Los
investigadores Ernesto Villanueva y Karla Valenzuela informan de la próxima
creación de una gran ONG para buscar la abrogación de la ley reglamentaria del
artículo 10 constitucional, por una nueva
México. D. F., abril de 2012. En el marco del reconocimiento recibido recientemente por Ernesto Villanueva y Karla Valenzuela como autores del libro “Seguridad, Armas de Fuego y Transparencia”, ambos expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM anunciaron la próxima creación, junto con varias agrupaciones, de un gran movimiento para luchar porque se abrogue la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, reglamentaria del Artículo 10 Constitucional por una nueva, “amigable, operativa y posible”.
“Es un derecho humano, no es una idea nuestra. Está previsto en el artículo 10 de la Constitución actual y lo estaba ya desde la Constitución de 1857. Es el derecho a la posesión y portación de armas para efectos de legítima defensa y seguridad, salvo aquellas prohibidas por la ley para uso exclusivo del Ejército”, explicó Ernesto Villanueva.
Agregó que el gran problema “es que hay una ley reglamentaria restrictiva, limitativa, que hace imposible poder ejercer este derecho. No hay en la ley mecanismos de educación, de adiestramiento, de conocimiento de las armas y, por tanto, se convierte en un derecho nugatorio”.
El Artículo 10 Constitucional reformado en su integridad mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1971, dice: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”.
El investigador afirma que el Artículo 10 establece el qué y la ley reglamentaria el cómo. Así, el cómo debe ser lo más fácil para lograr el propósito del Artículo 10, pero aquí se hace todo lo contrario. Incluso, “el artículo 5 de la Ley establece una cuestión inconstitucional, denominada la despistolización a través de campañas de intercambio de armas de fuego por despensas o algunos bienes para la gente”.
El libro “Seguridad, Armas de Fuego y Transparencia. Mito y realidad sobre el derecho de posesión y portación de armas de fuego en México”, es coautoría de Ernesto Villanueva y Karla Valenzuela, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la Editorial Jus.
Los autores recibieron un reconocimiento por varias agrupaciones entre las que se encuentran el Foro México Armado y la Federación Mexicana de Tiro y Caza, en el Campo de Tiro Las Mesas, ubicado en el Estado de México.
Ahí Karla Valenzuela expresó que durante la investigación encontraron que existen tres puntos importantes por resolver para lograr que exista un real cumplimiento de la ley y se pueda ejercer este derecho: 1) Difundir el artículo 10 Constitucional como derecho humano; 2) Remediar la falta de datos duros propiciada por un registro de armas de fuego mal diseñado, además de que no hay bibliografía sobre el derecho de uso y portación de las mismas, salvo dos libros publicados con anterioridad, y; 3) Promover una educación y cultura responsable del uso de las armas de fuego porque la mayoría de las personas tiene miedo propiciado por una ley mal diseñada.
El libro, coincidieron Villanueva y Valenzuela, pretende destruir mitos y con datos duros perfectamente comprobables, abonar en el derecho a la información que tenemos los ciudadanos mexicanos.
El delito común es la máxima preocupación de los mexicanos, no el crimen organizado como se cree, dijo Villanueva, ya que “de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional elaborada por el IIJ-UNAM, la principal preocupación, arriba del 70 por ciento, es sufrir robo con violencia y violación más que ser víctima de fuego cruzado por el crimen organizado o que pongan precio por tu cabeza”.
El otro aspecto importante, añadió el investigador, es que de acuerdo a datos obtenidos “a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, datos de la SEDENA señalan que de cada 300 armas sólo 1 es legal y 299 están al margen. De modo que las armas ya están en México”.
De ahí la necesidad de cambiar la ley reglamentaria y dar cabal cumplimiento al Artículo 10 Constitucional al permitir el registro y posesión de armas de fuego, porque hacerlo le daría mayor tranquilidad a los ciudadanos que son afectados por los delincuentes comunes, mientras que estos hoy son los menos interesados, puesto que no querrían se le dé seguimiento a su arma.
Además, el
arma que un ciudadano puede registrar es menor a 9mm, mientras que los
delincuentes usan de 9mm para arriba como son R15, AK47 o M16, que están
prohibidas.
Al ser cuestionados sobre la percepción ciudadana de que podría darse una anarquía y generar más violencia, Villanueva destacó que al realizar un estudio comparado sobre el nivel educativo de los Estados Unidos en 1950, contra el estado de la educación en México en 2011, es decir, 61 años después, en México tenemos más del 10 por ciento de nivel de educación que el Estados Unidos de 1950.
