Dictaron formal prisión contra siete del cártel de Sinaloa detenidos en Acapulco

Chilpancingo, Gro; agosto del 2011 (IRZA).- La delegación en Guerrero de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que siete personas detenidas en Acapulco en junio pasado se les dictó el auto de formal prisión, al comprobarse que pertenecen al grupo “La Barredora” del cártel de Sinaloa en ese destino de playa.

A través de un comunicado, se informó que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), obtuvo de un Juez de Distrito federal siete órdenes de aprehensión, contra igual número de personas que se encontraban arraigadas en la ciudad de México a la espera de que se definiera su situación legal.

Por ello se ejecutaron órdenes de aprehensión contra; Sergio Díaz Cisneros, Alías “El Lagrimita”; Erick Eduardo Díaz Montes, alías “El Putón”; Arturo García Palma, alías “El Primo”; Juan Carlos Hernández Aparicio, alías “El Pámpano”; Luis Ángel Castro Pérez, alías “El Calle”; Lorenzo Antonio Aguilar Román y Jorge Cristian Flores Rodríguez, alías “El Cris”

Esas siete personas, son consideradas probables responsables de la comisión del delito de delincuencia organizada; los primeros cinco también por el injusto penal de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y el último de ellos, por la probable comisión del diverso de portación de arma de fuego sin licencia.

La delegación de la PGR, informó que los siete inculpados fueron detenidos por elementos de la Policía Federal el pasado 19 de junio, en Acapulco, en el marco de un operativo contra la delincuencia organizada.

Se indicó además, que derivado de las indagatorias del Ministerio Público Federal, se desprende que Sergio Díaz Cisneros, alías “El Lagrimita”, era “jefe de sicarios y halcones” dentro de la organización delictiva denominada “La Barredora”, al servicio del cártel de Sinaloa”.

En cumplimiento de las siete órdenes de aprehensión de referencia, los indiciados fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social número 5, “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz, donde quedaron a disposición del Juez instructor para el procedimiento correspondiente.

Incumplen municipios presentar informes de familias que viven en zona de alto riesgo

Chilpancingo, Gro;  agosto del 2011(IRZA).- Autoridades estatales de Protección Civil, manifestaron públicamente su inconformidad con las autoridades de los 81 municipios, porque a pesar que desde mayo se les pidió un censo actualizado de los asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo para realizar un mapa de riesgos en Guerrero, los presidentes municipales no han cumplido con esa petición.

La información la proporcionó la Subsecretaría de Protección Civil del gobierno estatal, quien indica en un informe que el último censo que se cuenta es de que en los 81 municipios, 2 mil 500 familias viven en zonas altamente vulnerables como son en las márgenes de barrancas o ríos.

Y que la mayor concentración poblacional que se encuentra en serio peligro por desbordamientos de barrancas, ríos o lagunas, están ubicadas en las principales ciudades de Guerrero como son Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, Iguala, Ciudad Altamirano, Tlapa, Coyuca de Benítez, Chilapa y Atoyac de Álvarez.

Se explicó que a finales de mayo, se realizó una reunión con las autoridades de los 81 municipios donde Protección Civil estatal, les entregó informe de las zonas de mayor vulnerabilidad que hay en sus demarcaciones y a su vez funcionarios de esta dependencia les solicitaron a estas autoridades municipales le entrega de un censo actualizado del número de personas que viven en esa situación, pero hasta la fecha no han entregado ese reporte.

Pero en lo que sí han cumplido los 81 municipios en este año es en la de habilitar sus albergues y en limpiar las barrancas e incluso, señala el informe de Protección Civil, personal de esta dependencia ha colaborado en la limpieza de barrancas como es el caso de esta capital del estado en donde hay una coordinación mutua.

La dependencia estatal, pidió que para el 2012 las autoridades de los 81 ayuntamientos a que entreguen el censo del número real de familias que viven en zonas de alto riesgo y de esa manera la Subsecretaría de Protección Civil, se tenga información actualizada y de esa manera se tomen las acciones de prevención adecuadas.

Ejemplo de este grave peligro, lo representa la capital del estado, Chilpancingo donde el 5 de febrero del 2010, se registraron lluvias atípicas aquí en la capital del estado lo que ocasionó que se registrara una tromba con saldo de más de 500 familias damnificadas que viven en las orillas del contaminado río Huacapa.

“Nosotros alertamos a las autoridades del ayuntamiento de Chilpancingo de lo que podría generar si no se tomaban las medidas de prevención, pero afortunadamente solo hubo daños materiales y no se registraron pérdidas humanas”, dijo

Roel Ayala, funcionario de Protección Civil estatal.
Sin embargo, a más de un año y con el potencial de fuertes lluvias que se van a presentar en las próximas semanas, el ayuntamiento de la capital del estado no ha tomado todas las medidas necesarias.

