfo González Espinosa, representantes de la compañía México Power Group; quienes constituyeron una sociedad anónima de capital variable para la operación del Parque Eólico. 

El documento, firmado el 29 de septiembre de 2011, establece que la empresa debía iniciar las obras de construcción en un plazo máximo de 180 días posteriores a la fecha en la que obtuviera las autorizaciones; sin embargo, dada la negativa de la Semarnat, inicia el tiempo de rescisión del contrato. 

La Cláusula Décima Tercera. Rescisión, inciso (III) establece: “El requerimiento de devolución de la posesión de los inmuebles y el plazo en el que deberá hacerlo, no deberá exceder de 60 días naturales contados a partir del requerimiento de devolución, para que el usufructuario realice la entrega de los mismos”. 

El documento, de 24 hojas, estipula que “transcurrido dicho plazo, e independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer, consiente y autoriza que el IPAE entre en posesión inmediata de los mismos y renuncia expresamente al ejercicio de cualquier acción penal, civil o de cualquier otra naturaleza contra el IPAE, sus representantes, apoderados, funcionarios, servidores públicos y, en general de cualquiera de sus empleados por tal situación”. 

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), comandada por Guy Adrián Piña Herrera, delegado en Quintana Roo, deberá responder ante las denuncias interpuestas contra la empresa, que colocó torres de monitoreo y abrió caminos sin contar con las autorizaciones correspondientes y sí efectuar cambios de uso de suelo sin autorización, máxime tratándose de terrenos forestales con especies protegidas. 

Otro polémico proyecto 

La delegada de la Semarnat, puntualizó sobre el proyecto del Dragon Mart, Cancún: “No tenemos conocimiento del tema. Según lo que se ha manifestado, el proyecto se realizaría sobre un terreno de sascabera; éstos son zonas ya impactadas y como tales, requieren la autorización no del gobierno federal, sino del gobierno del estado. 

“La empresa china no nos ha consultado en la Semarnat”, manifestó. Una persona aparentemente que sabe donde se va a realizar el proyecto me informó del sitio, en ese caso, al ser zonas impactadas, la Semarnat no tendría ingerencia. 

APUNTE: La delegada Gabriela Lima Laurents confirmó que la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la autorización del “Parque Eólico de Cozumel”, fue analizada y rechazada por las oficinas centrales de la dependencia a la compañía México Power Group. 

FRASE: “Hay negociaciones privadas. No tenemos ingerencia en ellas. Ni las conocemos. Eso es algo que la empresa tendría que ver con el gobierno del estado. Nosotros nos sujetamos a los ordenamientos que la Ley nos obliga a tomar en cuenta para emitir un resolutivo”: Gabriela Lima Lautents al referirse al contrato firmado entre México Power Group con el IPAE.
.

BANAMEX ESCÁNDALO DE LAVADO Y CONTRATOS


                                           Contracolumna
                                                                             
                                                                  
                                                                       México, D. F., agosto de 2012
Por José Martínez M. (*) 
Le toca el turno a Banamex, después de los escandalosos casos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, la cadena trasnacional de supermercados Wal Mart, el banco HSBC y hasta el Melate, la empresa de juegos y sorteos a cargo del gobierno donde se gestó un enorme fraude en detrimento de la institución y sus consumidores. 

De acuerdo a informes confidenciales el Banco Nacional de México (Banamex) considerado como el banco número uno del país se encuentra bajo la lupa de la Procuraduría General de la República por delitos de la lavado de dinero, asignación de contratos en detrimento de la propia institución financiera por parte de ejecutivos desleales, así como un manejo discrecional de información de cuentahabientes que podría poner en riesgo sus ahorros e inversiones.

En el centro de este escándalo se encuentra Eduardo Moncada responsable de Vendor management subsidiaria de Banamex. Moncada es la punta de la madeja de un grupo de ejecutivos del Banco Nacional de México quienes deciden básicamente a qué proveedores se selecciona para hacer trabajos de desarrollo de software y otros trabajos de sistemas en Banamex.

A ese grupo está vinculado Gonzalo Padilla que trabajó en la empresa consultora Infoware hasta el 2010. De acuerdo a las pesquisas Eduardo Moncada favoreció a Infoware en detrimento del banco durante muchos años y lo sigue haciendo.

En el 2011 presuntamente llegó a un acuerdo con Stefanini (empresa consultora) para recibir una “cuota” por recurso contratado, es así que Stefanini ha recibido un trato preferencial por parte del banco en el último año en todos los proyectos.

Eduardo Moncada de alguna forma lava el dinero que recibe a través de Padilla y sus contactos con Stefanini. 

El asunto podría resultar mucho más delicado toda vez que manejan la base de datos de los cuentahabientes de Banamex de una manera discrecional lo que podría en riesgo no solo las inversiones y ahorros, sino la misma seguridad de miles de clientes de esa institución bancaria.

Donde quiera que uno pone el dedo brota el pus. Es la corrupción que carcome tanto a servidores públicos como ejecutivos del sector privado.

De acuerdo a un estudio del Banco Mundial seis de cada diez compañías que operan en México admiten que destinan una porción de sus ingresos a pagar sobornos a funcionarios públicos para obtener algún beneficio.

En ese sentido el Centro de Estudios Estratégicos del Tec de Monterrey ocho de cada diez empresas en nuestro país pagan sobornos para "agilizar permisos" y "corromper a funcionarios" para facilitar la conexión de servicios públicos, mientras que otro ocho de cada diez empresas otorgan dinero para "evitar molestias" de inspectores, mientras que cinco de cada diez empresas “pagan cuotas” para obtener contratos gubernamentales. 

Algunos expertos estiman que los actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales (no sólo en compras y obras públicas), lo que representa entre 3 y 4 por ciento del Producto Interno Bruto, algo así como el 10 por ciento de los impuestos recaudados.

Banamex no podía sustraerse a este deprimente panorama que ahora pone a esta institución en el ojo del huracán. 

Escándalo tras escándalo la confianza en el país se deteriora.

El escándalo de Néstor Félix Moreno Díaz, exsubdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), envuelto en un proceso penal por enriquecimiento ilícito tras haber recibido sobornos por más de 30 millones de pesos provenientes de empresas estadounidenses que fueron beneficiadas con contratos de la CFE.

Otro escándalo fue el desatado por las revelaciones del New York Times sobre la estela de corrupción de la multinacional cadena de supermercados Wal-Mart que involucró directamente a funcionarios y gobernantes de México en los sobornos por más de 24 millones de dólares a cambio de favorecer en seis años a Wal-Mart con más de 200 permisos, concesiones, licencias y autorizaciones, así como con dos mil contratos. 

Otro más fue el protagonizaron ejecutivos del banco HSBC quienes aceptaron que sus estructuras financieras en México permitió el lavado de dinero de miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico.

De acuerdo a este expediente HSBC en México, admitió incluso que el banco tuvo que cerrar varias de sus sucursales en puntos del territorio mexicano considerados de alto riego para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Ante el incontrolable caudal de corrupción de empleados, ejecutivos y hasta auditores de HSBC –México por parte del narcotráfico, el banco europeo admitió también que intervino para cancelar por lo menos 50 mil cuentas bancarias –que ayudó a abrir- de mexicanos en las Islas Caimán.

Por medio de estas 50 mil cuentas, según el reporte del Senado estadunidense, se sacaron de México más de 2 mil millones de dólares del narcotráfico.

Hoy le toca el turno a Banamex, el principal banco de México.

_______________________________

*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.