“En 1950 en los Estados Unidos había ya más de un millón y medio de licencias de portación de armas de fuego. En México en el 2011 hay 3 mil 62. En los Estados Unidos en 1950 con más de un millón de licencias de portación no hubo anarquía, no hubo violencia social”, argumentó.
Por esta razón, coincidieron los investigadores Villanueva y Valenzuela, “tenemos que abrogar toda la ley reglamentaria y crear una nueva que sea amigable para poder ejercer el artículo 10 constitucional. Al hablar de reglamentar significa desarrollar a detalle sin alterar o modificar la ley. Es decir, sin hacerla más chica ni más grande, sino hacerla amigable, hacerla operativa, hacerla posible”.
Y para lograrlo “vamos a crear una gran organización social, una asociación civil que luche por tener una incidencia en el Congreso para poder ayudar a aquellas personas que son víctimas del ejercicio agresivo de la autoridad y que pueda ayudar en la parte técnico jurídica en el caso de negativas de registro o portación de armas; para que se puedan llevar a cabo y elaborar proyectos de demandas de amparo. Eso nos ha faltado en México y estamos dispuestos a llevar a cabo esta actividad”, finalizaron.
No sin que antes Karla Valenzuela anunciara que habrá una segunda parte del libro. “Esta es sólo una introducción de cómo están las cosas en el país pero la segunda parte estará fundamentada con encuestas de 5 a 10 mil personas para generar estudios académicos” y tener datos aún más sólidos.
Por su parte Víctor Trejo, uno de los dos fabricantes mexicanos de armas en la actualidad, expresó que tras los sucesos de 1968 y 1971 el presidente Luis Echeverría prohibió la fabricación y venta de armas. Esto provocó no sólo que se haya generado un gran mercado negro, sino también “se nos haya truncado a los mexicanos la cultura del manejo responsable de las armas; por eso mucha gente no conoce de armas ni quiere saber de ellas”.
Al ser cuestionados sobre la percepción ciudadana de que podría darse una anarquía y generar más violencia, Villanueva destacó que al realizar un estudio comparado sobre el nivel educativo de los Estados Unidos en 1950, contra el estado de la educación en México en 2011, es decir, 61 años después, en México tenemos más del 10 por ciento de nivel de educación que el Estados Unidos de 1950.
“En 1950 en los Estados Unidos había ya más de un millón y medio de licencias de portación de armas de fuego. En México en el 2011 hay 3 mil 62. En los Estados Unidos en 1950 con más de un millón de licencias de portación no hubo anarquía, no hubo violencia social”, argumentó.
Por esta razón, coincidieron los investigadores Villanueva y Valenzuela, “tenemos que abrogar toda la ley reglamentaria y crear una nueva que sea amigable para poder ejercer el artículo 10 constitucional. Al hablar de reglamentar significa desarrollar a detalle sin alterar o modificar la ley. Es decir, sin hacerla más chica ni más grande, sino hacerla amigable, hacerla operativa, hacerla posible”.
Y para lograrlo “vamos a crear una gran organización social, una asociación civil que luche por tener una incidencia en el Congreso para poder ayudar a aquellas personas que son víctimas del ejercicio agresivo de la autoridad y que pueda ayudar en la parte técnico jurídica en el caso de negativas de registro o portación de armas; para que se puedan llevar a cabo y elaborar proyectos de demandas de amparo. Eso nos ha faltado en México y estamos dispuestos a llevar a cabo esta actividad”, finalizaron.
No sin que antes Karla Valenzuela anunciara que habrá una segunda parte del libro. “Esta es sólo una introducción de cómo están las cosas en el país pero la segunda parte estará fundamentada con encuestas de 5 a 10 mil personas para generar estudios académicos” y tener datos aún más sólidos.
Por su parte Víctor Trejo, uno de los dos fabricantes mexicanos de armas en la actualidad, expresó que tras los sucesos de 1968 y 1971 el presidente Luis Echeverría prohibió la fabricación y venta de armas. Esto provocó no sólo que se haya generado un gran mercado negro, sino también “se nos haya truncado a los mexicanos la cultura del manejo responsable de las armas; por eso mucha gente no conoce de armas ni quiere saber de ellas”.