Lo único que ha hecho es instalar albergues en las diferentes colonias populares y es que según el reporte del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) se prevé que en esta temporada se registren 14 tormentas y cinco huracanes.
En Chilpancingo hay 42 barrancas y el río Huacapa y en cuyas márgenes viven más de mil familias.

A más de un año de la tromba del 5 de febrero, la situación en estas zonas de alto riesgo no ha cambiado, ya que las familias ahí siguen viviendo, sin preocuparse por la seguridad de sus habitantes.

La federación crea conflictos sociales por concesiones mineras asevera Castro Soto

Fernando Polanco Ochoa / IRZA Chilpancingo, Gro., agosto 08 de 2011 (IRZA).- El secretario de Desarrollo Económico, José Enrique Castro Soto, admitió que el gobierno federal ha generado conflictos sociales en Guerrero por la expedición de concesiones mineras y evade su responsabilidad para solucionarlos.

Señaló que es urgente y necesaria una coordinación entre las autoridades de los estados y el gobierno federal, para la expedición de concesiones mineras debido a los conflictos sociales que ha generado con los dueños de las tierras donde las empresas pretenden explotar.

“Eso le hemos dicho al gobierno federal, que el hecho de que otorgue una concesión no garantiza que esto se lleve a cabo si no hay una labor antes de información a la población donde se pretende explotar”, dijo.

Añadió que el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, les pidió mayor coordinación e información con el gobierno federal para la expedición de concesiones para llegar a acuerdos previos con los afectados.

El problema radica -dijo- en que el gobierno federal se limita a otorgar la concesión a las empresas mineras que la soliciten a través de la Ley General del Minería, pero no participa en la solución de conflictos consecuentes y eso genera “un riesgo para el éxito del proyecto”.

El gobierno federal, ha liberado 25 concesiones mineras en Guerrero de las cuales están operando correctamente al menos 15 y el resto se encuentran proceso de estudios de tierra y en negociación con los ejidatarios donde hay conflictos.

La llegada de empresas mineras a Guerrero, además de los beneficios económicos, también ha traído como consecuencia conflictos sociales con los dueños de las tierras donde pretenden instalarse.

Ocurrió en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde explota la empresa minera Gold Gorp, lo mismo que en la comunidad de Campo Morado, municipio de Arcelia, región Tierra Caliente y en Cocula, región Norte, donde opera la empresa Grupo Farrallón.

Al inicio de este año ejidatarios del municipio de Malinaltepec, en la región Montaña, se unieron contra la instalación de varias empresas mineras que obtuvieron del gobierno federal concesiones para explotar en sus tierras.
Pidieron al gobierno del estado, intervenir para evitar que las empresas se instalaran en sus propiedades pues amagaron con impedirles el paso, lo cual puso en riesgo la instalación de empresas mineras en aquella región.

Castro Soto, informó que iniciaron un proceso de diálogo con los comuneros y ejidatarios de Malinaltepec para explicarles los beneficios que les dejarán esos proyectos, pero también la responsabilidad del gobierno en la vigilancia en materia ecológica, social y económica pero sobre todo en garantizar que esos proyectos sean sustentables.

También han entablado una serie de mesas de trabajo con el gobierno federal, para garantizar una economía alterna en los puntos donde se instalan las empresas mineras para impulsar proyectos que no dependan directamente de ese giro.

Pues los proyectos mineros tienen un periodo de vida de al menos 25 años y al termino las empresas se van por lo que pretenden generar otros giros comerciales que garanticen la preservación de la economía local.

El funcionario estatal, descartó que por esa serie de conflictos algunas empresas tengan la intención de retirarse de la entidad, por el contrario, afirmó que están operando de manera regular.

“Están funcionando ya superada la etapa del cabildeo, se llevó a cabo el diálogo con los ejidatarios, en algunos casos el arrendamiento (de las tierras) en otros casos en compra, ya hay un avance importante en estos 15 proyectos mineros”, comentó.

Piden a la Contraloría indagar compra fraudulenta de helicóptero para la PIM

Chilpancingo, Gro; agosto del 2011 (IRZA).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solicitó formalmente a la Contraloría del estado que realice una investigación a ex funcionarios estatales por la presunta compra irregular o fraudulenta de un helicóptero de fabricación estadounidense, que sería utilizado para combatir a las bandas criminales e investigación de narcomenudeo, pero que dicha aeronave está fuera de operaciones porque desde hace dos años no ha sido reparado.
Se trata del helicóptero Garlick-UH-1H, matrícula XC-LLK que en abril del 2009 el gobierno de Zeferino Torreblanca compró en 19 millones 691 mil pesos y que según un reporte de la actual administración del mandatario estatal, Ángel Aguirre Rivero, la compra se realizó de manera “irregular” porque no se realizó una licitación y la adjudicación se hizo de manera directa a la empresa “Helicopters Of América”.

La aeronave que fue asignada a la Policía Investigadora Ministerial (PIM), actualmente se encuentra fuera de servicio por partículas metálicas que tiene en la caja 42º del rotor de cola.

Un reporte de la Secretaría de Finanzas del Estado, que da cuenta del estado actual de las 9 aeronaves que tiene el Gobierno de Guerrero (seis helicópteros y tres aviones) el UH-1H, matrícula-LLK con número de serie 6616049, es irreparable.
 

“Ya enviamos toda la documentación a la Contraloría General del Estado para que realice las investigaciones y establezca si hubo o no irregularidades por la compra del helicóptero y la verdad no sabemos si este va a funcionar nuevamente”, admitió el titular de la PGJE, Alberto López Rosas.

Según un acta de la entrega administrativa de entrega-recepción por la conclusión de la administración pública 2005-2011 (del gobierno de Zeferino Torreblanca) este helicóptero que según fue reconstruido y en 1959 fue utilizado con fines militares, tiene un pedimento de importación desde el 15 de abril del 2009 con un valor de 2 millones 530 mil dólares.
 

La compra de la aeronave la hizo en abril del 2009 el entonces subsecretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal, José Antonio Bajos Valverde y fue con el aval del ahora ex Procurador General de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia.

En el acta que se levantó el 14 de mayo del 2009 de la reunión del comité de adquisiciones del Gobierno de Guerrero, el entonces Procurador de Justicia, Eduardo Murueta, planteó la necesidad de adquirir de un helicóptero tipo Bell UH “Super Huey” para que sea utilizado para el personal operativo de la Procuraduría de Justicia, en investigaciones criminales y de combate al narcomenudeo, así también como en brindar una respuesta oportuna y eficaz a las denuncias recibidas por parte de la ciudadanía, relacionadas con delitos como son los secuestros, homicidios, desarticulación de redes delictivas y delincuencia organizada.

Murueta Urrutia, pidió a los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas que se realizara el proceso de la compra (del helicóptero) por adjudicación directa, considerando que fiscales regionales, agentes del ministerio público de las siete regiones de Guerrero constantemente tienen que trasladarse a diferentes zonas de Guerrero con la finalidad de localizar a personas privadas de la vida o secuestradas, así como en la investigación, reacción y persecución de sujetos dedicados a cometer delitos graves como el homicidio, secuestro, violación y a otras actividades relacionadas con la distribución y producción de drogas y enervantes.

La aeronave que adquirió en ese tiempo el gobierno de Guerrero era para apoyar las tareas que realizaban las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo; afirmó en el acta, Murueta solicitó que a la empresa “Helicopters Of América, SA de CV” se la adjudicara de manera directa la compra de la aeronave, ya que la GPM Aeroservicio, que también es proveedora de helicópteros tipo Bell UH “SUPER HUEY”, en su versión policial, no presentó las mejores propuestas técnica y económica.

El pago total del helicóptero fue en dos emisiones del día 21 de mayo del 2009.
“Vamos a esperar que nos den el reporte final de la investigación y será la Contraloría General del Estado la que determine si los ex funcionarios tuvieron alguna responsabilidad por haber adquirido un helicóptero que al parecer venía con muchos defectos”, agregó, López Rosas.

Desertan policías municipales de Acapulco por falta de garantías en su trabajo

Acapulco, Gro., agosto  de 2011 (IRZA).- El alcalde Manuel Añorve Baños admitió la deserción de elementos de la Policía Preventiva Municipal.

En entrevista, dijo que fueron cinco los policías que “renunciaron” a la corporación, pero que fue debido a un proceso de depuración que recientemente pusieron en marcha.

Pero lo cierto es que se sabe que durante los dos últimos meses han desertado al menos 20 policías municipales, debido a que carecen de garantías de seguridad en el desempeño de su labor y de prestaciones que el Ayuntamiento se ha negado a concederles.

Manuel Añorve insistió en que sólo es “una mínima parte (de policías) pero en la propia Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio se confirmó que han dejado la corporación al menos una veintena de elementos.

Demandan penalmente a Emperatriz Basilio Goytia, por saqueo de tierras comunales

Chilpancingo, Gro., agosto  de 2011 (IRZA).- La presidenta de Bienes Comunales de Zumpango del Río, Emperatriz Basilio Goytia, fue acusada de vender hasta 700 terrenos de aquella zona sin previamente consultar ni exponer el caso en una asamblea de los comuneros.

Integrantes del Comité de Comuneros de Zumpango encabezados por su presidente, Alfredo Goytia Dorantes, denunciaron aquí en conferencia de prensa las irregularidades que comete Emperatriz Basilio en prejuicio de los Bienes Comunales.

Aseveraron que unilateralmente Emperatriz Basilio ha vendido terrenos para provecho personal y que debido a eso ya la demandaron penalmente por el delito de despojo de sus tierras.

Pero además presentaron otra demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), por falsear datos para registrarse como comunera, porque asentó en los trámites que era hija única de sus padres Jesús Basilio Salgado y Maura Goytia Franco, cuando lo cierto es que es la quinta de ocho hermanos.
Alfredo Goytia sostuvo que Emperatriz Basilio cometió un flagrante delito, ya que las tierras comunales no pueden comercializarse y debido a eso incurrió en una irregularidad que tendría que ser castigada con la Ley en la materia.

Aseguró que cuentan con recibos de venta de terrenos, que amparan cantidades de 5 mil hasta 12 mil pesos, pero que carecen de número de folio, y se desconoce el destino del dinero recibido por Emperatriz Basilio.
Agregaron que también se valió de un fraude para asumir la Presidencia de Bienes Comunales de Zumpano, por que a la respectiva asamblea hizo que votaran personas a ese gremio y además a muchos les facilitó varias boletas para sumar votos a su favor.

Advirtieron que no permitirán que Emperatriz Basilio se salga con la suya y que promoverán los recursos legales que se requieran para que pague por los daños que ha ocasionado a los Bienes Comunales de Zumpango, y añadieron que siempre se ha caracterizado por ser una mujer conflictiva y que se ampara en in fluencias para cometer abusos.

En Costa Grande hay inconformidad por alto cobro del servicio de la CFE

Edgar de Jesús Espinoza/IRZA

Atoyac de Álvarez, Gro., agosto del 2011(IRZA).- Personas de escasos recursos económicos se quejan de los altos costos en el recibo de energía eléctrica por parte de la paraestatal, en donde los altos cobros oscilan de los cinco mil, hasta 800 pesos, en las localidades que conforman la región de la Costa Grande de Guerrero.

Organizaciones civiles, en compañía de autoridades comisariales y líderes, realizaran una manifestación en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de solicitar audiencia con el mandatario estatal Ángel Aguirre Rivero para dar a conocer la problemática que se vive respecto al “cobro” injustificado en los recibos de luz.

Entrevistado en el primer cuadro de esta ciudad cafetalera, el dirigente del PRD de la colonia Buena Vista, Lucio Pano Roque, reconoció que en esta región de la Costa Grande de Guerrero, personas de escasos recursos económicos –principalmente campesinos- se han quejado de los altos costos en los recibos de energía eléctrica que han sido entregados a los hogares por parte de la para estatal, “hemos tenido conflicto con personal de la para estatal, porque hemos tenido la pelea por el alto cobro de los recibos a personas de bajos recursos económicos”.

El también líder de la colonia Buena Vista, reconoció que derivado de esta problemática originada por los “cobros injustificados” por la CFE, el 30 por ciento de las personas están colgadas, “porque se han incrementado los cobros de la energía eléctrica en los hogares”, debido a que son personas de escasos recursos económicos, “ya que no gastan la luz que se les indica en el cobro”.
Sin embargo los altos cobros en los recibos de la luz en los hogares de esta región costeña van de los cinco mil pesos, dos mil y 800 pesos, a las personas que no tienen, refrigerador, ni televisión.

Ante este problema, anunció que se está conformando un comité de gestoría social en toda la zona de las comunidades de Alcholoa, Plan de los Molinos, con la finalidad de hacer la petición al Jefe del Ejecutivo Estatal, Aguirre Rivero, en reprimenda a la alza de los cobros de la CFE, “y que se lleve a cabo una propuesta de una tarifa única, para las personas de escasos recursos económicos”.

Pano Roque, negó que hasta el momento se tenga un acercamiento con el gerente de la CFE, “pero nosotros estamos conformando una comisión para hacer este reclamo del problema de todo lo que es esa zona cafetalera, porque son gente campesina de bajos recursos económicos y abusan por el hecho de ser gente humilde, y no se saben defender, abusan de las personas”.

“Hay varias personas que estamos viendo y hemos recorrido zonas, donde hemos visto la misma situación y las personas siempre nos han tratado ese tema de los abusos de la comisión, cortes de luz, dejándolos oscuros, esa es la inconformidad de la mayoría de las personas”, criticó el Presidente de Enlace del PRD.
Pano Roque manifestó que con el reclamo generalizado de la población económicamente de bajos recursos, se está promoviendo “el cese” del pago del recibo de la energía eléctrica hasta que se llegue a una reunión con las autoridades competentes.

Asimismo, puntualizo, “vamos a realizar una manifestación en contra de la paraestatal con el apoyo de la ciudadanía, pero de antemano levantar un documento con los sellos de las autoridades y la firma de los líderes de representación y presentarlos al mandatario vea esa situación de cobros de las personas de bajos recursos”, citó.